Hace algunos días participé en una exposición académica sobre uno de los conflictos internacionales más polarizantes de nuestro tiempo, el palestino-israelí, en el contexto actual. Entre las reacciones que leí posteriormente en redes sociales apareció un cuestionamiento que trasciende este debate: si una persona reconoce públicamente una posición frente a un conflicto, ¿puede todavía analizarlo con objetividad? La pregunta merece atención porque suele confundir dos conceptos relacionados, pero distintos: neutralidad y objetividad.
Un analista puede tener una posición. Es difícil imaginar a alguien dedicado durante años al estudio de conflictos que carezca completamente de convicciones o afinidades. Tenerlas no constituye por sí mismo un problema metodológico. El problema aparece cuando determinan anticipadamente qué hechos y fuentes serán aceptados y cuáles descartados para validar aquello que ya se cree.
La posición indica desde dónde observamos. Los sesgos forman parte del modo en que procesamos información, pero se convierten en un problema analítico cuando no son identificados, contrastados o controlados. El dogmatismo da un paso adicional: convierte determinadas conclusiones en inmunes a la evidencia contradictoria.
Por eso, reconocer una posición no refuta un argumento. Para hacerlo, habría que demostrar que sus datos son incorrectos, que sus inferencias son defectuosas, que existen omisiones relevantes o que se aplican criterios distintos ante situaciones comparables. Identificar ideológicamente a quien formula un argumento puede aportar contexto, pero no sustituye la necesidad de responder a lo que efectivamente plantea.
La neutralidad supone no tomar partido o mantener cierta equidistancia entre posiciones enfrentadas, pero la objetividad exige algo diferente: procedimientos que reduzcan la posibilidad de que nuestras preferencias determinen las conclusiones. La primera describe una posición frente a las partes; la segunda exige disciplina frente a la evidencia.
La pretensión de neutralidad también puede resultar engañosa. Presentar dos posiciones con idéntico peso no garantiza objetividad si la evidencia respalda con mayor fuerza una de ellas. Reconocer que determinado actor cometió una violación del derecho internacional, difundió información falsa o incurrió en una conducta específica tampoco convierte al analista en partidario de su adversario. La objetividad no consiste en repartir responsabilidades matemáticamente, sino en aplicar criterios consistentes, aunque produzcan resultados incómodos.
La reflexión implica preguntarnos qué presupuestos llevamos al objeto que estudiamos y qué hacemos cuando encontramos evidencia que contradice nuestras convicciones. Allí se juega buena parte de la credibilidad intelectual. Citar veinte fuentes que confirman nuestra posición demuestra capacidad de recopilación; incorporar seriamente evidencia que podría obligarnos a modificarla demuestra rigor.
Además, un análisis puede contener únicamente afirmaciones verdaderas y producir, aun así, una imagen distorsionada si omite sistemáticamente aquello que contradice su narrativa. No siempre es necesario inventar información para construir una lectura sesgada. Puede bastar con seleccionar qué hechos se mencionan, dónde comienza la cronología, cuáles antecedentes se consideran relevantes y cuáles desaparecen del relato.
Esto resulta particularmente importante en los conflictos internacionales. Las guerras producen propaganda, imágenes seleccionadas, cifras disputadas, lenguaje emocional e información incompleta. Ninguna fuente debería recibir inmunidad crítica por provenir del actor con cuya causa simpatizamos ni ser descartada automáticamente por proceder de aquel que cuestionamos. Importan la evidencia presentada, su procedencia, las posibles omisiones, el contraste con otras fuentes y las explicaciones alternativas.
También debemos distinguir entre explicar y justificar. Comprender las causas históricas, políticas, económicas, religiosas o sociales de una conducta no significa legitimarla. Un analista puede explicar por qué un gobierno, movimiento político, organización armada o población actúa de determinada manera sin convertir esa explicación en una absolución moral.
Otro problema frecuente son los dobles estándares. Si considero válido determinado criterio cuando perjudica al actor que cuestiono, debo aplicarlo también cuando afecta al actor con el que simpatizo. Las normas jurídicas, los estándares probatorios y las categorías analíticas no deberían cambiar según la bandera involucrada. Exigir evidencia rigurosa contra unos y aceptar afirmaciones débiles contra otros porque coinciden con nuestras preferencias convierte el criterio en justificación.
Esto tampoco significa caer en falsas equivalencias. Dos acontecimientos sometidos al mismo criterio pueden producir conclusiones completamente diferentes. La consistencia metodológica no exige simetría en las conclusiones, sino permitir que las diferencias emerjan de la evidencia y no de nuestras preferencias.
La universidad debería ser uno de los espacios donde este ejercicio resulte posible. El pluralismo académico no consiste en reunir personas sin posiciones, sino en garantizar que perspectivas diferentes puedan confrontarse mediante argumentos y evidencia. Pero pluralismo tampoco significa validar cualquier discurso. Defender la discusión abierta no obliga a conceder el mismo valor a una posición argumentada que a la deshumanización, la incitación al odio o la atribución colectiva de culpabilidad a una población.
Esta distinción resulta necesaria cuando se discute sobre Israel y Palestina. El sionismo, entendido en términos generales como un movimiento de autodeterminación nacional judía, contiene distintas corrientes, interpretaciones y proyectos políticos. Puede cuestionarse su historia, sus consecuencias o determinadas formulaciones sin que esa crítica sea automáticamente antisemita. Pero equipararlo sin más con el nazismo, responsabilizar colectivamente a los judíos por las acciones de Israel o recurrir a estereotipos antisemitas desplaza la discusión desde la crítica política hacia terrenos que pueden reproducir prejuicios y discursos de odio.
Esto requiere también evitar el extremo contrario: no toda crítica a Israel es antisemitismo ni toda comparación histórica incómoda constituye automáticamente discurso de odio. El contexto, el argumento y la evidencia importan. Llamar antisemita a cualquier crítica contra Israel vacía el concepto; presentar como simple crítica política cualquier demonización de los judíos también lo hace. Distinguir entre crítica, prejuicio y odio requiere el mismo rigor que exigimos al analizar un conflicto.
El pluralismo implica tolerar la incomodidad intelectual. Si en un espacio académico solamente pueden expresarse posiciones compatibles con el consenso predominante, puede existir diversidad de personas, pero no necesariamente diversidad de pensamiento. La universidad debe permitir que las ideas sean cuestionadas responsablemente, sin confundir confrontación intelectual con legitimación del odio.
Existe una diferencia sustancial entre cuestionar una posición y descalificar al interlocutor por tenerla. Decir que alguien es favorable o contrario a determinada causa puede ubicarlo dentro de un debate, pero no demuestra que sus argumentos sean incorrectos. Convertir su posición ideológica en sustituto de la discusión sobre sus argumentos constituye una renuncia al debate que la academia debería fomentar.
La pregunta crucial es qué hacemos para impedir que aquello que creemos determine aquello que estamos dispuestos a ver. La objetividad no exige ausencia de convicciones ni una imposible mirada desde ninguna parte, sino disciplina frente a nuestras propias posiciones y disposición para reconocer los límites de nuestras conclusiones.
Un analista riguroso puede tomar posición, explicar por qué la sostiene, mostrar la evidencia que la respalda y reconocer aquella que la contradice. Si los hechos demuestran que parte de lo que sostenía era incorrecto, debe estar dispuesto a rectificar. La objetividad no consiste en no tener convicciones, sino en impedir que nuestras convicciones tengan la última palabra sobre los hechos.