Los cuatro diputados del PPSO respaldaron la recomendación de no reelección, mientras los tres legisladores de oposición votaron a favor de que el magistrado continúe en el cargo.
La Comisión Permanente Especial de Nombramientos de la Asamblea Legislativa recomendó este viernes no reelegir al magistrado de la Sala Constitucional Jorge Araya García para un segundo periodo de ocho años.
La votación terminó cuatro a tres. Los cuatro diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) respaldaron la recomendación de no reelección, mientras los dos representantes del Partido Liberación Nacional (PLN) y el legislador del Frente Amplio (FA) votaron por su continuidad.
Por la no reelección votaron Marta Esquivel Rodríguez, presidenta de la comisión, Yara Jiménez Fallas, Gerald Bogantes Rivera y Antonio Barzuna Thompson, todos del PPSO. A favor de la continuidad lo hicieron Janice Sandí Morales y Salvador Padilla Villanueva, del PLN, y Antonio Trejos Mazariegos, del FA.
La decisión final corresponde al Plenario Legislativo, donde se requieren 38 votos para impedir la reelección. El oficialismo cuenta con 31 diputados, por lo que necesitaría siete votos adicionales para alcanzar esa mayoría. Si no los consigue, Araya se considerará reelecto por otros ocho años.
Así ocurrió con la magistrada Julia Varela, quien quedó reelecta pese a que hubo más votos contrarios que favorables a su continuidad. El periodo actual de Araya vence el 31 de octubre.
Esquivel reconoció que el oficialismo no cuenta actualmente con los votos necesarios, pero señaló que "no estamos en una lucha de poderes, estamos en una lucha de partidos políticos".
La legisladora, quien fue magistrada suplente, justificó su voto al señalar que Araya no se comprometió a descartar eventuales aspiraciones políticas. "No quiso ni siquiera contestar la pregunta que yo le hice sobre si se comprometía a no tener aspiraciones de índole política para los próximos ocho años", afirmó. También cuestionó que el magistrado no respondiera sobre su visa de Estados Unidos.
Durante la audiencia, Araya indicó que no se había planteado una aspiración política, que nadie se la había ofrecido y que continuará en la Sala "hasta donde Dios quiera". Sobre la visa, explicó que es ciudadano español, no necesita una visa para ingresar a Estados Unidos y no cuenta con una visa estadounidense.
Esquivel también leyó la declaración jurada que Araya aportó al proceso, donde detalló cargos que ocupó antes de llegar a la Sala, entre ellos viceministro de Gobernación y Policía, viceministro de la Presidencia, interventor de la liquidación del Banco Anglo Costarricense y asesor parlamentario. Para la diputada, esa trayectoria "nos señala que hay una vena política importante".
Barzuna sostuvo que Araya tiene "una vena política muy marcada" hacia el PLN y recordó que el PPSO prometió durante la campaña renovar el Poder Judicial. Indicó que el magistrado "ya cumplió con su periodo" y debe "hacerse a un lado" para que "entre gente nueva".
Durante la audiencia, Barzuna enumeró ocho cargos ocupados por Araya, siete de ellos en instituciones públicas y uno en el tribunal de elecciones internas del PLN. El magistrado confirmó que ocupó cargos durante gobiernos cuyos presidentes fueron electos por ese partido, pero aseguró que "nunca he militado en ningún partido político" y señaló que, después de 1998, no volvió a ocupar cargos políticos pese a que el PLN regresó al Gobierno.
Bogantes planteó que la reelección no debe considerarse automática y recordó que Araya fue magistrado suplente entre 2005 y 2018, antes de asumir como propietario, por lo que acumula cerca de 21 años vinculado a la Sala Constitucional.
Araya reconoció ese periodo, pero explicó que como magistrado suplente no ejercía permanentemente el cargo, sino únicamente cuando resultaba seleccionado mediante sorteo para integrar la Sala.
Bogantes afirmó:
La continuidad debe justificarse. No puede darse por sentada".
El diputado también cuestionó que Araya planteara que los magistrados deberían aspirar a concluir su carrera profesional con posibilidad de pensionarse. El magistrado explicó que, a su criterio, debería establecerse una edad mínima de 50 años para acceder al cargo y permitirse una sola reelección, de manera que, después de dos periodos, la persona pueda jubilarse a los 66 años mediante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Bogantes recordó que la Constitución Política no establece magistraturas vitalicias.
El legislador recordó además los cuestionamientos que en 2018 realizó el entonces diputado José María Villalta Florez-Estrada, actualmente jefe de fracción del FA, quien sostuvo que la elección de Araya respondió a un acuerdo para contar con un magistrado afín a la reforma fiscal.
Bogantes cuestionó que el representante actual del FA en la comisión no retomara esos señalamientos. Consultado sobre el tema por el diputado José Miguel Villalobos Umaña, Araya dijo que desconocía aquella declaración y confirmó que votó a favor de la constitucionalidad de la reforma fiscal en una consulta resuelta pocas semanas después de asumir el cargo.
Oposición defiende desempeño
Trejos sostuvo que haber trabajado en un gobierno hace casi 30 años no demuestra por sí mismo que una persona esté subordinada a un partido y planteó que la evaluación debe considerar productividad, retrasos, conducta ética, independencia judicial y rendición de cuentas.
El diputado indicó que, entre noviembre de 2018 y agosto de 2026, el despacho de Araya recibió 31.656 expedientes y resolvió 31.460, equivalentes al 99,4%. También señaló que existen 18 acciones de inconstitucionalidad pendientes con proyecto de sentencia, tres de ellas ingresadas en 2022, aunque consideró que la comisión recibió una explicación sobre esos casos.
Araya señaló que las acciones de inconstitucionalidad representan cerca del 1% del circulante de la Sala, que cuando asumió recibió 25 acciones pendientes y que las 18 que mantiene ya cuentan con proyecto de sentencia.
Trejos citó entre las resoluciones incluidas por el magistrado en su informe decisiones relacionadas con contaminación del agua por clorotalonil, inclusión educativa de menores con autismo, protección de la intimidad frente a la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) y libertad de prensa en el caso Parque Viva.
Padilla indicó que, de las 31.460 sentencias contabilizadas, 27 debieron anularse, adicionarse o aclararse, lo que representa aproximadamente el 0,09%. Según el diputado, las anulaciones respondieron a fallas de trámite, entre ellas errores de notificación o del sistema informático.
El liberacionista rechazó además el argumento de la renovación y sostuvo que más del 60% de la Corte Suprema de Justicia se encuentra en su primer periodo, al igual que Araya. También señaló que durante el proceso no se acreditaron señalamientos por corrupción contra el magistrado.
Sandí afirmó que "no es un pecado tener posiciones políticas en Costa Rica" y sostuvo que la audiencia debía concentrarse en valorar el desempeño del magistrado. También destacó su formación en derecho constitucional y recordó que, durante su comparecencia del 7 de octubre, Araya sostuvo que un juez constitucional no debe resolver para agradar al gobernante de turno.
Padilla adelantó que la fracción liberacionista prepara un informe de minoría con recomendación favorable a la reelección:
Pudimos constatar en la entrevista su independencia como juez, también su productividad, la calidad en la forma de sus sentencias y que no cuenta con antecedentes de corrupción, violencia sexual o crimen organizado".
Esquivel indicó que pretende presentar el informe de mayoría el lunes 12 de octubre y pidió a Bogantes colaborar con su redacción.