“¿Qué quiere ser cuando sea grande?”. Es una pregunta que muchos niños, niñas y adolescentes han escuchado constantemente. También algunas frases como “hay que estudiar para ser alguien en la vida”, “debe tener metas” o “tiene que pensar en su futuro”. Parecen expresiones orientadas a motivar y acompañar. Sin embargo, detrás de ellas puede instalarse una idea problemática: construir un proyecto de vida es principalmente una responsabilidad individual que cada persona debe asumir para garantizarse un futuro.
El problema no está en que los niños, niñas y adolescentes tengan metas, sueñen con una profesión o piensen en lo que desean para sus vidas. El problema aparece cuando les exigimos definir ese futuro sin preguntarnos qué condiciones tienen para construirlo.
Desde una perspectiva de protección integral, el proyecto de vida no puede reducirse a la formulación individual de metas. Su construcción requiere autonomía, participación y oportunidades reales para desarrollar las capacidades y aspiraciones de cada persona. Por eso, la pregunta “¿cuál es su proyecto de vida?” debería acompañarse de otra: “¿qué necesita para poder desarrollarlo?”.
La primera cuestión es la autonomía. Reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos significa reconocer su capacidad progresiva para participar en las decisiones que afectan sus vidas. La Convención sobre los Derechos del Niño establece su derecho a expresar su opinión y a que esta sea tomada en consideración (Naciones Unidas, 1989). La Observación General núm. 20 también plantea la adolescencia como una etapa en la que deben fortalecerse progresivamente la participación y la capacidad para tomar decisiones (Comité de los Derechos del Niño, 2016).
Esto tiene consecuencias cuando hablamos del futuro. Un proyecto de vida pierde sentido si es definido exclusivamente por las personas adultas. Orientar, informar y acompañar son responsabilidades necesarias; decidir por el adolescente qué debe llegar a ser no lo es.
Pero tampoco podemos confundir autonomía con abandono. Decirle a una persona adolescente “es tu decisión” no significa necesariamente estar reconociendo su autonomía. Puede significar trasladarle una responsabilidad que requiere apoyos que esa persona no puede generar individualmente.
Aquí aparece la segunda cuestión: no todos parten de las mismas condiciones.
Dos personas adolescentes pueden tener la misma aspiración de ingresar a la universidad. Una cuenta con apoyo familiar, conectividad, transporte, recursos económicos, información y personas que la orienten. Otra enfrenta pobreza, violencia, exclusión educativa, responsabilidades familiares o ausencia de redes de apoyo. La meta puede ser idéntica, pero las posibilidades para alcanzarla no lo son.
Es claro que tener una meta no equivale a contar con las condiciones para convertirla en una realidad. La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce principios y derechos relacionados con la no discriminación, el desarrollo, la educación y la participación (Naciones Unidas, 1989). Desde esta perspectiva, las oportunidades disponibles forman parte de las condiciones en las que los niños, niñas y adolescentes construyen sus trayectorias.
Esta discusión también permite recuperar el concepto de proyecto de vida desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso Loayza Tamayo vs. Perú, la Corte relacionó el proyecto de vida con las posibilidades de realización personal de acuerdo con las opciones y circunstancias de cada persona (Corte IDH, 1998). Esto no significa afirmar que la Convención sobre los Derechos del Niño reconozca literalmente un derecho autónomo denominado “derecho al proyecto de vida”. Más bien, esta categoría permite comprender que las posibilidades de realización personal están vinculadas con las condiciones concretas en las que las personas desarrollan sus vidas.
Podría argumentarse que insistir en las condiciones sociales corre el riesgo de minimizar la responsabilidad individual. Las personas adolescentes también necesitan aprender a tomar decisiones, asumir responsabilidades y esforzarse por alcanzar aquello que se proponen. Es cierto: reconocer las desigualdades no significa convertirlas en sujetos pasivos ni negar su capacidad de decisión. Significa comprender que la responsabilidad personal no puede ser la única explicación cuando las oportunidades están distribuidas de manera desigual.
Por eso, el desafío para las instituciones debería ser pasar de exigir proyectos de vida a acompañar su construcción. Una institución educativa, social o de protección no necesita decidir qué será un adolescente. Puede contribuir a que conozca opciones, permanezca en el sistema educativo, acceda a servicios, fortalezca sus redes de apoyo, identifique obstáculos y encuentre alternativas frente a ellos.
El acompañamiento requiere mirar también las redes, los recursos y las oportunidades disponibles. Acompañar no significa decidir por las personas adolescentes, pero tampoco dejarlas solas.
Tal vez necesitamos cambiar algunas de las preguntas que hacemos. En lugar de preguntar únicamente “¿qué quiere estudiar?”, “¿qué quiere ser cuando sea grande?” o “¿cuál es su proyecto de vida?”, deberíamos preguntar también: ¿qué necesita para decidir?, ¿qué barreras enfrenta?, ¿con qué redes cuenta?, ¿qué oportunidades debemos generar?, ¿qué temores o inseguridades tiene?
El proyecto de vida puede cambiar muchas veces. Las personas descubren nuevas posibilidades, modifican sus intereses y replantean sus decisiones. Lo importante no es que todas las personas adolescentes tengan desde muy temprano un futuro perfectamente definido; lo importante es que puedan imaginar alternativas, decidir sobre ellas, modificarlas cuando sea necesario y contar con condiciones para avanzar.
Pedirles que tengan metas es, sin duda, la parte más sencilla. Lo verdaderamente corresponsable es preguntarnos qué estamos haciendo como sociedad para que esas metas puedan convertirse en posibilidades reales.