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Imagen principal del artículo: Seccionales de cinco cuerpos policiales piden reforzar presupuesto 2027
Foto: Prensa ANEP

Seccionales de cinco cuerpos policiales piden reforzar presupuesto 2027

Representaciones de ANEP señalan faltantes de personal, recortes operativos y necesidades de infraestructura, equipamiento y mejores condiciones laborales.

Las seccionales de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en cinco cuerpos policiales pidieron que la Asamblea Legislativa revise el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 para incorporar mayores recursos destinados a personal, infraestructura, equipamiento y capacidad operativa.

El planteamiento conjunto reúne a representantes sindicales de la Fuerza Pública, Policía Profesional de Migración, Policía Penitenciaria, Policía de Control de Drogas (PCD) y Servicio de Vigilancia Aérea (SVA), quienes sostienen que las necesidades varían entre instituciones, pero requieren una planificación presupuestaria de corto, mediano y largo plazo.

ANEP solicitó que la discusión presupuestaria contemple, entre otros puntos, la creación y ocupación de plazas policiales, mejoras en los centros de trabajo, renovación de vehículos y aeronaves, protección personal, tecnología y sistemas de comunicación, capacitación y una revisión de las condiciones salariales y laborales.

El reclamo se produce después de que el proyecto presupuestario para 2027 propusiera una reducción de ₡6.154,6 millones para el Ministerio de Seguridad Pública, cuyo presupuesto pasaría de ₡356.606 millones a ₡350.451,4 millones. En el caso del Ministerio de Justicia y Paz, la disminución planteada alcanza ₡5.654,3 millones, al pasar de ₡225.383 millones a ₡219.728,7 millones.

Migración reclama más personal

En el caso de la Policía Profesional de Migración, la seccional de ANEP señaló que la propia Administración identificó inicialmente la necesidad de gestionar 100 nuevas plazas policiales y 30 administrativas, mientras que la propuesta presupuestaria para 2027 no incorporó nuevas plazas.

Según la información recopilada por la organización sindical, la Policía de Migración cuenta actualmente con 549 plazas policiales autorizadas, de las cuales 507 están ocupadas y 42 permanecen vacantes. La seccional advirtió que la disponibilidad efectiva también disminuye por vacaciones, incapacidades, capacitaciones, traslados y funcionarios destinados a otras labores.

ANEP mencionó como ejemplo la situación de la Unidad de Denuncias, donde reportó 105 expedientes pendientes de ejecutar, 81 expedientes activos de citación, 2.489 legajos pasivos y 42 denuncias pendientes en la Gran Área Metropolitana. Además, señaló que la plaza encargada de coordinar esa unidad permanece vacante y sus funciones se atienden mediante un recargo.

La representación sindical pidió realizar un estudio técnico para determinar las necesidades de personal en fronteras, aeropuertos, investigaciones, atención de denuncias, aprehensiones, deportaciones, expulsiones y labores administrativas antes de definir cuántas plazas financiar.

Déficit en Policía Penitenciaria

La Policía Penitenciaria también centró sus reclamos en la falta de personal. ANEP citó datos de la Defensoría de los Habitantes según los cuales el faltante pasó de 1.754 agentes en 2023 a 2.722 en abril de 2025.

La organización agregó que la población penitenciaria pasó de 14.921 personas en 2021 a 17.055 al cierre de 2024 y 17.692 en marzo de 2025. Según datos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura incluidos por ANEP, para el 28 de febrero de 2026 había 19.453 personas recluidas frente a una capacidad de 13.289 espacios.

El proyecto de Presupuesto 2027 contempla 164 nuevos puestos de agentes policiales, además de 79 puestos administrativos y de ayudantes de cocina para el nuevo Centro de Atención Contra el Crimen Organizado. ANEP sostuvo, sin embargo, que esas plazas no resuelven el faltante acumulado y solicitó un programa progresivo de contratación para los establecimientos existentes.

La seccional penitenciaria también pidió recursos para reparar infraestructura, renovar flotillas y sistemas de comunicación, adquirir chalecos, radios y otros equipos de protección, así como revisar las diferencias entre funcionarios remunerados mediante salario compuesto y quienes reciben salario global.

PCD y Vigilancia Aérea señalan recortes

Las seccionales de la Policía de Control de Drogas y el Servicio de Vigilancia Aérea centraron sus cuestionamientos en reducciones de partidas relacionadas directamente con sus operaciones.

Para Vigilancia Aérea, ANEP identificó una disminución de ₡12,7 millones en mantenimiento y reparación de equipo de transporte y de aproximadamente ₡9,8 millones en repuestos y accesorios. También señaló que la propuesta para 2027 no asigna recursos en las partidas de textiles y vestuario ni de útiles y materiales de resguardo y seguridad.

En la PCD, la organización señaló reducciones de ₡26,94 millones en textiles y vestuario, ₡54,6 millones en materiales de resguardo y seguridad y ₡208,6 millones en bienes duraderos. La seccional pidió revisar esas partidas debido a las necesidades de tecnología, investigación, inteligencia, transporte, mantenimiento y equipos especializados para combatir el narcotráfico.

Fuerza Pública plantea agenda laboral y operativa

La representación de ANEP en la Fuerza Pública incorporó al planteamiento conjunto una agenda que incluye infraestructura, vehículos, motocicletas, equipos de comunicación y protección, sistemas tecnológicos y capacitación permanente.

También propuso estudiar un régimen especial de jubilación que permita analizar alternativas de retiro después de 25 o 30 años de servicio policial efectivo y con una edad mínima de 55 años, condicionado a estudios actuariales, jurídicos, presupuestarios y de sostenibilidad.

La organización pidió, además, crear una mesa técnica para revisar las diferencias entre los esquemas de salario compuesto y salario global, así como una mesa permanente de diálogo sobre el fortalecimiento de los cuerpos policiales en la que participen autoridades y representaciones sindicales.

ANEP planteó que ese mecanismo establezca prioridades, responsables, plazos e indicadores para dar seguimiento a los recursos destinados a seguridad y determinar las necesidades específicas de cada cuerpo policial durante la discusión del Presupuesto Nacional 2027.