La iniciativa de Mayuli Ortega Guzmán plantea crear el delito de sedición mediante un artículo 280 bis, numeración que ya ocupa una disposición contra el sicariato.
La diputada Mayuli Ortega Guzmán, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), presentó un proyecto de ley (expediente 25.848) que reformaría el artículo 280 del Código Penal para elevar las penas por instigación pública y adicionaría un artículo 280 bis para tipificar el delito de sedición.
El proyecto elevaría la pena por instigación pública, actualmente de seis meses a cuatro años de prisión, a un rango de cuatro a ocho años. También ampliaría las conductas sancionadas: además de castigar a quien instigue a otra persona a cometer un delito determinado que afecte la tranquilidad pública, sancionaría a quien haga un llamado a la violencia o al desorden, sin que sea necesario que el hecho se produzca.
La iniciativa también busca castigar con cuatro a ocho años de prisión a quien cometa el delito de sedición, definido en el texto como asumir la representación del pueblo, arrogarse sus derechos o hacer peticiones en su nombre.
Un artículo 280 bis que ya existe
El proyecto presenta el artículo 280 bis como una adición, pero esa numeración ya forma parte del Código Penal. La Ley 10.841, Ley contra el Sicariato en Costa Rica, publicada en enero de 2026, incorporó un artículo 280 bis que sanciona con penas de tres a cinco años de prisión a quien solicite, ofrezca o promueva públicamente servicios de homicidio por encargo, acuerdo o promesa remuneratoria.
La misma disposición castiga a quien ofrezca públicamente servicios de preparación o entrenamiento para cometer homicidios por sicariato.
Sin embargo, el artículo 2 de la iniciativa de Ortega Guzmán dispone expresamente la adición de un nuevo artículo 280 bis para castigar la sedición con penas de cuatro a ocho años de prisión.
El proyecto propone, por tanto, incorporar una disposición penal con la misma numeración de otra que ya se encuentra vigente, sin establecer qué ocurriría con la regulación del sicariato.
La duplicación genera un problema de técnica legislativa y abre interrogantes sobre la coexistencia de ambas disposiciones o una eventual sustitución de la norma anterior. El texto presentado no contempla una solución para ese conflicto.
Alcance del delito de sedición
La propuesta define la sedición como asumir la representación del pueblo, sus derechos o formular peticiones en su nombre, retomando la prohibición establecida en el artículo 4 de la Constitución Política.
Aunque la exposición de motivos sostiene que la iniciativa no pretende limitar la libertad de expresión ni la protesta pacífica, el artículo propuesto para tipificar la sedición no establece expresamente que deba existir violencia o incitación a cometer actos violentos para que se configure el delito.
La diferencia entre la justificación de la iniciativa y la redacción de la conducta sancionada plantea interrogantes sobre el alcance de la nueva figura penal, especialmente frente a los derechos de expresión, reunión y petición.
Justificación de la iniciativa
En la exposición de motivos, Ortega Guzmán señala que el Estado debe proteger el funcionamiento de las instituciones y que las redes sociales permiten difundir de forma inmediata y masiva convocatorias contra el orden público.
Al mismo tiempo, el documento indica:
Este expediente no pretende limitar el derecho a la expresión ni limitar la protesta pacífica o diferencias políticas”.
Según la iniciativa, su finalidad es establecer responsabilidades penales para quienes llamen al desorden público o a la violencia, así como para quienes incurran en las conductas que busca tipificar como sedición.
El proyecto fue presentado el lunes 19 de octubre, el mismo día en que la fracción legislativa del PPSO anunció que presentaría una denuncia penal contra el exdiputado del Frente Amplio Ariel Robles Barrantes por hechos que, según el oficialismo, podrían constituir instigación pública.
La controversia surgió de una publicación en la que Robles propuso manifestarse y acampar frente a la Asamblea Legislativa y el Gobierno, tomando como referencia movilizaciones realizadas en Francia y España. El exdiputado rechazó haber llamado a cometer actos violentos y sostuvo que promovía una forma de protesta pacífica.
El martes 20 de octubre, la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa también aprobó abrir una investigación legislativa sobre las declaraciones de Robles, por tres votos a favor y dos en contra, con un plazo de dos meses para rendir un informe.
La presentación del proyecto de Ortega Guzmán y las actuaciones del oficialismo contra Robles coinciden temporalmente, aunque no se ha establecido que la iniciativa legislativa responda directamente a esa controversia.
El expediente 25.848 se encuentra en la etapa inicial de su trámite legislativo, pendiente de publicación en La Gaceta y de estudio en comisión.