La Asociación de Desarrollo Específica para la Conservación del Medio Ambiente de Playa Grande presentó un recurso de amparo por presuntas irregularidades en proyectos inmobiliarios.
La Asociación de Desarrollo Específica para la Conservación del Medio Ambiente de Playa Grande denunció presuntas irregularidades en el otorgamiento de servicios de agua y permisos ambientales para desarrollos inmobiliarios ubicados dentro o en las inmediaciones del Parque Nacional Marino Las Baulas, en Santa Cruz de Guanacaste.
La organización presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, bajo el expediente 26-030898-0007-CO, con el propósito de que se revisen las actuaciones de las instituciones responsables de proteger el área silvestre, controlar las construcciones y administrar el recurso hídrico en la comunidad.
En un comunicado divulgado el 9 de octubre, la asociación aseguró que las respuestas institucionales incorporadas al expediente judicial evidencian problemas en la gestión del acueducto local, permisos ambientales concedidos en propiedades que se superponen parcialmente con los límites del parque y dificultades para detener obras que podrían afectar el ecosistema.
La agrupación sostiene que existe una falta de coordinación entre instituciones como el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y la Municipalidad de Santa Cruz.
180 servicios de agua en una zona con limitaciones de abastecimiento
Uno de los principales señalamientos corresponde a la administración del acueducto comunal de playa Grande. Según la asociación, documentos del AyA identifican 180 nuevos servicios de agua otorgados por la asociación administradora del acueducto local (Asada), pese a que el sistema enfrenta restricciones de capacidad.
La organización cita el memorando GSD-UEN-GAR-2026-04070 y la auditoría GSD-UEN-GAR-2024-04561, documentos que, según su interpretación, señalan que el acueducto fue declarado zona deficitaria y carece de factibilidad técnica para ampliar el suministro desde 2020.
Esta condición supondría limitaciones para garantizar agua a nuevas conexiones, por lo que la autorización de servicios adicionales podría comprometer la disponibilidad del recurso para los usuarios actuales y los nuevos proyectos.
La asociación también sostiene que el AyA identificó problemas administrativos en la Asada, entre ellos el vencimiento de la personería jurídica de su junta directiva desde 2021. De acuerdo con el comunicado, el instituto prepara un expediente administrativo para valorar la intervención del acueducto comunal, conforme a las disposiciones que regulan estas organizaciones.
El documento señala, además, que no se dispone de un dato preciso sobre la cantidad de constancias de disponibilidad de agua vigentes. La asociación considera que estas circunstancias requieren una revisión de las autorizaciones concedidas a proyectos inmobiliarios y de la capacidad real del sistema para atender la demanda.
Cuestionan permisos ambientales en propiedades que se superponen con el parque
Otro de los cuestionamientos incluidos en el recurso se refiere a las viabilidades ambientales otorgadas por la Setena para proyectos ubicados en propiedades privadas que, según la asociación, se superponen entre un 25% y un 55% con los límites del Parque Nacional Marino Las Baulas.
La organización identifica los expedientes ambientales D2-0885-2022-R, D2-0943-2022-R y D1-0773-2022-Setena como ejemplos de autorizaciones que considera cuestionables por la ubicación de los terrenos.
De acuerdo con el comunicado, la Setena sostuvo en sus respuestas que las construcciones se autorizaron en las partes de las propiedades ubicadas fuera del área protegida y que las porciones comprendidas dentro del parque permanecerían sin intervención, como zonas verdes.
Sin embargo, la asociación cuestiona que se otorguen viabilidades ambientales sobre fincas que todavía presentan superposiciones con los límites del área silvestre protegida. Su planteamiento es que estas situaciones deben aclararse antes de autorizar desarrollos, para evitar intervenciones indebidas y brindar seguridad jurídica a quienes adquieren los terrenos.
La controversia también involucra las disposiciones aplicables a la zona de amortiguamiento, es decir, los terrenos cercanos al parque donde pueden establecerse medidas para reducir los impactos de la actividad humana sobre el área protegida.
Sinac reportó órdenes de paralización y denuncias penales
La asociación señaló que el Área de Conservación Tempisque del Sinac informó sobre órdenes de paralización de obras y denuncias presentadas ante la Fiscalía Adjunta Agrario-Ambiental por presuntas intervenciones dentro del parque nacional.
Entre las referencias mencionadas en el comunicado figura la causa penal 23-000017-1791-PE, relacionada, según la organización, con posibles invasiones y el incumplimiento de órdenes administrativas en el área protegida.
También indicó que el Sinac solicitó explicaciones a la Municipalidad de Santa Cruz sobre la emisión de patentes comerciales en terrenos vinculados con el parque y sobre el cumplimiento de las restricciones ambientales correspondientes.
La agrupación reprochó que, pese a las actuaciones individuales de distintas entidades, no exista una respuesta coordinada que permita resolver los conflictos relacionados con los permisos, las construcciones y la delimitación del área protegida.
El Parque Nacional Marino Las Baulas ya fue objeto de intervenciones de la Sala Constitucional por controversias similares. En enero de 2024, mediante la sentencia 2024-001082, el tribunal ordenó al Sinac realizar una inspección de construcciones para verificar posibles afectaciones ambientales dentro del área protegida, a raíz de cuestionamientos sobre permisos otorgados en inmuebles parcialmente comprendidos en el parque.
Advierten sobre amenazas para las tortugas marinas
La asociación también manifestó preocupación por los efectos del crecimiento inmobiliario y el manejo de residuos sobre las especies que utilizan las playas del parque para reproducirse, particularmente las tortugas marinas.
En febrero de 2026, Delfino.cr informó sobre una investigación científica que documentó transformaciones en el entorno del parque y un incremento de más de diez veces en las edificaciones de su zona de amortiguamiento desde 1991.
De acuerdo con los resultados del estudio, la disponibilidad de basura orgánica en zonas urbanizadas favorece la presencia de animales oportunistas, especialmente mapaches, que pueden aprovechar esos residuos como alimento y depredar nidos de tortugas.
La organización destaca que ese documento registra un aumento de la depredación de nidos, especialmente de tortuga lora, del 3% al 85% desde 2011 hasta la actualidad. También advierte sobre posibles impactos asociados con la iluminación artificial, el ingreso de mascotas, la erosión costera y la presión sobre el acuífero local.
Para la agrupación, estas amenazas refuerzan la necesidad de regular las actividades inmobiliarias y mejorar el manejo ambiental de las comunidades cercanas al parque, uno de los sitios de anidación de la tortuga baula en el Pacífico oriental.
Proponen acciones para residentes, desarrolladores e instituciones
Además del recurso judicial, la asociación planteó una propuesta de corresponsabilidad dirigida a residentes, administradores de alquileres vacacionales, inversionistas, empresas constructoras, corredores de bienes raíces e instituciones públicas.
Entre las medidas sugeridas figuran instalar contenedores de basura resistentes al acceso de animales silvestres, impulsar el compostaje de residuos orgánicos, controlar el ingreso de mascotas a las playas protegidas y reducir la contaminación lumínica mediante iluminación dirigida hacia el suelo.
También pidió a compradores y desarrolladores verificar cuidadosamente la situación registral y ambiental de las propiedades antes de invertir, especialmente cuando existan dudas sobre su ubicación respecto de los límites del parque nacional.
En el ámbito institucional, la organización solicitó mejorar la coordinación entre las autoridades encargadas del agua, los permisos de construcción, las viabilidades ambientales y la conservación del área protegida.
El presidente de la asociación, Christian Díaz Chuquisengo, afirmó que el recurso busca compatibilizar las actividades económicas de playa Grande con la protección del patrimonio natural y el respeto de las disposiciones legales.
Este Recurso de Amparo presentado por la comunidad no busca frenar el bienestar, el empleo, ni frenar el desarrollo; es el instrumento legal indispensable para restablecer la legalidad, proteger el agua y que este paraíso natural que atrae a nuevos vecinos e inversionistas, siga existiendo para las futuras generaciones".
La asociación sostuvo que su objetivo es impulsar un modelo de desarrollo que permita conservar los ecosistemas de playa Grande, garantizar el suministro de agua y ofrecer mayor certeza jurídica a residentes, propietarios e inversionistas.