No es casualidad que la inauguración del centro penitenciario excepcional para el crimen organizado, Cacco, coincida con hechos como el boicot a las sedes regionales de las universidades públicas que denunció el presidente del Consejo Nacional de Rectores ante un recorte de cerca de ₡26.000 millones pretendido por la bancada oficialista. Todo ello, en un contexto en el que el Ejecutivo trata de imponer el congelamiento del FEES 2027, que en términos reales supondría una pérdida de ₡17.000 millones en poder adquisitivo de las universidades públicas.
Sin embargo, mientras el actual Gobierno se enorgullece de su mano dura contra la delincuencia, no se atreve a admitir que el abandono de la función social y económica del Estado es el lado más oscuro que oculta su política criminal. Tal vez porque reconocerlo implicaría aceptar que su respuesta punitiva ante la urgencia es, en realidad, la continuidad de un proceso de desmantelamiento estatal que lleva décadas en marcha y cuyos efectos han recaído catastróficamente sobre los más desposeídos.
En los últimos años, al tiempo que miles de personas han quedado fuera de programas de asistencia social producto de reiterados recortes presupuestarios a instituciones como el IMAS, Banhvi o el PANI, el aumento sostenido de la población penitenciaria ha colocado a Costa Rica entre los cinco países con mayor tasa de prisionalización en Latinoamérica, con 343 personas privadas de libertad por cada 100 mil habitantes en 2024, según datos del World Prison Brief. Las explicaciones de ambos registros pueden hallarse en viejas políticas estatales que evidencian una continuidad con la lógica adoptada despiadadamente por el Gobierno “del cambio”.
Según el más reciente informe del Estado de la Nación, en los últimos 15 años el porcentaje de la inversión social dentro del gasto público disminuyó en 10,8%. Aunque esta tendencia se ha intensificado en las últimas décadas, desde 1985 nuestro país ha adoptado una política económica centrada en la diversificación de las exportaciones y la atracción de inversión extranjera, materializada paradigmáticamente en los Programas de Ajuste Estructural (PAE), que impusieron tanto la disminución del gasto y de la operación del aparato estatal como la exigencia de desregulación de los mercados. El desmejoramiento de indicadores esenciales para la calidad de vida de la población costarricense a partir de este período ha sido documentado por el Estado de la Nación, en cuyo último informe se resalta el deterioro de la educación sostenido durante los últimos siete años y los niveles de participación laboral más bajos desde 1987. Ampliamente criticada por sus efectos en el aumento de la desigualdad social y la informalidad del empleo, esta política económica ha supuesto grandes beneficios en el plano macroeconómico y en el crecimiento acelerado de zonas francas (hasta ahora). Es la famosa economía de “dos velocidades”, pero de velocidades opuestas.
Hoy también sabemos que ni siquiera en la época de las “golondrinas” y las “cárceles de estereofón” se llegó a implementar en nuestro país un sistema penal y penitenciario realmente coherente con la finalidad legalmente establecida de rehabilitación. Todo lo contrario. La reforma operada mediante la Ley 7389, que aumentó la pena máxima de prisión de 25 a 50 años, puede considerarse la primera de las múltiples legislaciones punitivas promulgadas a lo largo de tres décadas y que explican, al menos parcialmente, por qué nuestro sistema penitenciario alberga hoy a 21.173 personas, cifra récord según el último reporte del Ministerio de Justicia. Ese mismo año, la Ley 7398 aumentó las penas máximas del homicidio simple y del homicidio calificado, elevándolas de 15 a 18 años para el primero y de 25 a 35 años para el segundo. Le han seguido la Ley 7786 de Psicotrópicos, que impone prisión de 8 a 15 años ante conductas como el narcomenudeo; el establecimiento de tribunales de flagrancia mediante la Ley 8720; y la conformación de un procedimiento especializado y excepcional para la criminalidad organizada mediante las leyes 8754 y 9481, habilitando plazos máximos de prisión preventiva de hasta siete años en los casos más extremos. Si hasta 2022 hubo gobiernos que realizaron esfuerzos para orientar el sistema penitenciario hacia los fines legalmente declarados de la pena, poco efecto pudieron tener ante la maquinaria punitiva armada hasta los dientes por estas y otras reformas de ley.
Si bien la anterior es una descripción generalizante de dos procesos de transformación estatal que no han sido lineales ni unívocos, deja al descubierto la ideología neoliberal e individualista que los une y conduce coherentemente: confiando plenamente en la fuerza omnipotente del mercado, se dejan en sus manos las funciones sociales y económicas asumidas anteriormente por el Estado y se dispone del castigo como única respuesta legítima y eficaz ante la inevitable emergencia de conflictos sociales producto de la exclusión social. Bajo una lógica ciega a las causas estructurales del delito, la punición con mano dura se presenta como la única reacción capaz de retribuir al criminal el daño causado y originado en él mismo.
Se trata de un fenómeno análogo al observado por el sociólogo Loïc Wacquant en Estados Unidos y Europa hacia finales del siglo pasado: a la sumisión al mercado y la promoción de la “responsabilidad individual” como ideología y práctica gubernamental le corresponde una política pública ultrarrepresiva. La fórmula es: “difuminación del Estado económico, debilitamiento del Estado social, fortalecimiento y glorificación del Estado penal”. A criterio de Wacquant, la coincidencia de estos factores no tiene nada de casual: la renuncia a la función social y económica del Estado crea un déficit de legitimidad que es suplido por la reafirmación “obsesiva” del “derecho a la seguridad”. Es ahí donde el rédito de la promoción del castigo resulta claro: permite asumir un discurso aparentemente cívico (paz, seguridad y tranquilidad ciudadana) para eludir y rechazar demandas legítimas de seguridad social, igualdad, educación o vivienda.
Si, en un plano económico, la lógica neoliberal postula el mercado como el medio más eficiente para organizar todos los aspectos de la vida en sociedad, en la política criminal considera las causas estructurales de la delincuencia como “justificaciones” personales y, en tanto no sirva de capital humano, reduce al “criminal” a una vida desprovista de todo resguardo legal. En este escenario, las contradicciones estructurales que reproducen la exclusión social y la delincuencia no solo persisten, sino que se ven doblemente aceleradas.
En medio del desmantelamiento del Estado Benefactor observamos la consolidación de un Estado Malhechor, potenciado por el entusiasmo punitivista y neoliberal del actual Gobierno, pero conformado por una maquinaria jurídica e ideológica que hace tiempo ya está en marcha y no cesa de dictar:
¡Que el reparto de dolor sea la nueva ayuda social!, ¡que no deje más que miseria!, ¡que el pobre cargue con su pobreza tanto como el condenado su condena!, ¡que se asesine al desposeído abandonándolo, y al condenado, despojándolo de toda humanidad!”.