Históricamente, en Costa Rica hemos atravesado situaciones que nos han obligado a meditar sobre el país que somos y sobre aquel que aspiramos a ser.
Hoy, esta reflexión es más necesaria que nunca. Los desafíos del país no se limitan a la disponibilidad de recursos o al comportamiento de los indicadores económicos; también nos conducen a hacernos una pregunta fundamental: ¿tenemos todavía la sensibilidad colectiva que por décadas distinguió nuestro modelo de desarrollo?
Vivimos tiempos en los que los resultados económicos y la disciplina fiscal son el centro de la discusión pública. Estos son, sin duda, elementos importantes para la estabilidad de una nación. Sin embargo, su valor debe medirse también por su impacto en la vida cotidiana, en aquellas familias que enfrentan dificultades para llevar alimentos a su mesa, en quienes esperan atención médica, en los jóvenes que aspiran a una educación de calidad y en aquellos que encuentran en una acera su único refugio posible.
Entonces debemos preguntarnos: ¿cómo mantener el balance entre la responsabilidad económica y las causas sociales que han formado parte de nuestra identidad?
El Estado social de derecho costarricense no es una fantasía ni un recuerdo de épocas pasadas. Es un logro que exige análisis constante, voluntad política, compromiso y responsabilidad de todos y todas.
Las decisiones presupuestarias y administrativas, así como las relaciones comerciales, cualquiera que sea el gobierno que las adopte, tienen consecuencias puntuales. Por eso, el éxito de la gestión pública no debería medirse únicamente por sus recortes, ahorros o resultados financieros, sino también por la capacidad de proteger a quienes dependen de los servicios públicos para vivir con dignidad.
Nuestro sector agropecuario representa un ejemplo de este desafío. Cuando nuestros productores enfrentan mayores costos, dificultades para competir y márgenes de ganancia cada vez menores, el problema supera sus tierras y negocios. La apertura comercial y los tratados internacionales pueden ofrecer oportunidades, pero requieren políticas que permitan al productor local adaptarse y competir en condiciones justas. La soberanía alimentaria, el empleo rural y las tradiciones que forman parte de nuestra idiosincrasia también merecen un lugar en las decisiones financieras.
No es suficiente con abrir mercados; es indispensable procurar que los beneficios del desarrollo alcancen a quienes contribuyen a sostenerlos.
Una situación semejante corresponde a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), institución que va más allá de una estructura administrativa o una partida presupuestaria. En la CCSS está depositada la esperanza de quien espera una cirugía, la tranquilidad de una familia ante una emergencia y la oportunidad de recibir atención médica sin que la enfermedad represente una condena económica. La eficiencia institucional es necesaria, sin duda alguna, pero debe estar acompañada del financiamiento correspondiente, la transparencia y el cumplimiento de las obligaciones del Estado. La sostenibilidad económica y el derecho a la salud no deberían plantearse como objetivos opuestos, sino como responsabilidades inseparables.
También debemos reconocer la importancia de la Cruz Roja Costarricense. Ante las emergencias, la ciudadanía cuenta con una respuesta oportuna y no piensa en los costos operativos que conlleva cada acción. Detrás de una ambulancia hay personal, voluntarios, equipos y recursos indispensables. Garantizar su capacidad de respuesta no es solamente una decisión administrativa: es una forma efectiva de proteger la vida. La solidaridad debe aparecer tanto en situaciones de tragedia como en las decisiones que previenen sus consecuencias.
La misma responsabilidad nos llama cuando hablamos de la niñez. Los Cen-Cinai ejercen una función esencial en la nutrición, la estimulación temprana y la atención de niños y niñas que viven en condiciones de vulnerabilidad. Durante los primeros años de vida se construyen oportunidades que pueden marcar su futuro. Es por esto que cualquier decisión que afecte la cobertura o la calidad de estos servicios requiere una valoración minuciosa. El progreso pierde sentido cuando no alcanza a quienes más necesitan apoyo para comenzar la vida en condiciones dignas.
A estas preocupaciones se suma la realidad de las personas en situación de calle. Con facilidad, pueden convertirse en parte del paisaje urbano, como si su sufrimiento fuera inevitable o no nos correspondiera. Sin embargo, detrás de cada una de ellas existen situaciones que demandan respuestas integrales, como la atención oportuna de la salud mental, el tratamiento de las adicciones, el acceso a la vivienda y las oportunidades de reinserción social. La dignidad humana permanece siempre y no desaparece por la pobreza, la exclusión ni las decisiones que una persona haya tomado a lo largo de su vida.
Del mismo modo, la educación superior pública sigue siendo una de las principales vías de movilidad social del país. Para muchos jóvenes de zonas rurales y familias con recursos limitados, acceder a una universidad pública significa ampliar las oportunidades que, de otra forma, podrían mantenerse cerradas. Su financiamiento debe discutirse con responsabilidad, transparencia y visión de futuro, reconociendo que invertir en educación también es invertir en productividad, equidad y desarrollo.
Evaluar las distintas administraciones públicas no debería ser un ejercicio de fanatismo. Podría ser una oportunidad para evaluar prioridades, contrastar promesas con resultados y preguntarnos qué país estamos construyendo con nuestras decisiones. Gobernar demanda administrar los recursos con responsabilidad, pero también es necesario entender que detrás de cada cifra existen personas, familias y proyectos de vida.
Quizá el mayor riesgo de una sociedad no sea pasar por dificultades económicas, sino acostumbrarse a normalizar el sufrimiento del prójimo. Que la tensión de un agricultor, la espera de un paciente, las necesidades de un niño, el trabajo del socorrista o los anhelos de un estudiante dejen de conmovernos sería una señal de decadencia como nación mucho más profunda que cualquier indicador financiero.
Costa Rica reclama responsabilidad económica, instituciones fortalecidas y políticas públicas sostenibles.
El verdadero progreso no se enfoca únicamente en mejorar las cifras de un país, sino en garantizar que ese avance se refleje en oportunidades y dignidad para los ciudadanos.
Defender esa sensibilidad no es una postura partidaria; es defender genuinamente el alma auténtica de los costarricenses.