Hay muertos que se van en un instante. Otros empiezan a morirse mucho antes, mientras sus familias aprenden a reconocer el sonido de una llamada telefónica, a medir las palabras y a vivir con un miedo que nunca termina de decir su nombre.
Hace casi un año murió mi hermano Miguel.
Todavía me cuesta escribir esa frase sin sentir que estoy mintiéndome. Como si poner su nombre junto a la palabra “murió” fuera una manera de aceptar algo que, en algún rincón de la cabeza, sigo considerando irreal.
Miguel ya no está.
El mundo, en cambio, continúa con una puntualidad dura: amanece, todos a trabajar, los políticos hablan, las noticias anuncian nuevas cifras de homicidios, nuevos recortes, pleitos en el plenario, etc.
La vida es terca y continúa, incluso cuando uno quisiera pedirle que se detenga un momento.
Miguel fue mi hermano, pero también fue una historia que me obligó a comprender cosas que antes podía observar desde cierta distancia. Su lucha contra las adicciones me marcó. Marcó la manera en que lo miraba, la forma en que me relacionaba con él y hasta las cosas que aprendí a callar. Porque querer a una persona que lucha contra una adicción es descubrir que el amor, por sí solo, no siempre alcanza para rescatar a nadie. Muchas veces, la vehemencia con la que intentamos ayudar termina alejando a esa persona.
Uno quiere ayudar. Quiere encontrar las palabras correctas, tomar las decisiones adecuadas, conseguir que las cosas vuelvan a ser como antes. A veces desespera, enoja y distancia. A veces confunde la enfermedad con una decisión, la recaída con una derrota definitiva y el silencio con indiferencia. Y después comprende que, detrás de muchas de esas escenas, hay una batalla que no siempre se sabe cómo nombrar ni cómo acompañar.
No voy a convertir a Miguel en un santo porque haya muerto. Tampoco voy a reducir su vida a la adicción con la que luchó. Sería injusto hacerle lo que tantas veces hace la sociedad con las personas que atraviesan esa realidad: borrar todo lo demás y dejar únicamente una etiqueta.
Miguel fue mucho más que sus momentos difíciles. Fue mi hermano, fue hijo y fue padre. Lo sigue siendo: esas condiciones no desaparecieron cuando su vida se volvió más complicada, ni deberían desaparecer de la memoria de nadie por la manera en que terminó.
Sin embargo, la muerte no solo es cruel: también obliga a quienes se quedan a revisar las cosas que hicieron, las que no hicieron y aquellas que nunca supieron cómo hacer. Uno vuelve sobre conversaciones antiguas buscando una señal, una explicación o una oportunidad perdida. Se pregunta si pudo haber sido distinto. Y aunque no siempre encuentra respuestas, termina encontrando una certeza: ninguna familia debería tener que enfrentar una situación así sintiéndose abandonada, juzgada y sola.
Fue a través de Miguel que intenté comprender, de una manera dolorosa y profundamente personal, que las adicciones no son únicamente un asunto individual. También hablan de la sociedad que construimos, de las instituciones que sostenemos y de las vidas que consideramos dignas de recibir ayuda.
Y ahí es donde el duelo deja de ser solamente mío.
La necropolítica tiene rostro, familia y expediente
El filósofo camerunés Achille Mbembe desarrolló el concepto de necropolítica para explicar cómo el poder decide, de distintas maneras, quién puede vivir y quién queda expuesto a la muerte. No se trata únicamente de matar de forma directa. También se trata de organizar las condiciones sociales, económicas y políticas en las que determinadas personas tienen menos posibilidades de sobrevivir.
A veces pensamos que ese poder se manifiesta únicamente en lugares militarizados, escenarios de posguerra o democracias fallidas, pero creo que también puede reconocerse en sociedades que aceptan, casi con naturalidad, que ciertos grupos humanos vivan rodeados de riesgos, sin acceso suficiente a cuidados, sin oportunidades reales de recuperación y sin que su sufrimiento necesite una respuesta pública proporcional.
La necropolítica no siempre necesita una orden de ejecución. En ocasiones le basta con la indiferencia.
En Costa Rica, una persona con una adicción puede empezar a perder sus derechos mucho antes de morir. No necesariamente porque una ley se los quite expresamente, sino porque alrededor de ella se levanta una frontera moral y social. De un lado están quienes merecen comprensión, tratamiento y segundas oportunidades. Del otro, quienes al parecer se buscaron sus problemas, quienes no tienen fuerza de voluntad, quienes representan una molestia para el vecindario y una vergüenza para su propia familia.
Esa diferencia parece pequeña hasta que se convierte en una política pública, en una atención que no llega, en una puerta que se cierra o en un servicio insuficiente para alguien que necesita ayuda de manera urgente.
Las personas con adicciones siguen siendo personas, ciudadanas antes y después de su adicción. Tienen derechos, dignidad, historia, vínculos afectivos y posibilidades de recuperación. Sin embargo, muchas veces se les trata como si hubieran firmado una renuncia voluntaria a todo eso. Como si consumir una sustancia significara dejar de merecer atención médica, seguridad, oportunidades y compasión.
La muerte se vuelve una especie de castigo que nadie admite haber impuesto.
No afirmo que las decisiones individuales no importen. Importan, y mucho. Tampoco pretendo negar el daño que las adicciones pueden causar a quienes las padecen y a quienes los rodean. Lo que cuestiono es esa facilidad con la que confundimos responsabilidad con abandono y prevención con sermones más secos que comer pejibaye en un desierto.
Una sociedad no puede declararse defensora de la vida y de los derechos humanos mientras reserva su compasión para quienes considera que han vivido correctamente.
Miguel me enseñó, sin proponérselo, que detrás de una adicción existe una persona cuya dignidad no debería depender de su capacidad para recuperarse a tiempo, de su comportamiento durante una recaída ni de la paciencia que los demás estén dispuestos a concederle.
El narco no comienza con el disparo
Costa Rica lleva años enfrentando una violencia que ya no puede explicarse como una sucesión de hechos aislados. Los homicidios, las disputas territoriales y el crecimiento de las economías criminales han dejado de ser noticias lejanas para convertirse en una preocupación cotidiana. Incluso nuestra Presidencia ha normalizado esa violencia. Hay comunidades que aprenden a vivir con el miedo y familias que conocen demasiado pronto el significado de una llamada que llega a deshoras.
Ante esta realidad, los gobiernos suelen responder con discursos de mano dura, promesas de seguridad, operativos policiales y anuncios que buscan transmitir control. La seguridad importa. El Estado tiene la obligación de proteger a la población, combatir las organizaciones criminales y evitar que el narcotráfico se apodere de la vida de las personas.
Pero hay una pregunta que merece más atención de la que recibe: ¿qué estamos haciendo para reducir el consumo problemático de drogas y evitar que las personas entren en esa dinámica?
El narcotráfico tiene una dimensión armada, una financiera y una territorial. También tiene una dimensión humana que empieza mucho antes de que aparezca un arma de fuego.
Existe una demanda que sostiene el negocio. Existen personas que consumen, algunas de manera ocasional y otras atrapadas en una dependencia que deteriora su salud, sus relaciones y sus posibilidades de vivir con estabilidad. Existen adolescentes que pueden acercarse a las drogas en contextos de vulnerabilidad, violencia, exclusión o falta de acompañamiento. Y existen familias que no saben dónde acudir cuando descubren que alguien a quien aman necesita ayuda.
Si únicamente intervenimos cuando aparece el homicidio, llegamos tarde. Si esperamos a que una adicción se convierta en una emergencia, llegamos tarde. Si la primera respuesta institucional es castigar, expulsar o estigmatizar, podemos terminar empujando a las personas todavía más lejos de los espacios en los que podrían recibir atención.
Por eso considero insuficiente una estrategia contra el narcotráfico que privilegie la persecución de sus manifestaciones más visibles y no coloque la prevención, el tratamiento y la recuperación en un lugar central.
No basta con decomisar drogas si no construimos mejores condiciones para que las personas no necesiten consumirlas, no desarrollen una dependencia o puedan recibir ayuda cuando ya la tienen. No basta con detener a quienes venden si el mercado encuentra constantemente a sus consumidores. No basta con prometer seguridad si seguimos tratando la salud mental, la prevención comunitaria y la atención de las adicciones como asuntos secundarios.
El problema es que la demanda no desaparece por decreto. Y cuando no existen suficientes respuestas sanitarias y sociales, el negocio ilegal continúa encontrando personas a quienes convertir en clientes habituales, mientras la violencia se encarga de administrar sus disputas.
Combatir el narcotráfico exige perseguir a quienes se enriquecen con la violencia y la explotación. Pero también exige impedir que el consumo problemático siga alimentando una maquinaria que se beneficia de la vulnerabilidad humana.
Son dos dimensiones distintas de un mismo problema. Confundirlas es un error; ignorar cualquiera de ellas también lo es.
Chaves, Laura y la política de llegar después de la tragedia
Desde mi perspectiva, ni el gobierno de Rodrigo Chaves ni el gobierno de Laura Fernández han colocado el consumo problemático de drogas en el centro de una respuesta pública suficientemente ambiciosa, sostenida y visible.
Esta es una valoración política que debe discutirse a partir de los resultados, los presupuestos, la cobertura de los servicios y la capacidad real de las instituciones. No significa que no hayan existido acciones, programas o intervenciones en materia de seguridad y prevención. Significa que, a mi juicio, esas acciones no han constituido una respuesta integral a la dimensión sanitaria y social del problema ni han transmitido la urgencia que merece. Me preocupa aún más la desfinanciación que se anuncia para el IAFA.
Costa Rica necesita algo más que declaraciones contra el crimen organizado. Necesita una política nacional de prevención y rescate frente al consumo que comience desde edades tempranas, servicios accesibles de salud mental, tratamiento para las personas con dependencia, acompañamiento a sus familias y oportunidades concretas para reconstruir una vida después de la adicción.
Necesita coordinación entre los centros educativos, los servicios de salud, las comunidades, los gobiernos locales y las instituciones responsables de atender a las personas en situación de vulnerabilidad. Necesita evaluar su funcionamiento, invertir donde los resultados lo justifiquen y garantizar que pedir ayuda no se convierta en una carrera de obstáculos.
Necesita entender que la prevención no produce fotografías tan espectaculares como un operativo policial, pero puede evitar tragedias que ningún operativo posterior podrá reparar.
No se trata de contraponer seguridad y salud. Se trata de comprender que ambas son necesarias.
Cuando una persona muere en una disputa vinculada al narcotráfico, perdemos una vida y dejamos una familia con una ausencia. Cuando una persona desarrolla una adicción y no encuentra atención oportuna, también se deterioran una vida y una familia, aunque el desenlace no aparezca en la portada de un periódico. Cuando un adolescente comienza a consumir y nadie logra ofrecerle alternativas, acompañamiento o tratamiento, estamos ante una oportunidad de intervención que no deberíamos desperdiciar.
El Estado no puede evitar que las personas tomen malas decisiones. No puede prometer que toda persona se recuperará. Pero sí tiene la obligación de crear condiciones para prevenir el daño y acompañar a quienes lo sufren, facilitar el acceso a los servicios y evitar que la pobreza, el estigma o la falta de recursos conviertan una dificultad en una sentencia.
En eso es en lo que más pienso: en una respuesta que mire a las personas antes de que se conviertan en estadísticas.
Porque hay una diferencia entre gobernar para anunciar que se combate la inseguridad y gobernar para reducir las condiciones que permiten que la violencia se reproduzca.
La primera estrategia puede producir titulares. La segunda exige tiempo, inversión, evaluación y una convicción política menos espectacular: que incluso quienes están atravesando los momentos más difíciles de sus vidas merecen que el Estado no se dé por vencido con ellos.
Los muertos que todavía no aparecen en las estadísticas
La maquinaria de la necropolítica crece cuando nos acostumbramos a aceptar que algunas vidas son prescindibles.
Crece cuando un homicidio se convierte en una cifra más del noticiero. Cuando una persona con una adicción deja de ser vista como alguien que necesita ayuda y pasa a ser considerada un problema del que hay que apartarse. Cuando una familia aprende a ocultar su sufrimiento por vergüenza. Cuando un adolescente empieza a recorrer un camino peligroso y la primera respuesta que recibe es el desprecio.
También crece cuando dejamos de preguntarnos por qué cada vez hay personas más jóvenes expuestas a estas dinámicas, por qué el mercado de las drogas encuentra nuevos consumidores y por qué tantas veces nuestra intervención ocurre cuando el daño ya está hecho.
No toda persona que consume terminará desarrollando una adicción. Ni toda persona con una adicción morirá. No toda muerte relacionada con las drogas responde a las mismas causas. Sería demasiado irresponsable simplificar una realidad tan compleja.
Pero precisamente porque es compleja, no podemos conformarnos con explicaciones fáciles.
Necesitamos datos, investigación, servicios de atención, prevención basada en evidencia y una política pública que no dependa de la voluntad ocasional de un gobierno. Necesitamos continuidad institucional, metas verificables y una discusión seria y humana sobre el consumo, sin confundir la reducción del daño con una invitación a consumir ni la atención sanitaria con la impunidad.
Y necesitamos dejar de esperar que las familias resuelvan solas una situación que puede superar sus recursos emocionales, económicos y materiales.
Pienso en las familias que todavía están luchando. En quienes acompañan a un hermano, a un hijo, a una pareja o a un amigo. En quienes han aprendido a celebrar pequeñas mejoras sin saber cuánto durarán. En quienes han experimentado el cansancio, la rabia, la esperanza y la culpa, a veces todo en una misma semana.
Pienso en quienes siguen esperando una llamada que les diga que hay un lugar disponible, que existe un tratamiento, que alguien puede ayudarles a encontrar el camino.
Y pienso en los jóvenes que todavía están esperando recibir esa ayuda.
Cada persona que no recibe atención cuando la necesita es una pregunta que la sociedad deja sin responder. Cada familia abandonada es una muestra de los límites de nuestra solidaridad. Cada muerte que aceptamos como inevitable nos obliga a revisar qué clase de país estamos construyendo.
La necropolítica no se mide solamente por la cantidad de personas que mueren. También se reconoce en las vidas que dejamos deteriorarse porque nos hemos convencido de que ya no hay nada que hacer.
Lo que me queda de Miguel
Casi un año después de su muerte, no tengo una conclusión que ordene todo lo que siento. Hay cosas que todavía duelen y cosas difíciles de explicar. Hay recuerdos que llegan sin pedir permiso y preguntas que probablemente nunca tendrán una respuesta definitiva.
Pero sí sé algo: no quiero que la historia de mi hermano se convierta en una explicación cómoda para quienes prefieren mirar hacia otro lado.
No quiero recordarlo únicamente desde la tristeza ni utilizar su muerte para fingir que conozco todas las respuestas sobre las adicciones. Quiero recordarlo desde su humanidad, desde lo que significó para mí y desde lo que su lucha me permitió comprender acerca de las personas que tantas veces juzgamos sin conocer.
Miguel no fue una estadística. No fue una advertencia moral. No fue solamente alguien que luchó contra una adicción. Fue una persona con una historia propia, alguien que tuvo vínculos, que dejó recuerdos y cuya ausencia sigue teniendo consecuencias en quienes lo amamos. Su historia también refleja la deshumanización estatal.
Y esa es justamente la razón por la que su muerte también me obliga a mirar hacia afuera.
Porque mientras haya familias que enfrenten las adicciones en soledad, mientras el acceso al tratamiento no sea una prioridad suficiente y mientras la respuesta social consista en decidir quién merece ser salvado, seguiremos confundiendo la desaparición de las personas con la solución de los problemas.
No sé qué habría ocurrido si las circunstancias hubieran sido distintas. No voy a inventar una respuesta para aliviarme. Lo que sí sé es que ninguna política pública puede devolverme a mi hermano, pero una mejor política pública podría ayudar a que otras familias no tengan que atravesar el mismo dolor.
Esa posibilidad debería bastar para tomarnos el problema en serio.
A veces pienso que la mejor manera de honrar a los muertos no consiste en hablar de ellos como si hubieran sido perfectos, sino en impedir que su historia sea utilizada para justificar la indiferencia. Recordarlos es aceptar que existieron con todas sus complejidades y que su vida importó, incluso en aquellos momentos en los que el mundo parecía tener dificultades para reconocerlo.
Miguel, mi hermano, murió hace casi un año. Yo sigo aquí, tratando de entender lo que su lucha dejó en mí y lo que su ausencia me exige como ciudadano.
No puedo cambiar el final de su historia. No puedo regresar a las conversaciones que no tuvimos ni corregir las decisiones que ya pertenecen al pasado. Pero puedo negarme a aceptar que otras personas sean condenadas al abandono por una sociedad que se reserva el derecho de decidir quién merece compasión.
Hay una pregunta que deberíamos hacernos cada vez que hablamos de seguridad, de drogas, de homicidios o de personas adictas: ¿qué hicimos mientras todavía había tiempo?
No cuando apareció el cuerpo. No cuando llegó la noticia. No cuando la familia tuvo que aprender a vivir con una silla vacía.
Antes.
Antes de que el consumo se convirtiera en dependencia. Antes de que la desesperación aislara a una persona. Antes de que un adolescente creyera que su única pertenencia posible estaba en un mundo que terminaría cobrándole demasiado caro. Antes de que el Estado llegara con una patrulla a un lugar donde quizá también hacían falta un profesional de la salud, un programa de prevención, una red comunitaria o una oportunidad.
La pregunta no es si podemos salvar a todo el mundo. No podemos.
La pregunta es cuántas vidas estamos dispuestos a dejar de intentar salvar para seguir creyendo que el problema pertenece a los demás.
Yo tengo un nombre para recordar por qué esa pregunta importa.
Se llama Miguel.
Y aunque ya no pueda abrazarlo, aunque su ausencia sea una realidad que ningún argumento político va a reparar, me niego a aceptar que su historia y la de tantas otras personas terminen convertidas en el precio moralista de vivir en este país.
Porque un país no demuestra cuánto vale la vida cuando protege únicamente a quienes tienen todas las condiciones para conservarla.
Lo demuestra cuando decide qué hacer con quienes más necesitan ayuda.
Y todavía estamos a tiempo de decidirlo mejor.