Luego de la Primera Guerra Mundial, la comunidad internacional definió que, para alcanzar una paz duradera, era necesaria la creación de una organización internacional donde la diplomacia, el derecho internacional y el multilateralismo convergieran.
Así surgió la Sociedad de las Naciones, creada en 1919 mediante el Tratado de Versalles. Esta fue la predecesora de las Naciones Unidas. Sin embargo, EE.UU. no formó parte de la Sociedad de las Naciones, mientras que la Unión Soviética fue expulsada en 1939. Para ese momento, Alemania, Italia, España y Japón ya se habían retirado de la organización. En esos años, estas cuatro naciones fueron controladas por regímenes autoritarios o totalitarios.
La promesa de la Sociedad fue un fracaso y no logró evitar la Segunda Guerra Mundial. El sueño se esfumó en apenas 20 años de existencia. Luego de la Segunda Guerra Mundial surgió la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como sucesora de la Sociedad.
La estructura de la ONU fue definida con base en los resultados de la Segunda Guerra Mundial. En sus inicios, la organización estuvo conformada por 51 Estados, mientras que en la actualidad está integrada por 193. Por ello, en reiteradas ocasiones se ha cuestionado si su estructura debe persistir, debido a que la guerra concluyó hace 81 años, considerando, además, que el número de miembros de la organización se ha incrementado significativamente luego de los procesos de independencia en Asia y África durante las décadas de los sesenta y setenta.
Una de las críticas recurrentes al sistema de las Naciones Unidas es el derecho de veto que tienen los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, es decir, EE.UU., China, Rusia, como sucesora de la antigua URSS, Francia y el Reino Unido.
Durante décadas, este señalamiento ha sido intermitente, esporádico y hasta disimulado. Sin embargo, ante la innegable realidad sobre el uso abusivo del veto que hacen Rusia y EE.UU., el cuestionamiento ha ido escalando poco a poco, al punto de que, durante el Debate General de este año, que tuvo lugar del 22 al 28 de setiembre de 2026, en el marco del 81.º período ordinario de sesiones de la Asamblea General, decenas de representantes estatales mencionaron, en mayor o menor medida, la necesidad de reformar la organización.
La posibilidad de enmiendas al texto de la Carta de las Naciones Unidas se encuentra definida en su artículo 108. Sin embargo, se requiere la votación de dos terceras partes de los miembros de la Asamblea General y su posterior ratificación por parte de dos terceras partes de todos los miembros de la ONU, incluidos los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad.
La Carta ha sido enmendada en tres ocasiones, una de ellas en 1963, cuando se aumentó el número de miembros del Consejo de Seguridad, pasando de 11 a 15, pero manteniendo el estatus de los cinco permanentes.
Los miembros no permanentes son designados por períodos de dos años. Actualmente, se desempeñan como miembros no permanentes los Estados de Bahréin, Colombia, Dinamarca, Grecia, Letonia, Liberia, Pakistán, Panamá, República Democrática del Congo y Somalia.
Según cifras oficiales de las Naciones Unidas, desde los inicios de la organización, los cinco miembros permanentes han vetado aproximadamente 330 resoluciones del Consejo. La mayor parte ha correspondido a EE.UU. (95) y Rusia (163). China ha aplicado el veto 23 veces, el Reino Unido 32 y Francia 18; ninguno de estos dos últimos lo ha ejercido desde 1989.
Algunos ejemplos del uso abusivo del veto los encontramos en setiembre de 2022, cuando Rusia lo ejerció en una resolución sobre la invasión a Ucrania. Mientras tanto, EE.UU. ha vetado al menos seis resoluciones del Consejo sobre Palestina.
Evidentemente, la conformación y las potestades de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad ponen en entredicho la igualdad de los miembros de las Naciones Unidas. Regiones como los países nórdicos, América Latina, los países árabes, el sudeste asiático, África septentrional, África subsahariana y Oceanía no tienen representación entre los miembros permanentes.
En principio, el veto buscaba neutralizar a los bloques hegemónicos y obligarlos a negociar, pero esta herramienta se ha convertido en carta blanca para que cada cual pueda bloquear sistemáticamente la resolución de conflictos geopolíticos y militares según su conveniencia.
La ONU es objeto de serios cuestionamientos, muchos de ellos más que fundados. El genocidio en Palestina no ha sido la única tragedia genocida que la ONU no atendió efectivamente: Camboya (1975-1979), Ruanda (1994), Srebrenica, Bosnia y Herzegovina (1995), y Birmania, de 2017 en adelante. Irónicamente, desde 1948 existe la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, la cual fue ratificada por Costa Rica (Ley 1205 de 1950). Cabe recordar que nuestro país —digamos que todavía es nuestro— también ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (Ley 8083 de 2001).
En su intervención del lunes 28 de setiembre, el Estado de Costa Rica, representado por un embajador sin carrera diplomática en su rol de orador emergente ante la confusa salida del excanciller, durante su detenidísima participación hizo dos menciones escuetas sobre una posible reforma de la ONU, sin ninguna mención al Consejo de Seguridad.
Mientras la mayoría de presidentes, primeros y primeras ministras y jefaturas de Estado usaron el principal podio mundial para hablar sobre las agresiones de Israel en Líbano, Irán y Palestina, reformas para ampliar la cantidad de miembros permanentes en el Consejo de Seguridad, el cambio climático, la inteligencia artificial y el multilateralismo, la presidenta de Costa Rica descartó participar. Ya lo había anunciado desde julio, señalando que “ (…) con que asista un representante en mi lugar, me doy por satisfecha”. Al final, prefirió irse de compras a Colombia. Así están las prioridades de nuestra política internacional.
El sistema de las Naciones Unidas navega entre retos, logros y rotundos fracasos. La enmienda es urgente; alcanzarla tomará años, quizá décadas, y dependerá de factores como el liderazgo, el multilateralismo y hasta la presión social en todos los países. Navegamos o naufragamos, he ahí el dilema.