Abandonamos, como lo he repetido alguna vez, los gobiernos de centro y centroizquierda. Llegó entonces la hora de la derecha. Y repitió. En eso estamos y, si se completa el actual período constitucional, habremos transitado durante ocho años bajo un mismo proyecto político.
La promesa era sencilla y poderosa: venían a resolver. A comerse los problemas. A arreglar todo aquello que, según su diagnóstico, los gobiernos anteriores no solo habían sido incapaces de corregir, sino que habían terminado empeorando.
Tampoco queríamos más política tradicional. Al menos eso decía el discurso.
Porque, puestos a mirar un poco más de cerca, el partido en el poder terminó reuniendo antiguos habitantes de prácticamente toda la fauna política costarricense. Pero eso, supongo, será asunto para otra columna.
Lo importante es que estamos en tiempos de derechas. Y, por fortuna, no padecemos aquellas costumbres que durante tantos años aprendimos a identificar con los populismos latinoamericanos.
Aquí no hay acarreos para llenar plazas y discursos del oficialismo. No llegan autobuses cargados de simpatizantes. No se reparte arroz con pollo. No se pide el documento de identidad para entrar a una plaza pública.
Tampoco existe una confrontación permanente con el Poder Judicial. Nadie pretende explicarle a los jueces cómo deberían ser los jueces ni se discute desde el Ejecutivo cuál debería ser el perfil de quienes integran los altos tribunales.
Menos aún padecemos populismo.
No existe eso del pueblo sabio, del pueblo bueno, del pueblo que manda y por quien exclusivamente se gobierna. Aquí nadie divide a la sociedad entre quienes están con el proyecto y quienes conspiran contra él.
Tampoco se ataca a la prensa. Quien pregunta incómodamente no se convierte en enemigo. Un periodista crítico sigue siendo simplemente un periodista crítico y no una pieza de alguna conspiración destinada a impedir que el Gobierno trabaje.
Y, por supuesto, a nadie se le ocurriría mezclar las diferencias con los medios de comunicación con la suerte de las frecuencias mediante las cuales esos mismos medios llegan a los ciudadanos.
Las concesiones de radio y televisión son un asunto rigurosamente técnico. Tan técnico que jamás se utilizaría la posibilidad de no prorrogarlas como instrumento de presión política. Mucho menos se diseñaría un procedimiento capaz de poner a numerosos medios ante la disyuntiva de pagar sumas que consideran prohibitivas o abandonar el dial y la televisión abierta.
Eso sería peligroso.
Porque una cosa es discutir cuánto debe pagar un concesionario por explotar un bien público —discusión perfectamente legítima— y otra muy distinta permitir que alrededor de esas concesiones sobrevuele siquiera la sospecha de que la permanencia de una voz crítica depende, directa o indirectamente, de una decisión del poder.
Todo aquello lo conocemos bien.
Lo hemos visto en el México de la llamada Cuarta Transformación, donde la retórica del pueblo frente a las élites se convirtió durante años en una de las piezas centrales del discurso político. Y lo vimos, con mucha mayor intensidad, en la Venezuela bolivariana, donde la concentración del poder, la confrontación con los contrapesos institucionales y una creciente intervención estatal en la economía terminaron convirtiéndose en señas características de aquel modelo.
Por fortuna, nosotros somos distintos. Por eso tampoco debería preocuparnos que desde estructuras vinculadas al poder político se afirme poseer información sobre quiénes son determinados ciudadanos, dónde están, qué les gusta o qué hacen.
Ni tendría por qué inquietarnos que información relativa al uso de recursos públicos termine protegida bajo categorías de secreto, reserva o confidencialidad.
Eso ocurre en otros lugares. Y, desde luego, una verdadera derecha tampoco interviene precios. Confía en el mercado, en la competencia y en la libertad económica.
Los controles de precios pertenecen a otros recetarios. La Venezuela bolivariana los convirtió durante años en uno de sus instrumentos de intervención económica y su legislación llegó incluso a facultar expresamente al Estado para regular los precios de los medicamentos.
Pero nosotros somos de derecha. Salvo, aparentemente, cuando decidimos regular temporalmente los precios de los medicamentos. Entonces, quizás el asunto nunca fue tan sencillo como izquierda y derecha.
Tal vez ciertas prácticas políticas no necesiten ideología. Cambian los colores, los símbolos, los enemigos y las consignas, pero sobreviven intactas: concentración del poder, desconfianza hacia los controles, enfrentamiento con las instituciones, movilización emocional de los seguidores y esa irresistible tentación de dividir el mundo entre un pueblo virtuoso y quienes supuestamente se empeñan en obstaculizarlo.
Y ahí aparece la paradoja. Pasamos años temiendo que la izquierda latinoamericana nos enseñara cómo se hacía. ¿Quién iba a imaginar que bastaba con esperar a que llegara la derecha?