La institución detectó que el sector público carece de una metodología unificada para medir desigualdades salariales por género y recomendó revisar las escalas de Enfermería con participación técnica del Inamu.
La Defensoría de los Habitantes recomendó revisar los salarios globales asignados a profesionales de Enfermería en el sector público, luego de identificar vacíos institucionales para determinar si existen brechas salariales injustificadas por razones de género. La investigación surgió a partir de una denuncia presentada por el Colegio de Enfermeras de Costa Rica.
Según la denuncia, la Directriz Ministerial N.° 001-2023-PLAN fijó en 2023 salarios globales transitorios inferiores para Enfermería frente a otras profesiones de Ciencias de la Salud. La escala establecía ₡997.355 para Enfermería 1, ₡1.394.249 para Odontología 1 y ₡1.459.068 para Medicina Asistente General y Veterinaria 1, mientras que el salario de Auxiliar de Enfermería se fijó en ₡407.815.
Esas escalas transitorias dejaron de regir en septiembre de 2023, cuando comenzaron a aplicarse las escalas salariales globales definitivas. La Defensoría señaló, sin embargo, que persisten diferencias salariales significativas entre Enfermería y otras profesiones afines, incluso después de la entrada en vigencia de las escalas definitivas.
El Colegio planteó que esas diferencias podrían constituir discriminación salarial de género, al tratarse de una profesión históricamente feminizada. La Defensoría presentó sus hallazgos como resultados preliminares y condicionó una eventual modificación de las escalas a que la revisión determine la existencia de diferencias salariales injustificadas.
Para el análisis, la institución solicitó información al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), la Dirección General de Servicio Civil (DGSC), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu). Entre sus hallazgos preliminares, concluyó que Costa Rica no cuenta con una metodología oficial y unificada para medir la brecha salarial de género en el empleo público.
La Defensoría también señaló que el Inamu no participó en el diseño de la escala salarial global mediante un criterio técnico especializado en discriminación salarial de género. Además, indicó que el traslado de la rectoría del empleo público desde el MTSS hacia Mideplan, tras la Ley Marco de Empleo Público, redujo el peso de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público.
Mideplan y la DGSC defendieron ante la Defensoría la metodología utilizada para establecer las remuneraciones. Ambas instituciones señalaron que el sistema de valoración por puntos considera factores como responsabilidades, condiciones de trabajo y requisitos del puesto, y no el género de quien desempeña el cargo.
También indicaron que tomaron como referencia una guía de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre evaluación no sexista de empleos.
La Defensoría sostuvo:
La ausencia de una metodología país para medir brechas salariales de género, sumada a la falta de participación técnica del INAMU en procesos que definen escalas salariales del sector público, constituye un vacío institucional que debe ser subsanado con urgencia para garantizar el derecho constitucional a la igualdad salarial”.
Recomienda revisar las escalas
Como resultado de la investigación preliminar, la Defensoría recomendó a Mideplan y a la Dirección General de Servicio Civil revisar los salarios globales correspondientes a profesionales de Enfermería con enfoque de género y derechos humanos, siguiendo los pasos establecidos en la guía de la OIT sobre igualdad salarial mediante evaluación no sexista de empleos.
La institución también pidió garantizar la participación técnica del Inamu y de personas u organizaciones especializadas en igualdad y brechas salariales. Si la revisión determina que existen diferencias salariales injustificadas, la Defensoría recomendó emitir una nueva escala para los puestos de Enfermería que garantice una remuneración equitativa por trabajo de igual valor.