Resido en Costa Rica desde el 8 de agosto de 1995 y actualmente soy residente legal, titular de un DIMEX. Después de más de treinta años en este país, considero que una reforma fiscal tan importante como el proyecto de ley n.° 25.796 merece un análisis profundo de sus consecuencias fiscales y económicas.
El proyecto propone gravar con un 15 % determinadas rentas pasivas de fuente extranjera percibidas por residentes fiscales de Costa Rica. El problema adquiere especial importancia cuando ya se ha pagado un impuesto en el extranjero.
Según el mecanismo propuesto, el impuesto análogo pagado en el extranjero se deduciría de la base imponible, en lugar de acreditarse directamente contra el impuesto costarricense. Tomemos un ejemplo: un residente recibe $100.000 de rentas del exterior y ya se le han retenido $25.000 en el extranjero. Costa Rica calcularía entonces el 15 % sobre los $75.000 restantes, es decir, $11.250 adicionales. La carga tributaria total alcanzaría así $36.250 sobre $100.000 de ingresos. Sería importante considerar, en cambio, un verdadero crédito por el impuesto comparable ya pagado en el extranjero.
Una segunda cuestión se refiere a las ganancias y pérdidas de capital. Por ejemplo, un residente invierte $100.000 en un activo en el extranjero y posteriormente lo vende por $30.000, realizando una pérdida de $70.000. Según el proyecto, esa pérdida de fuente extranjera no sería reconocida. Sin embargo, si otra inversión en el extranjero genera una ganancia de capital, dicha ganancia podría quedar sujeta a impuestos en Costa Rica. Gravar las ganancias sin reconocer las pérdidas correspondientes crea una asimetría importante.
También debemos pensar en todos los residentes fiscales de Costa Rica, sean ciudadanos costarricenses o residentes extranjeros, que organizaron su patrimonio mucho antes de esta reforma. Algunos constituyeron durante su vida laboral ahorros personales o inversiones en el extranjero destinados a financiar su jubilación. Estos ahorros no constituyen necesariamente un fondo de pensiones en sentido jurídico, pero pueden representar su principal fuente de ingresos durante la jubilación. Estas personas pudieron haber organizado su futuro financiero conforme a las reglas fiscales vigentes durante muchos años.
Cambiar ahora las reglas fiscales aplicables a estos ingresos, sin disposiciones transitorias suficientemente claras, puede modificar considerablemente las condiciones sobre las cuales algunas personas tomaron sus decisiones financieras y eligieron su residencia. Para algunas, un aumento importante de su carga tributaria podría incluso llevarlas a reconsiderar su residencia fiscal y establecerse en otro país. Costa Rica podría entonces perder no solamente a esos residentes, sino también los gastos que realizan cada año dentro de la economía local.
Además, estos ingresos del exterior no necesariamente permanecen fuera del país. Pueden gastarse en Costa Rica en vivienda, alimentación, servicios, comercios, mantenimiento y empleo local.
La pregunta es entonces sencilla: ¿cuánto recaudará realmente esta reforma para el Estado y cuáles podrían ser sus consecuencias sobre la inversión, la residencia y el gasto realizado en Costa Rica?
Antes de modificar un principio fiscal que contribuye al atractivo del país, sería prudente comparar los ingresos tributarios esperados con sus posibles consecuencias económicas.
Después de más de treinta años de residencia en Costa Rica, mi deseo es que el país siga siendo atractivo para quienes eligen vivir, invertir y gastar sus ingresos aquí.