La justicia es uno de los pilares fundamentales para la convivencia, la paz y la cohesión social. La sociedad costarricense la considera una base indispensable del Estado Social de Derecho y de la democracia. La Corte Suprema de Justicia, el órgano de mayor jerarquía del sistema judicial costarricense, está integrada por 22 magistraturas y se divide en cuatro Salas que resuelven recursos en materia civil, contencioso-administrativa, laboral, familiar y penal, además de la Sala Constitucional o Sala IV, que vela por la defensa de la Constitución Política y los derechos fundamentales.
La Asamblea Legislativa de Costa Rica es la responsable de nombrar a los magistrados y magistradas titulares y suplentes, con una mayoría requerida de 38 diputaciones. Al hacer depender la elección directamente de la Asamblea Legislativa, el sistema actual hace que los nombramientos corran el peligro de responder a negociaciones, cuotas o intereses de partidos políticos y grupos de gobierno, en lugar de tomar como fundamento méritos estrictamente técnicos.
Además, este sistema de elección carece de metodologías de evaluación rigurosas y se desarrolla tradicionalmente bajo dinámicas opacas. Lo anterior, sin mencionar que el uso de la elección o el bloqueo de nombramientos —como ocurre desde hace varios meses— se constituye en una herramienta de presión política y confrontación entre el Poder Ejecutivo, los partidos políticos y el Poder Judicial.
Se requiere, sin duda, una reforma al sistema de elección de las magistraturas en nuestro país.
De conformidad con datos del Foro de Justicia (2025), la metodología empleada en los nombramientos en el sistema costarricense presenta una serie de deficiencias en relación con los estándares internacionales, entre las que se incluyen la falta de parámetros claros de evaluación del desempeño de las personas postulantes y la carencia de un sistema de valoración objetiva tanto para los atestados como para las entrevistas, entre otras. En resumen, el sistema actual no establece cómo se evaluarán los requisitos formales exigidos y la presentación de documentos, y no asegura una selección basada en méritos. Por ende, urge la formulación de propuestas para abordar esta problemática.
Costa Rica ha sido objeto de varias intervenciones de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de personas Magistradas y Abogadas, a cargo de la Sra. Margaret Satterthwaite. En su publicación más reciente en la red social X, del pasado 16 de octubre, la Relatora externa su preocupación sobre “el estancamiento del nombramiento de magistraturas suplentes de la Sala Constitucional, que amenaza el funcionamiento del tribunal y la tutela efectiva de los derechos fundamentales”. En dicha publicación, la Sra. Satterthwaite sostiene, además, que los procesos de nombramiento “deben avanzar sin demoras indebidas y con criterios claros, objetivos y transparentes.”
Múltiples organismos internacionales coinciden en que no existe un mecanismo único “perfecto” que sea universal para la elección de las personas magistradas. Sin embargo, los sistemas que priorizan la meritocracia, la transparencia y un estricto equilibrio de poder son ampliamente reconocidos como modelos de referencia a nivel mundial.
Uno de estos sistemas es el que prevé la composición de una Comisión Independiente de Nombramiento Judicial. Este sistema, considerado a menudo el modelo ideal para prevenir la captura política, dispone que un panel independiente y no partidista, compuesto por jueces de alto rango, profesionales del derecho y personas ciudadanas comunes, evalúe las candidaturas. La Comisión realiza entrevistas públicas y envía una lista reducida para su nombramiento formal. Al centrarse en el mérito, las personas candidatas son evaluadas mediante criterios estandarizados, exámenes y trayectorias objetivas, en lugar de por su ideología política.
Otros sistemas que recogen buenas prácticas prevén nombramientos por períodos largos, lo que evita, en mayor grado, que la independencia judicial se vea seriamente comprometida. La estabilidad en el cargo coadyuva a proteger la judicatura frente a presiones políticas.
Como último elemento por retomar está el papel de la sociedad civil, que debe tener la oportunidad de observar las audiencias, las entrevistas completas y las motivaciones de las personas diputadas para votar por una candidatura específica.
Los principales retos radican, entonces, en asegurar que los procesos de selección y nombramiento respondan a parámetros internacionales de administración de justicia; garantizar la estabilidad en el cargo con evaluaciones periódicas de rendimiento y probidad; proteger la independencia en las decisiones judiciales; y procurar que todo ello redunde en la promoción y el respeto de estándares internacionales de derechos humanos.
El camino es largo, el momento es difícil, pero la perseverancia da sus frutos. El momento es oportuno para seguir la lucha en pro de una administración de justicia independiente.