Hay una forma de soberbia especialmente peligrosa: la de quienes aceptan responsabilidades que superan sus capacidades y, aun siendo conscientes de sus limitaciones, se aferran a ellas con una seguridad difícil de comprender. No se trata de exigir que alguien lo sepa todo, sino de tener la sensatez para reconocer lo que se desconoce y no trasladar a los demás las consecuencias de la propia incapacidad.
En cualquier organización, una jefatura sin preparación puede deteriorar el ambiente laboral y convertir la autoridad en una forma de imposición. Cuando esa conducta llega al poder político, las consecuencias son mucho más graves: comprometen el bienestar económico, social y emocional de toda una población.
¿Qué lleva a una persona a aceptar un cargo para el que no reúne las condiciones necesarias? ¿Ambición, vanidad, desconocimiento de sus limitaciones o incapacidad de decir que no? Costa Rica debería hacerse esa pregunta con mayor frecuencia.
Desde la Presidencia de la República hasta los ministerios y la Asamblea Legislativa, ejercer el poder exige mucho más que una designación, una victoria electoral o cercanía con quienes toman decisiones. Requiere conocimiento, criterio, prudencia y, especialmente, humildad.
Sin embargo, asistimos a una forma de hacer política en la que reconocer errores parece amenazar la autoridad. Se afirma algo con contundencia para después matizarlo o contradecirlo. Las explicaciones cambian, las responsabilidades se diluyen y la ciudadanía termina atrapada entre versiones que poco contribuyen a esclarecer lo sucedido.
El caso del ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, merece particular atención. Las actuaciones difundidas por el propio Ministerio durante una visita al centro penitenciario de Puntarenas provocaron cuestionamientos de la Defensoría de los Habitantes. Posteriormente, la Fiscalía abrió una causa penal por presunto abuso de autoridad relacionada con aquel episodio. A ello se sumaron denuncias de presuntas agresiones en La Reforma, también sujetas a investigación y rechazadas por el jerarca.
Corresponde a las autoridades competentes determinar las eventuales responsabilidades. Pero existe también una dimensión política y ética que no puede quedar supeditada exclusivamente a una resolución judicial.
La administración penitenciaria exige firmeza y disciplina. Lo que debemos discutir es la diferencia entre ejercer autoridad y convertirla en una exhibición de poder. La privación de libertad no elimina la dignidad humana, algo que jamás debería olvidar quien dirige una cartera que, precisamente, lleva por nombre Justicia y Paz.
Y aquí surge una pregunta inevitable: ¿cuál es la posición de la presidenta Laura Fernández ante estos acontecimientos? La ciudadanía merece conocer los criterios que sustentan su confianza en un jerarca sometido a cuestionamientos institucionales de semejante gravedad. La responsabilidad presidencial no termina con un nombramiento; también implica supervisar, exigir explicaciones y valorar la continuidad de sus colaboradores.
La autoridad no concede conocimientos por decreto. Una investidura tampoco garantiza sensatez, ni un despacho importante convierte automáticamente a su ocupante en alguien competente.
A lo largo de mi vida profesional he conocido personas extraordinarias que ejercieron sus cargos con inteligencia, discreción y respeto. Su autoridad nacía del conocimiento y la confianza, sin necesidad de amenazas ni desplantes.
También he conocido jefaturas en las que la arrogancia parecía ser inversamente proporcional a la preparación. Personas que confundían respeto con obediencia ciega, discrepancia con insubordinación y autoridad con derecho a humillar. Algunas necesitan recordar constantemente quién manda, como si el cargo fuera lo único capaz de sostenerlas.
Ahí radica uno de los mayores peligros del poder: quien reconoce sus limitaciones puede aprender, pero quien se considera superior a los demás difícilmente encontrará razones para escuchar.
¿Por qué cuesta tanto reconocer que una responsabilidad puede superarnos? ¿Cuándo confundimos la renuncia con el fracaso y la permanencia con una demostración de capacidad?
No pretendo sugerir que todo funcionario deba marcharse ante su primer error. Gobernar implica tomar decisiones complejas y asumir riesgos. Lo preocupante es la incapacidad de reconocer las equivocaciones, corregirlas y responder por sus consecuencias. Peor aún cuando la lealtad política pesa más que el criterio profesional y las explicaciones son sustituidas por descalificaciones.
La democracia no se agota en el derecho de elegir o nombrar funcionarios. Exige responsabilidad, rendición de cuentas y respeto hacia la ciudadanía. Cuando alguien antepone su permanencia o su vanidad al interés colectivo, las consecuencias dejan de ser personales. Las paga el país.
Los cargos son temporales y las instituciones permanecen. Nadie es indispensable, aunque algunos lleguen a convencerse de lo contrario.
Tal vez deberíamos recuperar el valor de una palabra que parece haber perdido prestigio en ciertos círculos de poder: renuncia. No como reconocimiento automático de culpa, sino como una decisión responsable cuando las circunstancias, los resultados o la propia conciencia aconsejan apartarse.
Lo digo también desde mi experiencia. Hace algunos años cerré una etapa institucional a la que había dedicado buena parte de mi vida profesional. Me marché sin vacilaciones, no porque hubiera dejado de creer en aquella institución, sino porque permanecer significaba aceptar comportamientos incompatibles con el respeto que merecemos como personas y profesionales.
No necesitaba demostrarle nada a nadie. Mi trayectoria, mis principios y mi tranquilidad valían más que cualquier puesto. Y, aunque algunos puedan confundir el silencio con debilidad, hay silencios que nacen precisamente de la certeza de haber actuado correctamente.
Aquella etapa quedó atrás, pero me confirmó una convicción que hoy cobra especial sentido: saber marcharse requiere, en ocasiones, mucho más carácter que permanecer.
El cargo puede pertenecer a una institución, pero la dignidad le pertenece a cada persona. Y ninguna posición de autoridad otorga el derecho de atropellar el respeto que todo ser humano merece.
Porque hay cargos que se pierden y dignidades que se conservan. Y también hay quienes, por conservar un cargo, terminan perdiendo ambas cosas.