Un estudiante participa en una movilización universitaria para exigir mayor financiamiento público y, durante la protesta, alguien vandaliza un monumento. Al día siguiente, la discusión que inicialmente giraba en torno al presupuesto de las universidades comienza a desplazarse hacia el comportamiento de quienes protestaron. Se cuestiona su civismo, se pone en duda su educación y se plantea si resulta razonable destinar recursos públicos a una comunidad que, según sus detractores, no demuestra suficiente respeto por aquello que recibe.
La necesidad de discutir el financiamiento universitario queda relegada a un segundo plano, mientras que un acto particular comienza a funcionar como argumento para juzgar a toda una colectividad. Es así como una controversia sobre las responsabilidades del Estado termina convertida en una evaluación moral de sus beneficiarios, como si el acceso a los recursos públicos dependiera no solamente de necesidades concretas, sino también de la conducta y la gratitud de quienes los reciben.
Esta forma de interpretar la educación pública revela una percepción cultural particularmente interesante: la tendencia a representar los derechos sociales como recompensas cuya legitimidad depende del comportamiento individual. Las becas, por ejemplo, parecen adquirir en el imaginario colectivo una condición de privilegio concedido a determinados estudiantes, como si su existencia respondiera a una suerte de reconocimiento moral y no a la necesidad de reducir las barreras económicas que condicionan el acceso y la permanencia dentro del sistema educativo.
El problema reside en que esta concepción desplaza la discusión sobre las desigualdades estructurales hacia el terreno del merecimiento personal, subordinando las condiciones materiales de la población a una evaluación sobre la conducta de quienes experimentan dichas condiciones. Bajo esta lógica, la educación deja de concebirse como una responsabilidad pública y comienza a representarse como una concesión que exige una contraprestación simbólica y el agradecimiento permanente de quien la recibe.
No basta con cumplir los requisitos académicos, socioeconómicos y administrativos establecidos por una política pública; pareciera que también existe la obligación implícita de demostrar una disposición particular hacia las instituciones que garantizan ese derecho, como si el estudiante debiera mantener una relación de obediencia con el Estado para conservar la legitimidad de aquello a lo que accede.
La contradicción se vuelve evidente cuando las movilizaciones estudiantiles desplazan la discusión sobre el financiamiento universitario hacia cuestiones relacionadas con el civismo, el respeto y el comportamiento individual. El vandalismo de un monumento puede constituir una conducta reprochable y merece ser examinado en sus propios términos, pero de ello no se desprende que las reivindicaciones presupuestarias de una comunidad universitaria pierdan automáticamente su legitimidad.
La responsabilidad por una acción concreta no puede extenderse indiscriminadamente a miles de personas ni utilizarse, sin argumentos adicionales, para cuestionar las necesidades institucionales de las que depende la educación superior. De lo contrario, el juicio moral termina sustituyendo el análisis político: en lugar de discutir la pertinencia de las demandas, las obligaciones presupuestarias del Estado o las condiciones materiales de las universidades, se examina si los estudiantes han demostrado ser suficientemente merecedores de aquello que reclaman.
En este desplazamiento discursivo aparece una inversión significativa de la relación entre ciudadanía y Estado. El estudiante deja de ser considerado un ciudadano capaz de intervenir legítimamente en los asuntos públicos y comienza a representarse como un receptor de beneficios cuya conducta debe justificar la continuidad de aquello que recibe.
Esta operación guarda relación con una concepción meritocrática de la desigualdad, según la cual las condiciones de vida de los individuos pueden explicarse mediante sus decisiones, su disciplina o su disposición a cumplir determinadas expectativas sociales. El problema no consiste en reconocer que el esfuerzo individual, el rendimiento académico o el cumplimiento de requisitos puedan ser relevantes para la asignación de ciertos recursos, sino en convertir esas variables en criterios morales capaces de determinar quién merece ejercer sus derechos y bajo qué condiciones debe hacerlo.
Naturalmente, las políticas públicas requieren criterios de asignación, mecanismos de fiscalización y procedimientos que permitan evaluar el uso de los recursos. Las universidades deben justificar sus presupuestos, las instituciones deben responder por sus decisiones y los estudiantes deben asumir la responsabilidad correspondiente por sus actos. Sin embargo, estas obligaciones responden a criterios administrativos, académicos y jurídicos que no equivalen a exigir obediencia política.
Confundir ambas dimensiones significa transformar los instrumentos de política social en mecanismos de diferenciación moral, donde el ciudadano considerado responsable merece apoyo, mientras que aquel que protesta, cuestiona o incomoda comienza a ser presentado como alguien que abusa de aquello que recibe. El derecho queda así acompañado por una obligación simbólica que trasciende los requisitos formales: demostrar gratitud, evitar la confrontación y no cuestionar demasiado las condiciones bajo las cuales se garantiza.
El resultado es una inversión del problema: en lugar de examinar si el Estado está respondiendo adecuadamente a las necesidades educativas de la población, se termina examinando si esa población ha demostrado ser suficientemente agradecida para recibir su atención.
Finalmente, el mito del merecimiento no consiste únicamente en creer que determinados beneficios deben responder a requisitos verificables o que las personas tienen responsabilidades sobre sus propios actos. Su dimensión más problemática aparece cuando la satisfacción de una necesidad social queda subordinada a un juicio moral sobre quien la experimenta, convirtiendo el acceso a los derechos en una cuestión de aprobación individual antes que en una responsabilidad colectiva.
La educación pública no existe para garantizar la comodidad política de los gobiernos ni para premiar a quienes se comportan de acuerdo con sus expectativas, sino para responder a necesidades sociales que no desaparecen cuando sus beneficiarios protestan, cuestionan las decisiones institucionales o cometen errores.