El proyecto busca ampliar el gravamen de las rentas pasivas de fuente extranjera para que alcance, por razón de residencia, a personas físicas, jurídicas, fideicomisos, fondos y otras estructuras residentes en Costa Rica sin exigir que pertenezcan a un grupo multinacional o carezcan de sustancia económica, gravando rentas como intereses, dividendos, regalías, alquileres y ganancias de capital obtenidas de activos en el exterior, y simultáneamente eliminar el crédito fiscal otorgado a los emisores de valores de oferta pública temáticos; aunque pretende evitar la doble imposición, el articulado propone descontar el impuesto extranjero de la renta bruta antes de calcular el impuesto costarricense, en lugar de acreditarlo directamente contra el impuesto nacional por pagar.