ACTUALIZACIÓN: Diputada oficialista dice que votó por error contra recorte a universidades y promete corregirlo
La diputada oficialista Kattia María Ulate Alvarado, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), votó este lunes junto a la oposición para impedir que prosperara una moción que pretendía recortar ₡8048,1 millones del presupuesto de las universidades públicas para 2027 y trasladar esos recursos al financiamiento de obligaciones patronales del Ministerio de Educación Pública (MEP).
La propuesta, presentada por el jefe de fracción oficialista y presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Nogui Acosta Jaén, fue rechazada con seis votos en contra y cinco a favor durante la discusión de las mociones de fondo del expediente 25.754, correspondiente al presupuesto nacional de 2027.
Ulate fue la única representante del oficialismo que votó contra la propuesta. Su posición permitió que la oposición alcanzara la mayoría necesaria para rechazar la moción número 16, pese a que el PPSO cuenta con seis de los once integrantes de la comisión.
Además de Ulate, votaron contra el recorte los diputados Diana Murillo Murillo, Salvador Padilla Villanueva y Ángela Aguilar Vargas, del Partido Liberación Nacional (PLN); así como Antonio Trejos Mazariegos y María Eugenia Román Mora, del Frente Amplio.
A favor de la reducción presupuestaria votaron los oficialistas Nogui Acosta, Grethel Ávila Vargas, Cindy Murillo Artavia, Daniel Siézar Cárdenas y Gerarld Bogantes Rivera.
Según se escucha en la grabación de la sesión, Ulate habría intentado cambiar su voto, sin embargo, eso fue impedido por la oposición. El frenteamplista Trejos señaló que no se podían modificar los votos emitidos, una vez la presidencia del foro hubiese empezado a anunciar el resultado de la votación, lo cual Acosta ya estaba realizando.
Esta moción podría aprobarse posteriormente, mediante una moción de reconsideración a la votación.
¿Qué pretendía recortar la moción?
La modificación planteaba eliminar una transferencia de ₡8.048.128.252 correspondiente a recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), cuya devolución fue acordada el 20 de noviembre de 2025 entre el Gobierno y el Consejo Nacional de Rectores (Conare), en el marco de la Comisión de Enlace.
Estos recursos correspondían a fondos postergados durante la pandemia de COVID-19 y cuya incorporación al presupuesto de 2027 formaba parte de los compromisos asumidos entre ambas partes.
La propuesta contemplaba retirar ₡1.899.858.563 a cada una de las cuatro universidades tradicionales: la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA), el Tecnológico de Costa Rica (TEC) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED). A la Universidad Técnica Nacional (UTN) se le habrían rebajado ₡448.694.000.
El dinero no desaparecía del presupuesto nacional, sino que se trasladaba a las partidas del MEP destinadas al pago de contribuciones patronales a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).
Durante la discusión, la diputada oficialista Grethel Ávila defendió el traslado de recursos para atender obligaciones estatales con el sistema de pensiones del Magisterio Nacional. Por su parte, el frenteamplista Antonio Trejos cuestionó la constitucionalidad de la propuesta.
La liberacionista Diana Murillo también criticó que la iniciativa llegara a votación pese a los intentos de negociación de los días anteriores:
Hicimos todo lo posible para que esta moción fuera retirada; sin embargo, no fue posible y más bien lamentable que los compañeros de Pueblo Soberano se levantaran de la mesa de negociación".
Otras propuestas de recorte siguen pendientes
El rechazo de la moción 16 no implica que hayan quedado descartadas todas las reducciones presupuestarias planteadas por el oficialismo contra las universidades públicas, pues todavía se tramitan otras modificaciones a los presupuestos de 2026 y 2027.
Una de ellas es la moción 104, presentada precisamente por Grethel Ávila y Kattia Ulate, que plantea retirar ₡8.918.122.200 de las transferencias destinadas a gastos operativos de la UCR, la UNA, el TEC y la UNED. Cada institución perdería ₡2.229.530.550, recursos que también se trasladarían a las contribuciones patronales para Jupema.
Otra propuesta, identificada como moción 105, modifica la distribución de ₡462,2 millones destinados a las olimpiadas científicas. En lugar de mantener la totalidad de los recursos asignados a la UCR, plantea transferir ₡138,66 millones a esa institución y ₡323,54 millones a la UNA. En este caso, el monto total para las actividades se conserva, pero cambia su distribución entre universidades.
Por separado, dentro del segundo presupuesto extraordinario de 2026, expediente 25.803, también se tramita una propuesta para rebajar ₡8048,1 millones de fondos universitarios, equivalente al monto que pretendía eliminar la moción rechazada este lunes para el ejercicio económico de 2027.
Estas modificaciones forman parte del paquete de propuestas sobre el cual los rectores de las cinco universidades estatales advirtieron la semana anterior, al señalar que comprometería alrededor de ₡26.000 millones en recursos previstos para ambos ejercicios presupuestarios.
Según las autoridades universitarias, las reducciones afectarían principalmente la operación de sedes regionales, proyectos de infraestructura y la apertura de nuevas oportunidades académicas. Entre las consecuencias señaladas figuraron la eventual cancelación de 417 nuevos cupos en carreras de ingeniería de la UNA, dificultades para el funcionamiento del Centro Académico de Limón del TEC y restricciones para admitir estudiantes en la UNED.
La Comisión de Asuntos Hacendarios tiene plazo hasta el martes 20 de octubre para dictaminar el proyecto de presupuesto nacional de 2027. El expediente recibió 137 mociones de fondo, cuya discusión comenzó el viernes anterior y continuó este lunes.