La iniciativa de Antonio Trejos plantea incorporar consultas desde la etapa de diagnóstico, ampliar a 30 días hábiles la convocatoria a audiencias públicas y obligar a las municipalidades a responder las observaciones ciudadanas.
El diputado Frente Amplio (FA), Antonio Trejos Mazariegos, presentó un proyecto de ley (expediente 25.871) para ampliar los mecanismos de participación ciudadana durante la elaboración, actualización y modificación de los planes reguladores municipales.
La iniciativa pretende reforma los artículos 17, 59 y 60 de la Ley de Planificación Urbana y adiciona una atribución al Código Municipal.
Actualmente, la ley exige realizar una audiencia pública antes de implantar o modificar un plan regulador, convocada con al menos 15 días hábiles de anticipación. El proyecto propone que la participación comience desde el diagnóstico territorial, antes de la aprobación técnica de la propuesta.
Para ello, las municipalidades tendrían que comunicar públicamente el inicio del proceso y habilitar mecanismos físicos y digitales para recibir aportes. Podrían utilizar talleres, reuniones, entrevistas, encuestas, grupos focales u otras metodologías adaptadas a las características del territorio.
Una vez elaborada la propuesta y obtenida la viabilidad ambiental, la municipalidad tendría que convocar a la audiencia pública con al menos 30 días hábiles de anticipación.
Después de esa audiencia, la administración municipal tendría 30 días hábiles para analizar las observaciones recibidas y comunicar si las aprueba, rechaza total o parcialmente o incorpora al plan, mediante una respuesta motivada con criterios técnicos y jurídicos.
Si posteriormente se introducen cambios sustanciales que modifiquen significativamente el alcance territorial o los impactos ambientales o sociales de la propuesta, tendría que celebrarse una nueva audiencia pública.
La exposición de motivos justifica estas modificaciones, al indicar:
La participación debe desarrollarse con información suficiente sobre las condiciones ambientales de la propuesta. Una audiencia celebrada sin que se disponga de los estudios y decisiones ambientales legalmente exigibles puede limitar la capacidad de las personas para valorar las consecuencias del plan y formular observaciones fundamentadas".
La propuesta también dispone que las municipalidades cuenten con una oficina, junta o comisión local de planificación integrada por entre tres y nueve personas, con participación de regidores, funcionarios municipales y vecinos. La designación de representantes comunales tendría que respetar criterios de inclusión, paridad de género, publicidad y transparencia.
Además, la Dirección de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) tendría que mantener un repositorio público de los planes reguladores vigentes, mientras que las propuestas preliminares deberían permanecer disponibles tanto en medios digitales oficiales como en formato impreso.
El expediente se presentó el 27 de octubre con las firmas de respaldo de toda la bancada del FA. Debido a que la Asamblea Legislativa inicia el segundo periodo de sesiones extraordinarias el próximo 1 de noviembre, el proyecto debe ser convocado por el Poder Ejecutivo para iniciar su trámite correspondiente.