Para decidir si el Acuerdo Transpacífico Integral y Progresista de Asociación (CPTPP) es beneficioso para Costa Rica y si procede respaldarlo, debemos comenzar por plantearnos las preguntas correctas. Las respuestas, individualmente y en conjunto, deberían aportar elementos valiosos para adoptar una decisión con conocimiento de causa:
- ¿Es Costa Rica un país altamente dependiente del comercio exterior, cuyo bienestar depende en buena medida de su capacidad para conquistar con éxito los mercados internacionales?
- ¿Existe una marcada concentración en el destino de nuestras exportaciones?
- ¿Muestra nuestro mercado más relevante señales preocupantes de menosprecio por las reglas negociadas con sus socios comerciales, lo cual genera una elevada incertidumbre?
- ¿Se ha debilitado el sistema multilateral de comercio y, por consiguiente, su eficacia para resolver controversias comerciales?
- ¿Vivimos una época de inestabilidad, realineamientos y reacomodos en las relaciones internacionales?
- ¿Constituyen los 12 países miembros del CPTPP —Australia, el Reino Unido, Japón, Canadá, Nueva Zelanda, y Singapur, entre otros— un bloque comercial suficientemente atractivo, al representar alrededor del 15% del PIB mundial e incluir, en su mayoría, economías desarrolladas?
- ¿Conviene a Costa Rica que sus relaciones comerciales se desarrollen dentro de un marco de predictibilidad, certidumbre jurídica y respeto por las reglas?
- ¿Es el Acuerdo Transpacífico un instrumento que fortalece y profundiza las reglas aplicables al comercio entre los países que lo suscriben?
La respuesta a todas estas preguntas parece clara. En la compleja realidad internacional que enfrentamos, resulta necesario y conveniente que el país busque mercados alternativos que permitan a nuestras exportaciones continuar creciendo, sin depender excesivamente de los vaivenes políticos internos de quien sigue siendo nuestro principal socio comercial.
En ese contexto, es alentador que un bloque de países de tal importancia haya reafirmado su compromiso con el libre comercio y con un sistema basado en reglas, y no en el capricho del gobernante de turno. Asimismo, es un hecho que este bloque y su acuerdo son considerados el actual estándar de oro frente a otros instrumentos de naturaleza similar. No por casualidad Uruguay, Argentina, Indonesia, Filipinas y los Emiratos Árabes Unidos buscan incorporarse al acuerdo, al que Costa Rica ya logró ser admitida. Por ello, cabe poca duda de que la decisión de la administración anterior de avanzar y culminar esta negociación fue acertada.
Ahora bien, tampoco debe extrañarnos que, en un acuerdo destinado a generar efectos reales, algunos sectores queden más expuestos que otros. Era deber del equipo negociador escuchar esas preocupaciones y atenderlas oportunamente, sin que ello implicara necesariamente satisfacer todas las demandas planteadas.
El Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) ya ha adelantado que algunos productos agrícolas —como la cebolla, la papa, el azúcar y la corvineta— fueron excluidos del calendario de desgravación acordado. Asimismo, ha señalado que otros productos sensibles estarán sujetos a plazos especiales de desgravación, con el propósito de facilitar su adaptación a las nuevas condiciones. Ante ello, surgen dos preguntas adicionales:
- ¿Contó COMEX, durante la negociación, con los mecanismos de consulta que habitualmente se utilizan para recoger las inquietudes de los sectores productivos y comprender sus legítimas aprehensiones?
- ¿Fueron esas preocupaciones razonablemente consideradas al cierre de la negociación y reflejadas en el texto final del acuerdo?
A COMEX le corresponde ofrecer garantías de que lo primero efectivamente ocurrió. Lo segundo deberá determinarse una vez que conozcamos el texto y las cifras definitivas de lo negociado, tras la firma correspondiente. No es serio especular —ni a favor ni en contra— sobre detalles que aún no se conocen con precisión, ni aceptar sin mayor análisis los argumentos de una u otra parte.
Llegará el momento de formarnos una opinión informada sobre estos aspectos y de sostener una discusión sensata en la Asamblea Legislativa, hacer el balance respectivo y decidir si corresponde aprobar o no el acuerdo. Lo que sí parece evidente es que el país quedaría en una posición muy desfavorable si, después de años de negociación, las autoridades gubernamentales no se presentaran a suscribir el instrumento en la fecha fijada para noviembre próximo.
Finalmente, es indudable que Costa Rica no puede seguir observando pasivamente el deterioro de las condiciones bajo las cuales nuestros productores deben competir, tanto en el mercado interno como en los mercados externos. Aquí queda todavía muchísimo por hacer: desde aprobar la legislación que permita las jornadas laborales 4x3 y avanzar en la liberalización del sector eléctrico, hasta procurar un manejo más adecuado del tipo de cambio, mejorar sustancialmente la educación y la formación de nuestra gente, invertir en infraestructura y digitalizar plenamente los trámites gubernamentales, entre otros puntos relevantes de una agenda de competitividad aún inconclusa. De ahí la pregunta fundamental:
- ¿Cuándo vamos a tomarnos en serio la agenda que nos permita aprovechar plenamente las oportunidades que tenemos por delante?
La respuesta no corresponde únicamente al Gobierno, ni solo a esta administración. Se trata de un esfuerzo nacional, en el que muchos deben colaborar.