Los bienes duraderos caerían 45,9% en Seguridad y 40,8% en Justicia; Hacienda señala que el límite presupuestario del Poder Judicial obligó al OIJ a eliminar casi todo lo previsto para sustituir vehículos y motocicletas.
El proyecto de Presupuesto Nacional para 2027 propone reducir en conjunto ₡22.361,4 millones los recursos asignados al Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Justicia y Paz y el Poder Judicial, tres instituciones que intervienen en distintas etapas de la prevención del delito, persecución penal, investigación criminal y administración penitenciaria.
Seguridad Pública pasaría de ₡356.606 millones en su presupuesto actualizado de 2026 a ₡350.451,4 millones en 2027, una disminución de ₡6.154,6 millones (-1,7%); Justicia y Paz bajaría de ₡225.383 millones a ₡219.728,7 millones, ₡5.654,3 millones menos (-2,5%); mientras el Poder Judicial recibiría ₡530.973,2 millones, frente a ₡541.525,7 millones este año, una reducción de ₡10.552,5 millones (-1,9%).
Las reducciones no se distribuyen de la misma forma entre las tres instituciones. En Seguridad y Justicia, los mayores ajustes se concentran en bienes duraderos, mientras ambas instituciones aumentarían el gasto en remuneraciones. En el Poder Judicial, Hacienda identifica una reducción tanto en salarios como en bienes duraderos y señala expresamente que las limitaciones presupuestarias afectaron inversiones previstas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Seguridad pierde ₡6.154 millones, pero mantiene recursos para combatir homicidios
El Ministerio de Seguridad Pública tendría ₡350.451,4 millones para 2027. Aunque las remuneraciones aumentarían ₡3.020,7 millones, hasta ₡286.177,3 millones, y los servicios crecerían ₡833,1 millones, los recursos para materiales y suministros caerían ₡2.720,8 millones (-10,9%) y los bienes duraderos se reducirían ₡6.278,8 millones (-45,9%). Las transferencias corrientes también bajarían en ₡1.014,8 millones.
Dentro de ese presupuesto, el programa de Servicio de Seguridad Ciudadana concentraría ₡268.882,1 millones, equivalentes al 76,7% del total del ministerio. Hacienda identifica además ₡22.727 millones dirigidos específicamente a contribuir con la meta gubernamental de reducir la tasa de homicidios de 17,18 por cada 100.000 habitantes registrada en 2023 a menos de 10 para 2030.
El mismo programa contempla ₡4.335 millones para proyectos de inversión pública relacionados con la compra de vehículos nuevos para renovar gradualmente la flotilla, mantenimiento de delegaciones y oficinas, reparación de equipos de transporte y adquisición de equipos de comunicación. Al sumar las inversiones previstas en los diferentes programas de Seguridad Pública, Hacienda calcula ₡6.396,7 millones.
El folleto elaborado por Hacienda para explicar el proyecto también destaca ₡31.663,9 millones para acciones de prevención social de la violencia y lucha contra el crimen organizado.
Justicia pierde ₡5.654 millones mientras prepara funcionamiento de cárcel de alta contención
El Ministerio de Justicia y Paz recibiría ₡219.728,7 millones, un 2,5% menos que su presupuesto actualizado de 2026. El principal ajuste aparece nuevamente en bienes duraderos, que pasarían de ₡20.591,7 millones a ₡12.183,7 millones, una reducción de ₡8.408 millones (-40,8%); las transferencias corrientes caerían ₡2.447,2 millones y los servicios ₡567,1 millones.
En sentido contrario, las remuneraciones aumentarían ₡5.651,2 millones (+4%), hasta ₡145.388,2 millones, mientras los materiales y suministros crecerían ₡116,8 millones. Hacienda explica que ese último aumento permitirá financiar alimentos, medicamentos, insumos médicos, artículos de limpieza, vestuario, combustibles y repuestos, además de atender las necesidades operativas asociadas con la entrada en funcionamiento de la Cárcel de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO).
La caída de los bienes duraderos responde, según la exposición de motivos, a la finalización, reprogramación o menor necesidad de inversiones de capital respecto de 2026. Hacienda señala que durante este año se destinaron recursos para concluir la construcción del CACCO y otras inversiones penitenciarias, mientras para 2027 permanecerían obligaciones pendientes, reajustes de precios y obras como la remodelación y ampliación de la cocina del CAI Liberia y la construcción de la cocina del nuevo centro de alta contención.
El proyecto también incorpora 271 puestos nuevos en el Ministerio de Justicia y Paz, distribuidos entre plazas policiales, administrativas, de apoyo operativo, profesionales y técnicas para reforzar los servicios penitenciarios, de seguridad y gestión institucional. El sistema penitenciario y sus subprogramas concentrarían alrededor de ₡148.405,3 millones del presupuesto ministerial.
Hacienda destaca además ₡7.862,7 millones para acciones relacionadas con la lucha contra el crimen organizado, la gestión y gobernanza del Circuito de Alta Contención y el Programa Integral de Prevención de la Violencia.
OIJ tendría ₡127.898 millones y reduce recursos para vehículos e infraestructura
Dentro del Poder Judicial, el Servicio de Investigación Judicial, correspondiente al OIJ, recibiría ₡127.898,7 millones y concentraría el 24,1% del presupuesto institucional. Sería el segundo programa con más recursos, después del Servicio Jurisdiccional, que tendría ₡183.496,9 millones. El Ministerio Público recibiría ₡59.105,4 millones; la Defensa Pública, ₡44.884,9 millones; y Atención y Protección de Víctimas y Testigos, ₡10.915,1 millones.
La exposición de motivos identifica al OIJ como uno de los principales afectados por la reducción de ₡5.766,8 millones en bienes duraderos del Poder Judicial. Hacienda señala específicamente que las restricciones disponibles para formular el presupuesto obligaron a disminuir los recursos que la institución pretendía utilizar para renovar su flotilla.
El documento agrega que el límite total asignado al Poder Judicial también obligó a reducir “una parte importante” de los recursos que la institución pretendía destinar a proyectos constructivos de impacto nacional. En el caso particular del OIJ, Hacienda identifica entre las afectaciones la reducción de los recursos previstos para la construcción de la morgue judicial de Buenos Aires de Puntarenas.
Pese a esos ajustes, el presupuesto incluye ₡2.853 millones provenientes del impuesto a las personas jurídicas para el Fideicomiso Inmobiliario Poder Judicial 2015, destinados a la construcción de un edificio del OIJ que albergaría dependencias como el Departamento de Crimen Organizado y la Oficina de Planes y Operaciones. El proyecto señala que la obra pretende fortalecer la capacidad operativa y mejorar los servicios de investigación.
El OIJ también mantiene entre sus proyectos para 2027 la sustitución del sistema de detección y supresión de incendios del edificio del Departamento de Laboratorio de Ciencias Forenses y un sistema de control de incendios para el Departamento de Patología Forense.
En el conjunto del Poder Judicial, las remuneraciones caerían ₡5.698 millones y los bienes duraderos ₡5.766,8 millones, mientras los servicios aumentarían ₡2.212,1 millones y las transferencias de capital crecerían ₡704,1 millones.
Los tres presupuestos forman parte del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo y todavía pueden cambiar durante su trámite en la Asamblea Legislativa. La propuesta deberá superar el análisis de la Comisión de Asuntos Hacendarios y posteriormente las votaciones del Plenario antes de convertirse en el presupuesto que regirá durante 2027.