En el Franz Liszt Schule, una mensualidad cuesta ₡444.000; en el Colegio Humboldt, ₡525.000; y en Saint Francis, hasta ₡576.000. En la Universidad de Costa Rica (UCR), en cambio, el tope ordinario de matrícula es de ₡192.600 por semestre. Dos semestres cuestan menos que una sola mensualidad de cualquiera de esos colegios. La diferencia plantea una pregunta: ¿por qué mantener un tope tan bajo también para quienes tienen capacidad de pagar más?
La UCR ya cuenta con un sistema de becas que distingue las necesidades económicas de sus estudiantes. Algunas personas reciben exoneraciones y apoyos para cubrir sus gastos. Pero hay un beneficio menos visible: incluso quien paga la matrícula completa recibe educación por debajo de su costo de formación. Esa diferencia constituye un subsidio implícito. Entre quienes pagan matrícula completa, la tarifa por crédito es la misma, independientemente del ingreso familiar.
Los subsidios universitarios tienen una justificación económica. La educación superior genera externalidades positivas: forma profesionales, produce conocimiento y beneficia a personas que nunca pasarán por sus aulas. La cuestión no es si debe existir inversión pública, sino cómo distribuirla. Una familia capaz de asumir una mayor parte del costo educativo no necesita el mismo apoyo que otra para la cual continuar estudiando depende de una beca.
La propuesta es sencilla: elevar la tarifa ordinaria de matrícula y su tope semestral y, al mismo tiempo, conservar y fortalecer las becas socioeconómicas. No se trata de fijar una tarifa distinta para cada hogar. Tampoco de trasladar a la universidad pública los precios de la privada. Se trata de reducir parte del subsidio de quienes pueden contribuir más, sin cobrar por encima del costo de su formación y sin desproteger a las familias que necesitan ayuda. El nuevo monto debe responder a la capacidad de pago y al costo de formación, no a una cifra arbitraria.
Esta combinación responde al principio de equidad vertical: quienes tienen distinta capacidad económica no deberían soportar la misma carga efectiva. Con una tarifa general más alta y becas que protejan a quienes lo necesitan, el sistema podría ser más progresivo sin crear precios individuales. También cambiaría la incidencia distributiva del gasto: una mayor parte del apoyo público se concentraría en quienes más lo necesitan. Importa no solo quién recibe el subsidio, sino qué oportunidades podrían financiarse al distribuirlo mejor.
La finalidad sería reinvertir los ingresos adicionales. La UCR presupuestó ₡41.398 millones para becas en 2026. Reforzar los apoyos de alimentación, transporte y alojamiento ayudaría a que más estudiantes puedan permanecer en la universidad. Otra parte de los recursos podría destinarse a contratar docentes, abrir grupos adicionales y desarrollar nuevas carreras en áreas emergentes con demanda creciente en los próximos años, siempre como complemento del financiamiento estatal.
Aquí importa el costo marginal: cuánto cuesta ampliar la oferta académica, no cuánto resulta de dividir todo el presupuesto entre el número de estudiantes. Cuando ya existen aulas y horarios disponibles, abrir grupos para atender cursos con demanda insatisfecha puede requerir principalmente docentes y apoyo académico, sin construir edificios nuevos.
La UCR reconoció en 2026 demanda insatisfecha en Estudios Generales, ciencias básicas y otras asignaturas. Quienes ya ingresaron necesitan cupos en esos cursos para avanzar, mientras otras personas esperan una oportunidad para ingresar. Si se amplían los cupos de primer ingreso, también debe crecer la oferta de cursos conforme esas nuevas generaciones avanzan en sus carreras. Para sostener esa expansión, las aulas no bastan: también hacen falta recursos docentes.
Un mayor arancel también podría influir en los incentivos académicos. Una investigación de Beneito, Boscá y Ferri sobre recargos por repetir asignaturas encontró efectos del precio sobre el esfuerzo estudiantil. Sin embargo, elevar un tope semestral no equivale a imponer un recargo por repetición: ese efecto no puede darse por descontado y tampoco sería el fundamento de la reforma.
El éxito de la reforma no se mediría por cuánto se recaude, sino por cuántas oportunidades adicionales se generen: más becas, más cursos y nuevos cupos sostenibles. Ese es el costo de oportunidad de mantener subsidios donde menos se necesitan: las oportunidades educativas que podrían financiarse con los mismos recursos.