Cuando se lee la serie presupuestaria del Ministerio de Cultura y Juventud entre 2024 y 2027, aparece una cifra que resume el diagnóstico completo: el presupuesto total pasa de ₡49.568.990.000 en 2026 a ₡47.961.000.000 en 2027, una contracción de ₡1.607.990.000, equivalente a una caída del 3,2%. En un país donde el discurso oficial insiste en que la cultura es prioridad nacional, una caída nominal que, sin ajustar por inflación, resulta aún más severa en términos reales constituye ya un desmentido cuantitativo de esa retórica.
Pero el dato agregado esconde lo más grave. No se trata de un ajuste proporcional, técnico y distribuido con criterio entre dependencias. Se trata de una redistribución selectiva que castiga con particular severidad a las instituciones vinculadas con la descentralización territorial, la producción audiovisual y la gestión sociocultural de base, mientras protege o incluso privilegia a un núcleo de instituciones centralizadas en el Valle Central. Ese patrón no es una casualidad presupuestaria: es una decisión de política pública, tomada por omisión o por diseño, y merece leerse como tal.
Lo que se contrae es, sistemáticamente, aquello que tiene vocación territorial, popular o de industria cultural: el cine, que es, a la vez, arte, industria y empleo; la casa de la cultura de un puerto históricamente postergado por el centralismo josefino; la gestión sociocultural, que es, por definición, el brazo que el Ministerio tiene en las comunidades; el patrimonio, memoria material distribuida en todo el territorio; y los archivos y bibliotecas, infraestructuras de acceso al conocimiento. Lo que crece o se sostiene es, en cambio, el aparato de representación simbólica más tradicional y centralizado. No hay nada de malo en financiar bandas o museos históricos; lo indefendible es hacerlo a costa de vaciar la única política de descentralización cultural real que el país ha tenido en las últimas décadas.
Hasta aquí, la lectura podría quedarse en el terreno de la denuncia contable. Pero los números solo adquieren sentido pleno cuando se los mira desde una distinción conceptual que la literatura de políticas culturales ha construido con precisión y que aquí conviene desplegar con calma, porque constituye el verdadero potencial explicativo de este caso: la diferencia entre un modelo de administración cultural y una política cultural de Estado.
Administrar es gestionar lo heredado. Es sostener museos porque ya existen, pagar bandas porque siempre se pagaron, mantener teatros porque cerrarlos sería un costo político inasumible y recortar allí donde el costo político de hacerlo es menor: una casa de cultura en un puerto sin representación mediática sostenida, un centro de cine cuyo gremio es pequeño y disperso, una dirección sociocultural cuyo trabajo comunitario, territorial y de largo aliento no genera titulares. La administración cultural no tiene brújula propia; se mueve por inercia presupuestaria y por la física elemental de la resistencia burocrática: los recortes buscan, casi por instinto institucional, el camino de menor fricción.
Una política cultural de Estado es otra cosa. Supone, como mínimo, cuatro operaciones que esta serie presupuestaria no evidencia en ningún punto:
- Definir objetivos: ¿qué queremos que la cultura le haga al país en diez años? ¿Cohesión territorial, industria exportadora, memoria democrática, formación ciudadana?
- Redistribuir activamente: usar el presupuesto como instrumento de corrección, no solo de continuidad, llevando recursos hacia donde hay déficit histórico de acceso, no hacia donde existe tradición de asignación.
- Evaluar resultados: medir si el gasto en patrimonio efectivamente protege patrimonio en riesgo, si el gasto en cine efectivamente genera industria y si el gasto en gestión sociocultural efectivamente amplía el acceso en las regiones.
- Corregir desigualdades territoriales: la tarea más urgente y la más ausente en un país tan centralizado como Costa Rica, con un Valle Central históricamente concentrador de infraestructura y de decisión.
A la luz de esta serie 2024-2027, Costa Rica no tiene lo segundo. Tiene la administración de un aparato heredado del siglo pasado —museos, teatros, bandas, un sistema de bibliotecas— que se contrae y se expande según la lógica de menor resistencia, no según un proyecto de país. Y esto importa porque las dos lógicas producen resultados profundamente distintos ante un mismo ajuste fiscal. Un modelo de administración, cuando debe recortar, recorta parejo o recorta donde puede, sin preguntarse qué recorte profundiza qué desigualdad. Una política de Estado, cuando debe recortar, protege lo estratégico y lo redistributivo aunque cueste políticamente, y explica públicamente por qué lo hace.
El síntoma más claro de que Costa Rica opera en el primer registro y no en el segundo no es un recorte aislado, sino la combinación de tres gestos que este presupuesto contiene simultáneamente. Se desfinancia el cine, la única área con proyección industrial exportadora real, en casi la mitad. Se borra del mapa presupuestario una casa de cultura provincial, el único punto de contacto institucional en un territorio históricamente desatendido. Y se sostiene, e incluso se incrementa, el gasto en el núcleo simbólico centralizado y menos cuestionable políticamente.
Esta distinción no es un adorno teórico ni un ejercicio de erudición innecesaria. Es, de hecho, la pregunta que cualquier ministerio de cultura debería poder responder ante su propio presupuesto: ¿este número es resultado de una decisión estratégica estudiada o es simplemente lo que quedó después de un ajuste contable para cerrar los números y presentarlos ante Hacienda? La evidencia de este presupuesto, con una consistencia incómoda, apunta a que la segunda alternativa es la correcta. Y, si esa es la alternativa correcta, entonces el problema de fondo no es fiscal; es la ausencia, en el diseño institucional costarricense, de un lugar desde el cual alguien esté obligado a hacerse esa pregunta antes de firmar el presupuesto.
El ejercicio presupuestario 2024-2027 obliga a formular otra pregunta que trasciende la coyuntura fiscal: ¿qué tipo de Estado cultural está construyendo Costa Rica para la próxima década? Si la tendencia se sostiene, el retrato es el de un país que concentra en San José lo que queda de inversión cultural simbólica; que renuncia a una política de industrias creativas sacrificando al cine en nombre de un ajuste que no discrimina entre gasto corriente e inversión estratégica; que debilita su infraestructura de memoria y conocimiento —Archivo Nacional, Sinabi, Patrimonio—, hipotecando su capacidad de reconstrucción futura; y que carece de mecanismos de transparencia suficientes para explicar decisiones tan graves como la desaparición de una partida provincial.
Este no es un problema de falta de recursos —coartada que suele usarse para evitar la discusión sobre prioridades—. La pregunta nunca es si hay plata, sino qué lugar ocupa la cultura en la jerarquía de decisiones del Estado. Y la respuesta que dan estos números, leídos a través de la distinción entre administrar y gobernar, es incómoda: ocupa un lugar residual, gestionado por inercia y sacrificado primero, cuando se sacrifica, allí donde nadie decidió activamente protegerlo.
Los presupuestos culturales no son solo contabilidad: son declaraciones de intenciones sobre qué tipo de comunidad política se quiere ser. Un país que desfinancia su cine, que borra la presencia institucional de la cultura en uno de sus puertos históricos y que sostiene ese ajuste sin una narrativa pública coherente de descentralización no está simplemente cuidando las finanzas públicas; está decidiendo, aunque no lo diga en esos términos, que la cultura como derecho territorial y como industria es prescindible.
Si el país aspira a que la cultura sea, de verdad, un eje de desarrollo territorial y de proyección internacional, y no solo una consigna de discursos institucionales, el primer paso deberá ser transitar, con criterios explícitos, públicos y evaluables, del modelo de administración heredada hacia una política cultural de Estado. Mientras esa transición no ocurra, cada nuevo ciclo presupuestario seguirá castigando, casi por defecto, a quien tenga menos capacidad de resistencia: las provincias, la industria audiovisual y la infraestructura de memoria del país.
Los números, en este caso, no necesitan interpretación forzada. Necesitan un Estado dispuesto a leerlos como una decisión y no como el resultado de no haber decidido nada.