Hay pueblos que pierden la memoria antes que la libertad. No porque un buen día despierten despojados de su historia, sino porque el desencanto les va enseñando a despreciarla.
Primero llegan las promesas incumplidas. Después, la frustración. Más tarde, esa fatiga moral que convierte cualquier explicación sencilla en una verdad reconfortante. Y finalmente aparece la tentación de creer que todo cuanto nos precedió fue un error y que la historia debe comenzar nuevamente, preferiblemente con alguien dispuesto a escribirla de su puño y letra.
La paradoja es tan antigua como el poder mismo.
Montesquieu comprendió que la libertad no podía descansar sobre las virtudes personales de un gobernante. Los hombres pasan, sus temperamentos cambian y sus ambiciones encuentran siempre argumentos para justificarse. Por eso defendió una arquitectura institucional donde el poder encontrara límites en otro poder.
No era una invitación a la parálisis. Era una advertencia contra la arbitrariedad.
Costa Rica construyó buena parte de su identidad republicana alrededor de una aspiración semejante: que la autoridad estuviera sometida a reglas y que la convivencia no dependiera exclusivamente de la voluntad de quienes ocuparan transitoriamente el gobierno.
No fue una historia inmaculada. Hubo enfrentamientos, exclusiones, injusticias, errores y promesas traicionadas. Pero también hubo decisiones extraordinarias, instituciones duraderas y conquistas sociales que transformaron las condiciones de vida de generaciones enteras.
Desconocer cualquiera de esas dos realidades sería mutilar la historia.
El problema comienza cuando el legítimo desencanto ciudadano se transforma en una condena absoluta del pasado. Cuando la crítica deja de distinguir entre las deficiencias de un sistema y los principios que justifican su existencia. Cuando la memoria histórica es sustituida por un relato donde todo lo anterior representa decadencia y toda promesa de ruptura adquiere, por ese solo hecho, apariencia de redención.
Es en ese terreno donde debemos examinar críticamente el discurso político de Rodrigo Chaves y del movimiento que se identifica con su liderazgo.
Sus confrontaciones públicas con otros actores e instituciones han colocado nuevamente sobre la mesa una cuestión esencial: hasta dónde puede llegar la disputa política sin deteriorar la confianza ciudadana en los mecanismos de control democrático.
La respuesta no puede consistir en prohibir la confrontación. Una democracia necesita disenso, crítica y hasta irreverencia. Tampoco puede consistir en convertir toda propuesta de transformación institucional en una amenaza.
La pregunta es otra: ¿qué sucede cuando el relato político necesita presentar las instituciones como obstáculos permanentes para sostener su promesa de cambio?
Ahí la filosofía de Montesquieu vuelve a resultar incómodamente contemporánea.
Porque la separación de poderes no fue concebida para proteger a los políticos de las críticas. Fue concebida para proteger a los ciudadanos de la concentración de autoridad.
Y una ciudadanía que olvida esa diferencia puede terminar confundiendo el control institucional con sabotaje, la independencia con insubordinación y la prudencia democrática con cobardía.
Pero sería intelectualmente deshonesto responsabilizar únicamente a quienes gobiernan.
También existe una responsabilidad ciudadana.
La democracia exige algo más que indignarse, votar y esperar resultados. Exige conocer la historia, contrastar afirmaciones, examinar argumentos y resistir la comodidad de las certezas absolutas.
No podemos exigir gobiernos responsables mientras renunciamos a nuestra propia responsabilidad de comprender el país que habitamos.
Tampoco podemos defender la memoria histórica convirtiéndola en un museo de intocables. Los protagonistas de la Segunda República merecen estudio, no canonización. Sus decisiones deben ser examinadas con rigor, sus errores reconocidos y sus contribuciones comprendidas en su contexto.
Esa es precisamente la diferencia entre la memoria y la propaganda: la primera admite contradicciones; la segunda necesita eliminarlas.
Y quizá esa sea una de las grandes disputas de nuestro tiempo.
No simplemente la confrontación entre un presidente y sus adversarios ni entre quienes defienden una tradición política y quienes reclaman su transformación.
Es una disputa sobre nuestra capacidad de distinguir la historia del relato, la crítica de la demolición y la esperanza de la obediencia.
Costa Rica no necesita convencerse de que todo su pasado fue glorioso. Tampoco necesita aceptar que todo fue miserable para imaginar un futuro mejor.
Necesita recuperar la serenidad intelectual de reconocer ambas cosas.
Porque una sociedad puede corregir sus instituciones sin despreciarlas, renovar sus liderazgos sin entregarles su conciencia y exigir transformaciones profundas sin renunciar a los principios que sostienen su libertad.
Montesquieu nos enseñó a desconfiar del poder sin necesidad de odiar al gobernante.
Nuestra historia debería enseñarnos a desconfiar de los relatos que pretenden explicarlo todo sin necesidad de despreciar a nuestro propio pueblo.
La memoria no es una cadena que nos ata al pasado. Es la conciencia que nos permite decidir qué merece permanecer y qué debemos transformar.
Y quizá la forma más profunda de defender una república no sea proclamar incesantemente su grandeza, sino conservar la capacidad de reconocerla, cuestionarla y mejorarla sin entregarla a ninguna voluntad individual.
Porque el verdadero patrimonio de una democracia no es la gloria de sus gobernantes.
Es la libertad de un pueblo que no necesita arrodillarse ante ninguno.