El proyecto busca elevar de seis meses a cuatro años a un rango de cuatro a ocho años la pena por instigación pública, e incluir la causal de hacer un llamado a la violencia o al desorden, e incluye un artículo 280 bis para tipificar con cuatro a ocho años de prisión el delito de sedición, definido como la conducta constitucional de asumir la representación del pueblo, arrogarse sus derechos o formular peticiones en su nombre. En su redacción propuesta el proyecto sustituiría el actual artículo 280 bis sobre sicariato, por el delito de sedición.