El Poder Judicial enfrenta actualmente rebajas en su presupuesto y/o sujeción a ciertas reglas de ejecución presupuestaria. Por muchos años, la ciudadanía ha sido testigo de la muy deficiente, por no decir pésima, administración de dineros que han practicado los altos jerarcas de la institución. Inconvenientes decisiones de Corte Plena, recomendadas o avaladas por órganos asesores de la misma, han agravado el rezago judicial, vulnerando el derecho humano fundamental a la justicia pronta y cumplida y provocando la afectación de salud o incluso la pérdida de la vida de bastantes servidores judiciales.
En la idea de colaborar con los jerarcas del Poder Judicial y con el Ministerio de Hacienda, me permito plantear algunas propuestas remediales respecto de gastos absurdos que hace el aparato judicial, en nada provechosos para el bien común.
En primer lugar, acuso el derroche injustificable de asignar vehículos de uso discrecional a los 22 cargos de magistrados y magistradas, con el mantenimiento respectivo, asignación de cuotas mensuales de combustible y pago de sueldo, aguinaldo y salario escolar de un chofer. Dicho sea, algunos de estos perciben remuneraciones mensuales de un millón de colones (₡1.000.000) por estar a disposición de un único empleado público.
Para quienes no tengan mucha información sobre el trabajo cotidiano de un cargo de juez, las tareas esenciales son estudiar expedientes de juicios o conflictos legales entre miembros de la sociedad, dirigir audiencias orales de juicio, consultar normativa y otras fuentes de conocimiento humano, redactar soluciones en aplicación del Derecho, revisar la decisión escrita o sentencia y constatar que pase a ser notificada.
Una persona jueza no requiere como instrumento de trabajo un vehículo de uso discrecional, como lo podría necesitar un ministro de Obras Públicas o un diputado de una provincia ajena a la Gran Área Metropolitana. El juez es un estudioso, debe hacer mucho análisis y labor de pensamiento para realizar materialmente la justicia. No tiene que moverse en su día a día de una zona a otra.
Así que la asignación de vehículo a los magistrados y magistradas, que también son jueces, no tiene ninguna justificación racional, no favorece en nada a la sociedad costarricense. Debería eliminarse y los más de cinco millones de habitantes del país no sufriríamos perjuicio alguno por ello.
Los 22 empleados públicos que sí gozan de ese privilegio perciben sueldos millonarios, pagados con los impuestos de todos los contribuyentes. Con tales, obviamente pueden financiar la compra de vehículos de uso personal, darles mantenimiento y cubrir el combustible.
Otra idea —que compartimos muchísimos funcionarios judiciales— es que deben rescindirse contratos de alquileres de edificios totalmente innecesarios, empezando por el de la Sala Constitucional en Sabana Sur. Ese inmueble, como es del conocimiento de gran cantidad de ciudadanos, está casi vacío la mayor parte del tiempo.
Los letrados o abogados asistentes de los magistrados y de las magistradas solo acuden un día por semana a laborar en forma presencial. Las personas magistradas asisten cuando quieren. Las votaciones de proyectos de sentencia pueden hacerse en modalidad virtual.
Al injustificado alquiler, que consume aproximadamente seiscientos ochenta y ocho millones de colones al año (₡688.000.000), súmese que hay que pagar contrataciones por servicios privados de limpieza y de vigilancia, así como los de agua, electricidad, telefonía e internet, todos de una estructura subutilizada.
En el edificio de la Corte Suprema de Justicia en San José centro hay mucho espacio o áreas destinadas a actividades protocolarias o de capacitación. Estas últimas se pueden realizar en la Escuela Judicial, en San Joaquín de Flores, o en los auditorios de los edificios de los diferentes circuitos judiciales.
Y en el Primer Circuito Judicial de San José puede reservarse un solo salón, y no varios, para actos formales, que dicho sea en nada abonan a solucionar verdaderos problemas de los usuarios del servicio público, como la pérdida del trabajo, de bienes materiales o incluso de la salud por algún accidente o delito.
Una tercera propuesta es que, conforme al Código de Trabajo, no se le cancele auxilio de cesantía a los magistrados y las magistradas. Esa indemnización está contemplada para contratos de trabajo a plazo indefinido y los empleados referidos son nombrados por términos de 8 años.
Téngase presente que ni las y los presidentes de la República, ni los ministros de cada gobierno, ni las personas diputadas, que ejercen los cargos por 4 años, reciben esa reparación al concluir los respectivos lapsos.
En el caso concreto del Poder Judicial, como hace casi dos décadas los magistrados y las magistradas se autodecretaron exorbitantes aumentos salariales, en la actualidad algunos devengan sueldos de entre 8 y 10 millones de colones mensuales.
Si se jubilan o fallecen o son pensionados por invalidez o enfermedad incapacitante, la hacienda pública tiene que erogar en favor de un solo empleado más de 60 o hasta 80 millones de colones.
¿En qué favorece a la comunidad nacional, con más de 500 mil menores de edad viviendo en condiciones de pobreza, que un solo individuo reciba cualquiera de esas desmesuradas cantidades de dinero?
Apréciese la verdadera magnitud de la injusticia y desproporcionalidad que representa ese desembolso del tesoro público al compararlo con el monto que la misma indemnización alcanzaría para alguien que devengara un sueldo mínimo legal en el año 2026, en el sector privado, aunque hubiera laborado 30 o más años.
La reparación sería el equivalente al salario de 160 días según el artículo 29 del Código citado, o un millón novecientos ochenta y nueve mil ochocientos veinticinco colones con sesenta céntimos (₡1.989.825,60).
Es incomprensible que la Corte destine abundantes recursos dinerarios a financiar viajes al exterior y dentro del país de magistrados y magistradas, sin ningún resultado positivo para la población nacional ni para la institución.
Tampoco se explica que hagan fuertes inversiones en trabajos materiales en la Plaza de la Justicia, cuando los heroicos agentes del OIJ deben enfrentar la criminalidad con armas y equipos de protección insuficientes o inadecuados.
Menos aún se puede entender por qué cuando una persona juzgadora es incapacitada por menos de 7 días hábiles no se le sustituye, lo que impone reprogramar para otras fechas todos los juicios orales que se debían realizar en ese lapso, afectando a las personas usuarias.
En el presente, la pobreza aflige a un porcentaje superior al 15% de la población nacional. En este contexto, es inconcebible que el Poder Judicial haga erogaciones como las aquí evidenciadas, en vez de destinar la mayor parte de sus recursos económicos a la actividad jurisdiccional —juzgadores, técnicos judiciales, defensores públicos, auxiliares de justicia como peritos, etc.— y al fortalecimiento de los órganos que luchan contra la delincuencia y el crimen organizado, como el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial.
En lo personal, como jueza con casi 32 años de trabajar para el Poder Judicial, anhelo que la Asamblea Legislativa emita prontamente leyes que eliminen los privilegios denunciados.
Aspiro también, aunque sin mucha esperanza, a que los jerarcas del Poder Judicial rectifiquen su muy mala gestión de la entidad.
A la ciudadanía en general, les exhorto a estar muy atentos a todo lo concerniente al financiamiento de la Administración de Justicia. Las restricciones presupuestarias planteadas tendrán como efecto inmediato, lo puedo asegurar, el recargo de trabajo en el personal, el incremento en la mora judicial y la afectación del combate a la criminalidad.
Mas no van a incidir en modo alguno en las odiosas prebendas de los magistrados y magistradas, pagadas por todos los contribuyentes, incluyendo a los que viven en pobreza.