Costa Rica envejece mientras el nuevo hospital geriátrico sigue sin fechas definidas para su licitación, construcción y entrada en operación. Esa distancia entre las necesidades del país y el avance de una obra estratégica merece una respuesta pública. Cada revisión técnica debe acercarnos a una decisión y cada decisión debe tener una persona responsable y un plazo verificable.
Como presidenta de la Junta de Salud del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes, considero indispensable que la Caja Costarricense de Seguro Social formalice una ruta de ejecución para las dos etapas del proyecto. La ciudadanía necesita saber qué falta, quién debe resolverlo y cuándo podrá comprobar que se cumplió. Esa es la petición que presentamos al comenzar el Mes de la Persona Adulta Mayor.
La dimensión del desafío está documentada. Según las proyecciones nacionales del INEC publicadas en 2024, para 2050 el 25% de la población tendrá 65 años o más, frente al 11% estimado para 2024. La proporción de personas de esas edades se duplicaría entre 2024 y 2044. Estamos ante un cambio que debe orientar desde ahora la planificación de los servicios públicos.
Otro indicador ayuda a comprender sus implicaciones: el INEC proyecta que la relación entre las personas de 65 años o más y la población de 15 a 64 años pasará de 16 por cada 100 en 2024 a 39,2 en 2050. Es una relación demográfica, no una medida de dependencia individual, pero muestra cuánto cambiará la estructura del país. Preparar la atención especializada y fortalecer las redes de cuidado debe formar parte de esa respuesta.
Para las personas mayores y sus familias, la discusión sobre infraestructura tiene un significado concreto. Se relaciona con la posibilidad de recibir atención oportuna, preservar la autonomía y contar con apoyo cuando aparecen necesidades de cuidado. También involucra a quienes acompañan consultas, organizan tratamientos y sostienen la vida cotidiana. El nuevo hospital debe planificarse a partir de esas necesidades y de su función dentro de la red de la CCSS.
En una sesión de seguimiento del 29 de setiembre sobre el avance de esta obra se nos informó de una nueva revisión del estudio de oferta y demanda, que podría modificar el dimensionamiento de ambas etapas. El personal técnico comunicó que prevé concluir ese análisis en noviembre de 2026. Esa previsión todavía no constituye un plazo formal aprobado. Tampoco se estableció una nueva fecha de licitación, de inicio de construcción o de entrada en operación.
La distinción importa. Una expectativa comunicada en una reunión permite orientar el seguimiento, pero resulta insuficiente para exigir cuentas sobre la ejecución. La CCSS debe precisar el alcance de esta revisión, explicar por qué es necesaria, identificar los productos que entregará y formalizar su fecha de conclusión. Debe indicar, además, qué decisiones podrán tomarse con sus resultados y cuánto tiempo requerirá cada paso posterior.
Los estudios rigurosos son esenciales para invertir bien los recursos públicos y definir servicios adecuados. Precisamente por eso, requieren continuidad, equipos responsables y criterios claros de cierre. Si cada revisión abre una nueva incertidumbre sobre el calendario, la planificación pierde capacidad para conducir la obra. Acelerar el proceso exige organizar las tareas, resolver obstáculos y evitar pausas que no tengan explicación ni fecha de salida.
También hay avances que debemos reconocer. De las 16 propiedades requeridas para el proyecto, se reportaron seis inscritas a nombre de la CCSS, cuatro con escritura firmada y en trámite de inscripción, tres pendientes de fecha de firma y tres previstas para la vía judicial. Son situaciones distintas que requieren seguimiento específico. Reconocer lo realizado obliga a proteger ese avance y a definir cómo se resolverán los trámites restantes.
La ruta que solicitamos debe reunir los estudios, la gestión de los terrenos, los recursos y los procedimientos necesarios para ejecutar ambas etapas. Para cada hito debe señalar un responsable, una fecha y una evidencia de cumplimiento. Si existen actividades que pueden avanzar simultáneamente, corresponde identificarlas y aprovecharlas. Si hay una dependencia que impide continuar, debe explicarse junto con la acción necesaria para resolverla.
Propongo que esa información se haga pública y se actualice periódicamente, con los resultados alcanzados y las razones de cualquier cambio. Ante una demora, la rendición de cuentas debe incluir las medidas correctivas y su efecto en el calendario. Así, la Junta de Salud, los órganos de control y la ciudadanía podrán dar seguimiento a compromisos concretos.
Nuestra Junta gestionará reuniones con la Dirección del Hospital, la Gerencia Médica y la Dirección de Planificación Institucional para conocer el alcance de los ajustes y su impacto en el cronograma. Asimismo, dará seguimiento, junto con la Defensoría de los Habitantes, a la solicitud del informe de Auditoría Interna relacionado con el proyecto. Este esfuerzo busca contribuir a una ejecución con continuidad y transparencia.
Mientras se concreta la nueva infraestructura, también deben garantizarse condiciones de atención seguras y oportunas en la sede actual. El reconocimiento a las personas mayores debe expresarse en decisiones que respondan a sus necesidades presentes y preparen los servicios del futuro. Formalizar los plazos del nuevo hospital, concluir los estudios y sostener el avance de ambas etapas es una responsabilidad que la CCSS debe asumir ahora.