La piña rosada parece salida de un catálogo de extravagancias gastronómicas. Su pulpa de color rosa pálido, su presentación exclusiva y su imagen cuidadosamente construida la han convertido en un producto de lujo, destinado a consumidores dispuestos a pagar por una fruta que destaca tanto por su apariencia como por su rareza. Fresh Del Monte la comercializa internacionalmente bajo la marca Pinkglow. Esta piña se cultiva en Costa Rica y se presenta como una expresión de innovación biotecnológica.
Pero ¿qué ocurre cuando dejamos de contemplar su atractivo color y dirigimos la mirada hacia el territorio donde se produce? ¿Qué relación existe entre el lujo que representa en los mercados internacionales y las transformaciones ambientales y sociales que experimentan las comunidades agrícolas costarricenses?
Estas preguntas constituyen el punto de partida del artículo académico Pink Pineapples and Tropical Violence, que publicó recientemente Silvia Mata-Marín, investigadora de la Universidad de Costa Rica.
Su análisis trasciende las características de una variedad particular de fruta para examinar las contradicciones de un modelo agroindustrial que convierte la naturaleza en mercancía, el paisaje en infraestructura productiva y la innovación en una herramienta de diferenciación comercial.
Una fruta diseñada para despertar deseo
La piña rosada no es simplemente una piña convencional que adquirió un color diferente. Su apariencia es resultado de intervenciones biotecnológicas relacionadas con el metabolismo de los carotenoides, que producen su característica pulpa rosada.
Sin embargo, según el análisis de Mata-Marín, su principal diferenciación comercial no radica en una mejora nutricional o agronómica demostrada, sino en su singularidad estética y en el valor simbólico que se le atribuye.
El color, el empaque, la marca, la disponibilidad limitada y las campañas en redes sociales forman parte de una estrategia que transforma un alimento en una experiencia de consumo exclusivo. La fruta se fotografía, se exhibe y se comparte; su rareza se convierte en argumento de venta.
Cuando se lanzó en Estados Unidos, en octubre de 2020, su precio inicial rondaba los 49 dólares por unidad, según las referencias periodísticas citadas en el estudio. El producto ilustra así una tendencia del capitalismo agroalimentario: no basta con producir alimentos; también se diseñan atributos, relatos e imágenes capaces de convertirlos en objetos de distinción social.
La cuestión no consiste en negar que la biotecnología pueda generar productos novedosos. Consiste en preguntarnos qué objetivos orientan esa innovación, quién controla sus resultados y quién obtiene sus beneficios.
Una modificación destinada a satisfacer una preferencia estética puede tener valor comercial. Pero ese valor no demuestra, por sí mismo, que la innovación contribuya a mejorar la nutrición, la sostenibilidad agrícola o las condiciones de vida de las comunidades productoras.
El paisaje que desaparece detrás de la marca
La investigación sitúa el cultivo de la piña rosada en el contexto agroindustrial de Buenos Aires de Puntarenas, una región del Pacífico sur costarricense profundamente transformada por la expansión de los monocultivos de piña.
La imagen comercial de una fruta tropical exuberante contrasta con extensas superficies agrícolas organizadas en hileras uniformes, donde la diversidad biológica cede terreno ante las exigencias de la producción industrial.
Mata-Marín recoge investigaciones y reportes que documentan, en esta región, problemas asociados con la erosión de los suelos, la pérdida de biodiversidad, el uso intensivo de agroquímicos, la contaminación de aguas y los conflictos territoriales. También señala la vulnerabilidad de comunidades rurales e indígenas, entre ellas las de los pueblos broran y térraba, frente a las transformaciones del territorio.
El artículo cita estudios que han identificado residuos de herbicidas como bromacil y ametrina en aguas superficiales y pozos de la región, así como problemas de contaminación en el humedal Térraba-Sierpe. Asimismo, recoge informes comunitarios sobre afecciones de salud que podrían estar relacionadas con la exposición prolongada a agroquímicos.
Estos señalamientos deben leerse en sus justos términos: documentan problemas ambientales y preocupaciones sanitarias asociados al modelo de producción regional, pero no permiten atribuir automáticamente cada impacto a una plantación específica ni establecer que todos los efectos denunciados hayan sido demostrados causalmente.
Precisamente por eso, la respuesta no debería ser minimizar las denuncias, sino fortalecer la investigación independiente, la vigilancia ambiental y la transparencia de la información.
La paradoja es evidente: mientras el producto se promociona mediante imágenes de abundancia tropical, el territorio que lo produce puede experimentar pérdida de diversidad, presión sobre los recursos hídricos y deterioro de sus condiciones ecológicas.
¿Quién controla la vida vegetal?
Uno de los argumentos más interesantes del estudio es que la exclusividad de la piña rosada no depende únicamente de su biología. También se construye mediante patentes, marcas, contratos, controles de reproducción y mecanismos de distribución comercial.
La autora destaca, en particular, la comercialización de la fruta sin su corona. La empresa presenta la retirada y la replantación de estas coronas como una práctica vinculada al cultivo sostenible.
Sin embargo, Mata-Marín interpreta también esta decisión como un mecanismo que dificulta la reproducción no autorizada y refuerza el control corporativo sobre la variedad.
De esta manera, una planta que crece mediante procesos biológicos queda integrada en un sistema de propiedad intelectual que regula quién puede reproducirla, cultivarla y comercializarla.
La pregunta de fondo es política y económica: ¿hasta qué punto puede privatizarse el valor de la biodiversidad mediante la combinación de tecnología, derechos exclusivos y control comercial?
La innovación vegetal no es necesariamente perjudicial, ni la protección de una variedad equivale por definición a un abuso. Pero cuando los derechos exclusivos se combinan con una elevada concentración empresarial, opacidad informativa y restricciones para los productores locales, resulta indispensable examinar quién tiene capacidad efectiva para decidir sobre los recursos biológicos y beneficiarse de ellos.
En el caso estudiado, la fruta se produce en Costa Rica, pero su identidad comercial, sus condiciones de circulación y buena parte de su valor económico se organizan desde un régimen empresarial orientado a los mercados internacionales.
El territorio aporta la tierra, el clima y las condiciones materiales de producción. La empresa controla la variedad y su comercialización. Las comunidades cercanas, entretanto, pueden quedar al margen de los beneficios extraordinarios que genera el producto y, al mismo tiempo, soportar parte de los costos territoriales de la actividad agroindustrial.
La vieja historia del paraíso tropical
La piña rosada también revela la persistencia de una representación histórica de los trópicos: territorios imaginados como exuberantes, exóticos e inagotables, disponibles para satisfacer los deseos de consumidores distantes.
Durante siglos, la piña fue en Europa un símbolo de riqueza y prestigio, precisamente porque su producción y transporte eran difíciles y su disponibilidad limitada.
Con el desarrollo de la agricultura industrial, muchas frutas tropicales se convirtieron en productos de consumo masivo. La piña rosada recupera parte de aquella exclusividad, ahora mediante la biotecnología, el diseño y el mercadeo digital.
Lo que cambia es la forma de construir el lujo. Lo que persiste es la separación entre quienes consumen el producto y quienes viven en los territorios que lo hacen posible.
Las fotografías publicitarias muestran el color de la pulpa, el empaque y la promesa de una experiencia excepcional, sin mostrar las condiciones laborales, los conflictos por el uso del suelo o los resultados de los análisis de agua en las comunidades productoras.
Esta distancia no es un detalle secundario de la publicidad. Es una condición que permite que el producto se consuma como si estuviera desconectado de su historia material.
El consumidor ve una fruta “extraordinaria”. El territorio productor puede ver una expansión del monocultivo, una transformación de sus paisajes y una creciente dependencia de una economía orientada hacia mercados externos.
No se trata de responsabilizar individualmente a quien compra una piña ni de idealizar una agricultura tradicional libre de problemas. Se trata de reconocer que las decisiones de producción y consumo están insertas en relaciones de poder que distribuyen de manera desigual los beneficios y los costos.
Costa Rica ante el espejo de su modelo agrícola
Costa Rica ha construido parte de su imagen internacional sobre la biodiversidad, la protección de los ecosistemas y el compromiso ambiental. Su liderazgo exportador en piña representa una fuente importante de actividad económica, empleo y vinculación con los mercados internacionales.
Sin embargo, esos logros no eliminan la obligación de examinar críticamente los efectos del modelo productivo. Un país no puede evaluar el éxito de su agricultura únicamente mediante el volumen exportado, la rentabilidad empresarial o la innovación de sus productos.
También debe preguntarse qué ocurre con la calidad del agua, la fertilidad de los suelos, los bosques, la biodiversidad, las condiciones laborales y la capacidad de las comunidades para decidir sobre su propio territorio.
La piña rosada plantea un desafío adicional: la necesidad de distinguir entre innovación tecnológica y progreso social. Una fruta más llamativa, patentada y comercialmente exclusiva puede ser un éxito de mercado sin constituir, por ello, una mejora para la sociedad en su conjunto.
Para avanzar hacia una agricultura verdaderamente sostenible, Costa Rica debería fortalecer al menos cinco líneas de acción.
Primero, garantizar el monitoreo independiente y periódico de las aguas superficiales y subterráneas en las zonas de producción intensiva, con resultados públicos, accesibles y comprensibles para las comunidades.
Segundo, reforzar la fiscalización del uso de agroquímicos, la protección de la salud ocupacional y el cumplimiento de los derechos laborales, prestando especial atención a los trabajadores más vulnerables.
Tercero, proteger los ecosistemas, los corredores biológicos y los territorios indígenas, evitando que la rentabilidad de los monocultivos se convierta en una justificación para degradar el patrimonio natural.
Cuarto, exigir mayor transparencia sobre las condiciones ambientales y sociales de las cadenas de suministro, de manera que las certificaciones comerciales no sustituyan la evaluación de los impactos reales en los territorios.
Quinto, impulsar la diversificación productiva, la investigación pública independiente y las alternativas agroecológicas que permitan reducir la dependencia de sistemas agrícolas intensivos y fortalezcan la autonomía de los productores.
Estas medidas no exigen renunciar a las exportaciones ni rechazar la biotecnología. Exigen que la competitividad se construya respetando límites ecológicos y derechos sociales, y que la responsabilidad por los impactos no recaiga exclusivamente sobre las comunidades que viven junto a las plantaciones.
Una fruta que obliga a mirar más allá de su color
El estudio de Silvia Mata-Marín invita a comprender que un alimento puede ser simultáneamente un producto biológico, una creación tecnológica, una marca comercial y el resultado de relaciones territoriales desiguales.
La piña rosada condensa esa complejidad. Su color simboliza la capacidad de la ciencia y el diseño para transformar la naturaleza en una mercancía diferenciada.
Pero su historia también obliga a preguntar si esa capacidad se está utilizando para resolver necesidades sociales y ambientales o, principalmente, para fabricar nuevas oportunidades de rentabilidad y consumo exclusivo.
La verdadera innovación agrícola no debería medirse solamente por la novedad de una variedad, el atractivo de su presentación o el precio que alcanza en los mercados internacionales.
Debería evaluarse también por su contribución a la conservación de los ecosistemas, la salud de los trabajadores, la seguridad hídrica y el bienestar de las poblaciones rurales.
Costa Rica tiene ante sí una elección que va más allá de la piña rosada: continuar evaluando su éxito agrícola principalmente desde la perspectiva de las exportaciones o incorporar, con igual rigor, los costos ecológicos y sociales que estas generan.
Porque una fruta puede ser rosada, excepcional y costosa. Pero ninguna estrategia de mercadeo debería conseguir que olvidemos el suelo, el agua, el trabajo humano y la biodiversidad que hacen posible su existencia.
El verdadero progreso no consiste en producir alimentos cada vez más exclusivos o atractivos estéticamente, sino en garantizar que producirlos no convierta el bienestar de unos en el sacrificio de otros.