El Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis aseguró que perderá una plaza esencial para mantener la vigilancia permanente de ambas costas. Su personal pidió al Gobierno y a la Asamblea Legislativa evitar la suspensión del servicio.
El Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis (Sinamot), de la Universidad Nacional (UNA), anunció que dejará de prestar el servicio de análisis de amenazas de tsunami en tiempo real a partir del 1 de enero de 2027 si las autoridades mantienen los recortes presupuestarios que afectan su funcionamiento.
Mediante el oficio UNA-SINAMOT-OFIC-053-2026, divulgado este jueves 22 de octubre, el equipo del Sinamot informó que la universidad dejará de asignarle el próximo año una plaza que recibe anualmente desde 2018 para atender las alertas de tsunami. Según el personal del programa, esta decisión reducirá su capacidad operativa hasta un punto que le impedirá mantener la vigilancia permanente.
El documento indica que el rector de la UNA, Jorge Herrera, les comunicó verbalmente que la reducción de jornadas responde a la propuesta del Gobierno de mantener sin aumento el Fondo Especial para la Educación Superior Estatal (FEES) en 2027 y a los recortes que impulsa la Asamblea Legislativa como parte de la discusión del Presupuesto Nacional del próximo año (expediente 25.754).
El Sinamot explicó que actualmente trabaja con un equipo de entre tres y cuatro personas, pero la eliminación de la plaza dejaría únicamente a dos funcionarios durante 2027, uno con una jornada de tres cuartos de tiempo y otro con medio tiempo. En ese contexto, el mensaje destacó que el programa considera que esa cantidad de personal resulta insuficiente para atender las posibles amenazas de tsunami durante las 24 horas del día, los 365 días del año.
Manta utilizada el pasado 20 de octubre en la marcha que protagonizaron funcionarios, estudiantes de las universidades públicas y sindicatos en contra de los recortes a la educación. Foto: Facebook Sinamot
El comunicado lleva la firma del académico Manuel Alejandro Corrales González, del Departamento de Física de la UNA, en representación de la coordinadora del Sinamot, Silvia Chacón Barrantes. Los especialistas hicieron un llamado al Gobierno y a la Asamblea Legislativa para que adopten medidas que permitan conservar el servicio de alerta de tsunamis durante 2027.
Más de 900 eventos analizados desde 2014
El Sinamot funciona como Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Costa Rica desde abril de 2014 y participa en los sistemas de alerta del Pacífico y el Caribe que coordina la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la Unesco.
Durante sus 12 años de funcionamiento, el programa analizó más de 900 eventos con potencial de generar tsunamis en las costas costarricenses. De estos, ocho provocaron tsunamis que los instrumentos registraron en el país y tres requirieron medidas preventivas, como la suspensión de actividades acuáticas. Entre los episodios recientes destacaron el tsunami que provocó la erupción volcánica de Tonga en enero de 2022 y el que generó un terremoto frente a Kamchatka, Rusia, en julio de 2025.
El equipo también puntualizó que sus evaluaciones permitieron descartar amenazas en numerosas ocasiones y evitar evacuaciones o restricciones innecesarias en las comunidades costeras.
Uno de esos casos ocurrió el pasado 9 de octubre, cuando el Sinamot descartó una amenaza de tsunami para Costa Rica después de un terremoto de magnitud 7,7 en Panamá. El organismo emitió su evaluación antes de que el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico redujera las advertencias internacionales y posteriormente declarara finalizada la amenaza.
Además de analizar emergencias, el Sinamot trabaja con más de 70 comunidades costeras, elabora estudios de amenaza para distintas localidades y organiza entre tres y cinco simulacros de tsunami al año.
Según el equipo, la eliminación de la plaza comprometería la capacidad del programa para evaluar rápidamente los eventos sísmicos y determinar si representan una amenaza para el territorio nacional.
Recortes universitarios generan incertidumbre
El anuncio ocurre en medio de la controversia por los recortes al financiamiento de las universidades públicas que discute la Asamblea Legislativa como parte del proyecto de Presupuesto Nacional para 2027.
La Comisión de Asuntos Hacendarios aprobó una moción para reducir ₡8.048 millones de las transferencias previstas para las cinco universidades públicas y trasladar esos recursos al Ministerio de Educación Pública (MEP), con el propósito de atender obligaciones patronales con la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).
La reducción afecta recursos que el Gobierno y las universidades habían acordado trasladar al presupuesto de 2027. Sin embargo, la decisión todavía debe completar el trámite legislativo antes de convertirse en definitiva.
La incertidumbre presupuestaria también comenzó a afectar otros procesos universitarios. Este jueves, la Universidad Estatal a Distancia (UNED) anunció que esperará la definición del presupuesto para publicar los resultados de las solicitudes de becas socioeconómicas para 2027.
Por su parte, el Tecnológico de Costa Rica (TEC) aplazó hasta nuevo aviso la publicación de los resultados de admisión para el próximo año, mientras determina los recursos disponibles para recibir a sus nuevos estudiantes.