La bancada comunicó su exigencia al oficialismo mientras Pueblo Soberano rechazó mociones para eliminar cuatro restricciones presupuestarias al Poder Judicial.
La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) anunció este viernes que su permanencia en la mesa de negociación sobre el proyecto de apertura del mercado eléctrico dependerá de que el Gobierno restituya los recursos destinados a las universidades públicas, cuyo financiamiento se encuentra bajo discusión en la Asamblea Legislativa debido a una serie de modificaciones presupuestarias promovidas por el oficialismo.
Mediante un comunicado de prensa, la bancada verdiblanca informó que la condición ya fue comunicada formalmente al jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta Jaén. La agrupación sostuvo que su participación en las conversaciones sobre el futuro del sector eléctrico está supeditada a que el Ejecutivo atienda las preocupaciones expresadas por las autoridades universitarias.
"Nuestra continuación en ese proceso de diálogo depende de que el Gobierno resuelva un tema fundamental para Costa Rica, y es devolverles a las universidades el dinero para que puedan continuar sus operaciones", señaló el PLN.
El pronunciamiento surgió después de que los rectores de las cinco universidades públicas advirtieran el jueves sobre las consecuencias de cuatro mociones presupuestarias que, según sus estimaciones, comprometen cerca de ₡26.000 millones en recursos correspondientes a 2026 y 2027. Las autoridades académicas señalaron que las propuestas pondrían en riesgo operaciones regionales, proyectos de infraestructura y oportunidades de ingreso para nuevos estudiantes.
En el caso del presupuesto ordinario de 2027, expediente 25.754, dos mociones oficialistas proponen retirar ₡16.966,3 millones en transferencias previstas para las universidades públicas. De ese monto, ₡8.918,1 millones corresponden a recursos para gastos de operación y ₡8.048,1 millones a fondos postergados del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) de 2026. Ambas iniciativas plantean redirigir esos recursos a contribuciones patronales destinadas a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema), por lo que se trata de una modificación en el destino del dinero y no de una eliminación de esas sumas del presupuesto nacional.
A esas propuestas se suman las modificaciones incluidas en el segundo presupuesto extraordinario de 2026, expediente 25.803. Entre las afectaciones denunciadas figura una reducción de ₡492,9 millones para el Tecnológico de Costa Rica (TEC), que advirtió sobre el riesgo de cierre técnico de su Centro Académico de Limón ante la falta de recursos para sostener sus operaciones.
El PLN también señaló las consecuencias advertidas por las otras universidades. La Universidad de Costa Rica (UCR) alertó sobre afectaciones en el Recinto de Paraíso; la Universidad Nacional (UNA) indicó que tendría que suspender la apertura de 417 nuevos cupos en carreras de ingeniería en distintas regiones; y la Universidad Estatal a Distancia (UNED) advirtió que necesita los recursos previstos para concluir 2026 y que, sin el financiamiento correspondiente al año siguiente, no podría admitir nuevos estudiantes.
Oficialismo rechaza eliminar restricciones al Poder Judicial
La posición del PLN coincidió con otra disputa presupuestaria desarrollada este viernes en la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde los diputados del Partido Pueblo Soberano rechazaron las mociones presentadas por la legisladora liberacionista Ángela Aguilar Vargas para eliminar las normas de ejecución presupuestaria 9, 10, 11 y 12 del proyecto de presupuesto nacional para 2027.
La primera de estas disposiciones, la norma 9, mantendría bloqueados ₡29.843,8 millones asignados al Poder Judicial hasta que la institución complete una serie de requisitos relacionados con auditorías, infraestructura y ejecución presupuestaria. El procedimiento previsto involucra a la Contraloría General de la República, la Comisión Legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público, el Plenario Legislativo y el Ministerio de Hacienda.
La moción para eliminar esa norma fue rechazada por seis votos del oficialismo frente a cinco de la oposición. Los legisladores del PLN y del Frente Amplio apoyaron la eliminación de la restricción, mientras que los representantes de Pueblo Soberano votaron en contra.
La norma 10 establecería restricciones adicionales a la administración del presupuesto judicial, pues impediría trasladar recursos entre determinadas subpartidas mediante los procedimientos ordinarios y obligaría a tramitar esos movimientos mediante presupuestos extraordinarios aprobados por la Asamblea Legislativa.
Por su parte, la norma 11 condicionaría el pago de compensaciones por labores administrativas a las personas que ejercen la judicatura. Para autorizar esos pagos, el Poder Judicial tendría que completar un análisis de costo-beneficio y superar un procedimiento de revisión y aprobación que incluye a la Contraloría y a órganos legislativos.
Finalmente, la norma 12 limitaría la utilización de plazas vacantes mediante nuevos requisitos técnicos y de aprobación. El Poder Judicial advirtió que las restricciones alcanzarían a 2.463 plazas vacantes ocupadas actualmente por personal interino, con posibles consecuencias para la continuidad de los servicios judiciales, la investigación criminal y la atención a las personas usuarias.
Durante la primera sesión de la Comisión de Hacendarios de este viernes por la mañana, el oficialismo también rechazó las mociones dirigidas a suprimir las normas 10, 11 y 12. En total, se presentaron 137 mociones al presupuesto ordinario de 2027, de las cuales 25 corresponden a la fracción liberacionista.
Luego de que sus mociones fueron rechazadas, Aguilar anunció que impulsará una consulta de constitucionalidad por las presuntas violaciones jurídicas que, a su criterio, contienen esas disposiciones.
El Poder Judicial había solicitado eliminar las cuatro disposiciones al considerar que comprometen su independencia y su capacidad para administrar los recursos necesarios para garantizar la continuidad de los servicios. El proyecto original del Ejecutivo también contempla una reducción presupuestaria de aproximadamente ₡10.552 millones para la institución en comparación con 2026, independiente del bloqueo de casi ₡30.000 millones.
El oficialismo, por su parte, había anticipado su oposición a las mociones de la bancada liberacionista. Acosta sostuvo previamente que su fracción priorizaría las asignaciones presupuestarias definidas por los ministerios y que no acompañaría propuestas de la oposición con las que no estuviera de acuerdo.
La Comisión de Asuntos Hacendarios tiene como fecha límite el 20 de octubre para concluir la votación del presupuesto ordinario de 2027 y el 25 de octubre para emitir su dictamen. Este viernes inició el trámite de las mociones de fondo que fueron presentadas.
Posteriormente, el proyecto deberá pasar al Plenario Legislativo, donde tendrá que superar los debates correspondientes antes de que finalice noviembre.