Joselyn Sáenz cuestiona que el ministerio no detallara quiénes participaron en 156 actividades de consulta e información ni identificara los productos que podrían registrar aumentos en exportaciones e importaciones.
La diputada del Frente Amplio Joselyn Sáenz Núñez presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos Gallo, al considerar que el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) respondió de forma incompleta una solicitud de información sobre el proceso de adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés).
El recurso, fechado el 9 de octubre, cuestiona que Comex reportara la celebración de 156 actividades con distintos sectores durante el proceso de negociación, pero no entregara las fechas exactas, la identificación de las organizaciones participantes ni la información recopilada en esos encuentros, pese a que esos datos fueron solicitados expresamente por la legisladora.
Sáenz también reclama que el ministerio no respondiera de manera específica cuáles bienes y servicios podrían registrar aumentos en las exportaciones costarricenses y cuáles podrían experimentar mayores importaciones como consecuencia de la incorporación al acuerdo comercial.
La diputada considera que estas omisiones vulneran sus derechos fundamentales de petición, pronta respuesta y acceso a la información pública, protegidos por los artículos 27 y 30 de la Constitución Política.
Comex reportó 156 actividades durante las negociaciones
El 22 de setiembre de 2026, mediante el oficio AL-FPFA-36-OFI-0172-2026, Sáenz solicitó a la ministra información sobre los mecanismos utilizados para consultar a la ciudadanía y los sectores productivos durante las negociaciones de adhesión al CPTPP.
En particular, pidió un calendario con las fechas de las reuniones, la identificación de las organizaciones participantes en cada etapa y los datos recopilados durante las consultas. También solicitó estimaciones sobre los bienes y servicios que podrían experimentar incrementos en el comercio exterior.
La ministra respondió el 6 de octubre mediante el oficio DM-COR-CAE-0689-2026. Según los extractos reproducidos en el recurso judicial, Comex aseguró haber mantenido un diálogo continuo con sectores productivos, cámaras empresariales y otras entidades interesadas, mediante distintos mecanismos de información y consulta.
El ministerio detalló que, hasta agosto de 2026, contabilizaba 156 actividades distribuidas de la siguiente manera:
- 71 reuniones con el sector agroalimentario, sobre acceso a mercados, realizadas entre marzo de 2025 y agosto de 2026.
- 47 reuniones sobre servicios e inversión, desarrolladas entre abril de 2025 y julio de 2026.
- 14 reuniones con el sector industrial, entre marzo y junio de 2025.
- 12 reuniones sobre compras públicas, entre marzo de 2025 y abril de 2026.
- 7 sesiones del Consejo Consultivo de Comercio Exterior, en las que se informó sobre el avance del proceso de incorporación al CPTPP entre diciembre de 2023 y junio de 2026.
- 4 reuniones de Cuarto Adjunto sobre negociaciones de acceso a mercados, entre junio de 2025 y marzo de 2026.
- 1 taller dirigido a empresas propiedad del Estado, efectuado en marzo de 2025.
Comex sostuvo que estas actividades permitieron mantener informados a los representantes de los sectores productivos sobre la evolución de las negociaciones y los resultados de las condiciones acordadas para los diferentes productos.
No obstante, Sáenz cuestiona que el ministerio se limitara a presentar cantidades y periodos generales, sin ofrecer los registros necesarios para comprobar quiénes participaron y cuáles fueron sus aportes.
La legisladora también señala que la respuesta no permite distinguir cuáles actividades fueron espacios de consulta destinados a recibir observaciones y propuestas, y cuáles consistieron únicamente en sesiones informativas.
Cuestiona ausencia de estimaciones sobre exportaciones e importaciones
Otro de los aspectos centrales del amparo se relaciona con los posibles efectos comerciales del ingreso de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico.
La diputada había solicitado identificar los bienes y servicios para los cuales el Gobierno estima un aumento de las exportaciones costarricenses, así como aquellos que podrían registrar mayores importaciones hacia el país.
Sin embargo, según el recurso, Comex no proporcionó una respuesta individualizada ni aclaró si dispone de estudios, informes técnicos o proyecciones sobre esas materias.
Sáenz sostiene que la ausencia de esa información impide conocer cuáles sectores podrían beneficiarse de mayores oportunidades de exportación y cuáles podrían enfrentar una mayor competencia de productos o servicios importados.
En el documento judicial, la legisladora también reconoce que Comex invocó la confidencialidad de las condiciones negociadas hasta la firma del texto definitivo del protocolo de adhesión al CPTPP.
No obstante, la frenteamplista argumenta que esa explicación se refirió a las condiciones de negociación y no constituyó una respuesta específica a sus preguntas sobre las estimaciones de exportaciones e importaciones.
La diputada plantea que, incluso si determinada información estuviera legítimamente protegida por una reserva de confidencialidad, el ministerio debería indicar el fundamento jurídico de esa restricción y aclarar cuáles datos pueden divulgarse.
¿Qué solicita a la Sala Constitucional?
En el recurso, Sáenz invoca los derechos de petición y acceso a la información pública, así como disposiciones de la Ley Marco de Acceso a la Información Pública y la Ley de Regulación del Derecho de Petición.
Su argumento central es que una institución pública no cumple necesariamente con su obligación de responder por el solo hecho de remitir un oficio: la contestación también debe abordar las preguntas formuladas o explicar por qué determinada información no puede suministrarse.
Por esa razón, solicita a la Sala Constitucional declarar con lugar el recurso y ordenar a Comex que proporcione una respuesta completa y fundamentada.
Entre sus peticiones específicas figura la entrega de un listado individualizado de las 156 actividades reportadas, con fechas exactas, organizaciones participantes y los documentos existentes sobre las observaciones, propuestas y preocupaciones planteadas.
También solicita las actas, minutas, presentaciones, informes, registros de acuerdos y otros documentos disponibles que permitan comprobar cómo se desarrollaron los encuentros.
En cuanto a las proyecciones comerciales, pide que el ministerio identifique los bienes y servicios para los cuales dispone de estimaciones de aumentos en exportaciones e importaciones, así como los estudios públicos que respalden esas proyecciones. Si no existen tales estimaciones, solicita que Comex lo indique expresamente.
Finalmente, plantea que, si alguna información está sujeta a una restricción legal, el ministerio explique sus fundamentos y entregue versiones públicas de los documentos cuando sea posible.
Recurso se presenta en medio de incertidumbre sobre el futuro del acuerdo
El recurso de amparo se presentó en medio de la incertidumbre sobre la incorporación de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico. El pasado 9 de octubre, la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, decidió mantener en suspenso la autorización para firmar el tratado, después de reunirse durante casi siete horas con representantes de distintos sectores productivos.
La mandataria cuestionó la falta de acercamiento con los sectores durante las negociaciones de la administración anterior y afirmó que hubo "opacidad por parte de Comex". Por ello, ordenó ampliar las conversaciones y profundizar el análisis sobre los beneficios, las posibles afectaciones y las medidas de compensación que podrían necesitar algunas actividades económicas. La firma del protocolo de adhesión está prevista para la semana del 23 al 27 de noviembre, aunque todavía no existe una decisión definitiva del Gobierno.
Por su parte, la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos Gallo, aseguró que las negociaciones del acuerdo concluyeron en mayo y que las condiciones pactadas ya están definidas. Según declaraciones brindadas al programa Nuestra Voz y publicadas por CR Hoy, actualmente se revisa el texto del protocolo de adhesión y el siguiente paso sería su firma para enviarlo a la Asamblea Legislativa.
Trejos defendió el proceso de consulta realizado por Comex y afirmó que se celebraron más de 156 reuniones con sectores productivos. También señaló que las negociaciones permitieron excluir de la apertura comercial cuatro productos: papa, cebolla, corvina y azúcar, mientras que el sector lácteo obtuvo plazos de desgravación más largos.