Nací en San José a mediados de la década de 1980. Por ende, nací en medio de una crisis económica de la cual, sin embargo, no tengo recuerdo, pues transcurrió durante mi primera infancia. Sé que se trató de la crisis económica más seria enfrentada por el país desde la fundación de la Segunda República en 1949. También sé que el país la resolvió echando mano de las siempre frágiles herramientas provistas por las democracias, de manera que se alcanzaron consensos entre las diversas fuerzas políticas del momento, las cuales, si bien estaban dominadas por el bipartidismo, ya para ese entonces daban cabida a otras denominaciones tras superarse un período de ingrata marginación de algunas agrupaciones (fundamentalmente de izquierda).
Como todo niño de los 90, crecí en un contexto en el que la educación cívica se consideraba vital. Mi mamá era educadora y cursé mi primaria en el sistema educativo público, donde mis dos maestras inculcaron en mí un sentido de amor patrio, pero crítico, distante, por consiguiente, de los perniciosos nacionalismos sectarios que con dureza azotaban otros puntos del orbe durante ese mismo período histórico.
En mi escuela josefina aprendí que Costa Rica se había consolidado, a partir de la década de 1950, como la democracia más sólida de América Latina; un país que había optado por la abolición del ejército para procurar, entre otras cosas, un robusto sistema de salud pública universal, una educación pública robusta y, en general, una pequeña nación que había conseguido vivir en paz y seguridad en medio de un vecindario tristemente ensangrentado por conflictos bélicos cimentados en la desigualdad social, las limitaciones a la participación política y la institucionalización de la discriminación en razón de la etnia o el estatus socioeconómico.
Bajo ese marco de enseñanzas enraizadas en el orgullo patrio, supe también que mi país había acogido a migrantes de la más variada índole: desde italianos que huían de la miseria del sur itálico de inicios del siglo XX; españoles famélicos luego de los duros años que siguieron a la Guerra Civil Española; chilenos, argentinos y uruguayos perseguidos por su filiación política durante las décadas de 1970 y 1980; colombianos aterrorizados por la interminable violencia; o, más recientemente, venezolanos víctimas del desmantelamiento de su sistema político y económico.
Años más tarde, y esta vez en las aulas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, tuve oportunidad de entender que esa democracia cuasidivina de la cual me habían hablado bienintencionadamente durante mi infancia era, en realidad, un sistema cuyo funcionamiento dependía en gran medida de reglas no escritas, o bien de normas que, pese a estar incorporadas en la Constitución o la ley, no tenían suficiente fuerza coactiva, de modo que su vigencia dependía de la buena fe en la conducción de las relaciones políticas por parte de sus destinatarios.
¡Vaya ironía para “mi yo” estudiante de Derecho! Entendí también que la democracia no se limitaba a cuestiones formales (como la celebración de elecciones cada cuatro años), sino que requería de un componente material asociado al respeto real de los valores constitucionales. No bastaba la consagración abstracta de la seguridad social universal o del derecho a un ambiente sano en unos preceptos jurídicos, sino que se requería un compromiso sustancial con aquellos mandatos (administración responsable de las finanzas asociadas a la seguridad social, prácticas ambientales sostenibles, etc.).
Cuatro décadas han pasado desde aquella crisis económica mencionada líneas atrás. Hoy día, la crisis adquiere un cariz más complejo. A los ojos de un observador externo, Costa Rica exhibe todavía indicadores de primer mundo: nuestro proceso electoral prístino se codea con el de las democracias escandinavas; la expectativa de vida de nuestra población supera a la de algunos países del norte global; nos seguimos beneficiando de nuestras condiciones geográficas y generamos así energía mayoritariamente limpia; somos un destino turístico apetecido, entre otros. Sin embargo, sabemos internamente que nos aquejan problemas agudos: la desigualdad social, antes reservada a otras naciones vecinas, es ahora marca distintiva y, como bien lo sugiere la evidencia científica, existe una correlación entre inequidad y creciente criminalidad.
En este escenario (que, por lo demás, se inscribe en un contexto global convulso) aparece otro problema: el cumplimiento voluntario de las reglas que sostienen la democracia parece resquebrajarse; el respeto por la disidencia de pensamiento se castiga; la negociación política —otrora imprescindible para sortear la inevitable conflictividad social— está seriamente enferma; la educación pública ostenta un deterioro incuestionable.
Y es así como, a poco de conmemorar el trigésimo aniversario de mi graduación de la escuela, compruebo —con notable dolor— que quien me enseñó en aquel recinto valiosas nociones de educación cívica (¡sí, una de mis maestras!) abraza ahora un sentido de participación política que ignora que la democracia es, ante todo, un modelo que privilegia el diálogo respetuoso, la confrontación basada en argumentación rigurosa y la transacción como método para alcanzar acuerdos; que opta por el camino largo (el de los controles legislativos al quehacer ejecutivo, el del control judicial de las leyes, entre otros), pero que está en mejores condiciones de corregir los yerros.
La transformación de la visión sociopolítica de la persona que me enseñó sobre educación cívica podría ser un triste espejo de lo que le ocurre al tejido social costarricense. Ojalá no sea así.