La petición, entregada en Casa Presidencial, solicita al Gobierno cumplir una sentencia de la Sala Primera relacionada con la protección del tiburón martillo y cuestiona que continúen la pesca y el comercio de tres especies amenazadas.
Activistas por los tiburones entregaron este 29 de setiembre en Casa Presidencial una petición, con más de 10.100 firmas, dirigida a la presidenta Laura Fernández Delgado para solicitarle que intervenga en la protección de tiburones amenazados de extinción en Costa Rica.
La petición cuestiona que persistan la pesca y el comercio internacional del tiburón martillo común (Sphyrna lewini), el tiburón zorro pelágico (Alopias pelagicus) y el tiburón sedoso (Carcharhinus falciformis). Sus promotores sostienen que las tres especies forman parte del listado del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) de especies marino-costeras amenazadas o en peligro de extinción y, por ello, consideran que deben recibir la protección establecida en la Ley de Conservación de la Vida Silvestre.
Las personas firmantes también argumentan que las especies están incluidas en instrumentos internacionales de conservación, como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS), y sostienen que esas obligaciones deben reflejarse en la gestión pesquera nacional.
Piden cumplir sentencias sobre protección de tiburones
El reclamo tiene como antecedente dos resoluciones de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. En 2020, mediante el voto 2005-2020, el tribunal anuló el Decreto Ejecutivo 40379-MINAE-MAG, que había modificado la distribución de competencias de Costa Rica ante la Convención CITES y otorgado a Incopesca funciones como autoridad científica para determinadas especies. La Sala declaró también la nulidad de sus actos y actuaciones conexas.
Posteriormente, el 21 de junio de 2023, la Sala emitió la resolución 912-F-S1-2023 y anuló el acuerdo AJDIP/290-2017 de Incopesca, mediante el cual tres especies de tiburón martillo habían quedado incluidas entre las especies de interés pesquero y comercial. El tribunal determinó que ese acto estaba vinculado con el decreto previamente anulado, declaró al tiburón martillo vida silvestre en peligro de extinción y ordenó al Sinac, Incopesca y al Estado adoptar las medidas necesarias para erradicar su captura, retención, comercialización y descarga.
Al respecto, Randall Arauz, asesor en Política de Conservación Marina del Centro de Rescate de Especies Amenazadas Marinas (CREMA), afirmó:
Actualmente, la captura y comercialización de tiburón martillo común, tiburón zorro pelágico y tiburón sedoso en Costa Rica persisten al amparo de un decreto ejecutivo cuya nulidad absoluta fue declarada por la Corte Suprema de Justicia hace más de tres años”.
Arauz agregó que, a criterio de la organización, mantener esas prácticas afecta la posición conservacionista que Costa Rica sostiene en foros internacionales y aumenta la presión sobre poblaciones de tiburones.
El director ejecutivo de CREMA, Daniel Arauz, pidió a la presidenta instruir a las instituciones correspondientes para ejecutar las órdenes judiciales:
La presidenta Fernández tiene una vía clara para actuar: instruir a las autoridades competentes para que cumplan las órdenes de la Corte Suprema de Justicia”.
CREMA también sostiene que la aplicación de esas medidas permitiría mejorar las condiciones para recuperar poblaciones de tiburones afectadas por la presión pesquera.