Hace pocas semanas, el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, fue objeto de fuertes críticas después de divulgar imágenes en las que aparecía caminando entre cadáveres de personas muertas durante una operación militar en el departamento del Guaviare, dirigida aparentemente contra integrantes de estructuras criminales. La Defensoría del Pueblo colombiana cuestionó que los cuerpos formaran parte de la escenografía de una declaración pública y recordó que incluso en la guerra existen límites.
A finales de setiembre, en Costa Rica se hizo viral un video grabado durante una intervención en la cárcel de Puntarenas. En las imágenes aparece el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, acompañado por policías penitenciarios, increpando directamente a personas privadas de libertad. Se observan gritos, confrontaciones y amenazas de traslados hacia regímenes de mayor contención. La Defensoría de los Habitantes cuestionó posteriormente la actuación y señaló tratos que consideró humillantes.
Ambos acontecimientos son materialmente distintos y no sería correcto equipararlos. Sin embargo, existe entre ellos una semejanza que merece reflexión: una forma de representar el poder estatal en la cual el sometimiento del otro termina incorporado a una escena destinada a demostrar quién manda.
Ese es, a mi juicio, el verdadero problema que plantea el video. La cuestión es más profunda que una discusión sobre buenas maneras o el lenguaje apropiado para un ministro: ¿qué concepción de la cárcel, de la pena y del ejercicio del poder público estamos comenzando a normalizar?
Conviene reconocer algo que debería estar fuera de discusión: en las cárceles debe mandar el Estado. Ninguna sociedad seria puede permitir que sus centros penitenciarios sean controlados por individuos u organizaciones criminales. El Estado debe mantener el orden conforme a la ley y, cuando jurídicamente corresponda, trasladar a una persona hacia un régimen de mayor seguridad.
El problema comienza cuando confundimos autoridad con humillación, firmeza con provocación y terminamos convirtiendo la política penitenciaria en un espectáculo de cuestionada calidad que raya en lo indigno.
Debe recordarse que, frente a una persona encarcelada, el Estado ya ocupa una posición de poder extraordinariamente superior, pues controla prácticamente toda su vida en prisión. Quien está detrás de una reja no puede simplemente sustraerse de esa relación.
El contexto descrito exige recordar la importancia del principio de superioridad ética del Estado. El Estado no puede limitarse a ser el actor más fuerte de una confrontación. Su legitimidad proviene de algo diferente: aun teniendo una capacidad de coerción superior, somete su actuación a límites jurídicos, institucionales y éticos. No necesita humillar para demostrar que tiene poder, pues ya lo tiene. La cuestión importante es cómo decide ejercerlo.
Erving Goffman explicó que la cárcel constituye uno de los ejemplos paradigmáticos de lo que llamó una “institución total”: un espacio en el cual prácticamente todos los aspectos relevantes de la vida transcurren bajo una misma autoridad y conforme a reglas ajenas a la voluntad de la persona.
Para Goffman, el ingreso a estas instituciones genera una pérdida progresiva de autonomía y de elementos esenciales de la identidad, proceso que denominó “mortificación del yo”. Antes de entrar a prisión, alguien es padre, madre, hijo, hermano, tío, trabajador, amigo o vecino; tiene afectos, relaciones, proyectos y una historia de vida propia. Dentro de la cárcel, todo ello corre el riesgo de reducirse a un número, un expediente, una clasificación y, finalmente, una categoría: “preso”, “delincuente”, “jachudo”, hasta que la palabra termina sustituyendo a la persona.
Y allí aparece una contradicción difícil de ignorar. Si uno de los propósitos de la ejecución penitenciaria continúa siendo la reincorporación de la persona condenada a la convivencia social, resulta difícil justificar que la propia autoridad contribuya a profundizar la degradación de su identidad, pues la cárcel ya constituye por sí misma una experiencia profundamente invasiva.
Gresham Sykes habló de los “dolores del encarcelamiento”: privaciones que modifican profundamente la vida en prisión. Donald Clemmer, por su parte, desarrolló el concepto de “prisionización”, referido al proceso mediante el cual una persona incorpora códigos, valores y formas de relación propias de la cultura penitenciaria.
A partir de estas reflexiones, alguien puede aprender a sobrevivir dentro de una cárcel mientras se encuentra cada vez menos preparado para vivir fuera de ella. Desde esa óptica, toda política que fortalece la confrontación entre “ellos” y “nosotros” puede terminar reforzando aquello que pretende combatir: la humillación genera respuestas defensivas y la degradación puede empujar a buscar identidad dentro de la subcultura carcelaria.
Hay algo de la novela La metamorfosis, de Franz Kafka, en este proceso. Su protagonista, Gregor Samsa, despierta transformado en una especie de alimaña monstruosa; sin embargo, continúa pensando, sintiendo y preocupándose por su familia, mientras quienes lo rodean dejan progresivamente de reconocerlo como hijo, hermano o persona. Algo semejante ocurre cuando dejamos de hablar de alguien que cometió un delito y comenzamos a verlo únicamente como una categoría: preso, delincuente o enemigo. Cuando la categoría sustituye al individuo, resulta mucho más sencillo aceptar su degradación o transformar su sometimiento en un mensaje para terceros.
Es aquí donde lo sucedido puede analizarse dentro de una tendencia más amplia: la conversión del poder punitivo en espectáculo, donde el castigo ya no solo debe ejecutarse, sino también verse. La autoridad no solo debe existir, sino también representarse. Desde esta perversión institucional, hace falta una cámara, una escena, una frase contundente, un miércoles y, sobre todo, una persona sometida frente a la cual pueda demostrarse visualmente quién posee el poder.
La referencia al miércoles no es casual. Hace alusión a las conferencias de prensa del Gobierno de ese día, utilizadas también para construir su propaganda y presentar políticas de seguridad. Allí aparece una narrativa con altas dosis de populismo punitivo: valorar una política por la contundencia de sus imágenes y palabras más que por sus acciones reales y resultados.