No siempre hace falta cerrar un medio de información o encarcelar a un opositor para silenciar la crítica. Existe una forma menos visible: hacer que hablar resulte peligroso, costoso y agotador. Que una pregunta incómoda se convierta en una investigación interminable. Que quien denuncia un abuso termine obligado a defenderse de una acusación sin fundamento.
La autocensura es el triunfo más discreto de esa estrategia: el poder ya no necesita ordenar silencio porque otros aprenden a imponérselo.
La Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras (RSF) ofrece una advertencia clara: el indicador jurídico es el que más se ha deteriorado durante el último año, reflejo de la creciente criminalización del periodismo. Por primera vez en la historia de este índice, más de la mitad de los países y territorios evaluados presentan una situación «difícil» o «muy grave».
El problema no se limita a las dictaduras. También aparece en democracias que creíamos perfectas, donde sobreviven elecciones y garantías constitucionales, pero las herramientas legales se utilizan para debilitar a quienes fiscalizan al poder inventando casos en su contra. Algunos casos ya los podemos ver contra comunicadores de redes sociales, pero ese mecanismo se podría extender también a periodistas de medios informativos, opositores, organizaciones y ciudadanos.
Una acusación fabricada cumple dos funciones: obliga al señalado a defenderse y desvía la atención de aquello que denunció. Ya no se discute el posible abuso del gobernante, sino la supuesta culpabilidad de quien lo reveló.
La pregunta sobre el uso de los recursos públicos queda eclipsada por otra: ¿qué habrá hecho quien se atreve a preguntar?
RSF documenta un caso especialmente grave en Filipinas: el de la periodista Frenchie Mae Cumpio, condenada en un contexto de utilización de cargos vinculados con el terrorismo contra informadores independientes. Según la investigación de la organización, el expediente carecía de pruebas tangibles en su contra.
El mecanismo es perverso: no se refuta la información; se desacredita a quien informa. El periodista deja de ser visto como tal y pasa a ser presentado como un enemigo. Una acusación grave basta para que el público mire con sospecha a quien antes escuchaba con atención.
No toda intimidación desemboca en prisión. También se castiga mediante demandas, citaciones, gastos legales y años de incertidumbre.
RSF señala el aumento de los litigios estratégicos contra la participación pública, conocidos como SLAPP, y destaca su utilización en Guatemala a través del caso del periodista José Rubén Zamora. En Costa Rica, recientemente, se vivió el caso del activista y comunicador Juan Bautista Alfaro Rojas, quien sufrió este tipo de litigio desde el sector privado.
El objetivo de un procedimiento abusivo puede no ser ganar el juicio, sino agotar al rival. Naciones Unidas advierte que estos litigios se emplean para presionar, intimidar y consumir los recursos de quienes intervienen en el debate público.
Una demanda puede fracasar en los tribunales y, aun así, haber cumplido su función intimidatoria. Una absolución no devuelve automáticamente el dinero, el tiempo ni la tranquilidad perdidos.
El destinatario del castigo no es únicamente el acusado. Lo son también quienes observan: el periodista que prepara otra investigación, la fuente que duda en entregar un documento, el ciudadano que piensa denunciar una irregularidad. La amenaza busca que cada uno haga sus cuentas y concluya que es mejor callar.
Una precisión es indispensable: no toda denuncia contra un periodista es falsa, ni toda investigación contra un opositor constituye persecución. La libertad de expresión no concede inmunidad frente a delitos reales. Tampoco una absolución demuestra, por sí sola, que hubo una fabricación deliberada.
Es necesario distinguir entre la invención de hechos, el abuso de procedimientos y la aplicación legítima de leyes que castigan conductas delictivas. Son realidades diferentes, aunque en la práctica puedan producir el mismo efecto de silencio.
Las preguntas decisivas son otras: ¿existen pruebas verificables? ¿Actúan autoridades independientes? ¿Se respeta el debido proceso? ¿Se aplican los mismos criterios a los aliados y a los críticos del gobierno?
Es fundamental un Poder Judicial independiente. Una justicia independiente investiga hechos. Una justicia instrumentalizada busca cómo convertir al adversario en imputado.
Defender la democracia exige más que pedir valentía a los amenazados. Exige impedir que el costo de defenderse se convierta en una pena anticipada y que las instituciones sirvan para cobrar venganzas políticas.
Cuando el poder fabrica acusaciones para silenciar críticas, no está defendiendo la ley: está castigando la libertad. Y cuando una sociedad acepta que la denuncia o el preguntar cueste la tranquilidad, el patrimonio o la libertad, el abuso deja de necesitar una mordaza. Le basta con el miedo. Ese silencio no es consenso: es poder sin rendición de cuentas y ese es el peligroso camino que todavía podemos evitar.