Órgano contralor resolvió 464 objeciones al cartel: 93 implican ajustes y 356 fueron rechazadas de plano; además cuestionó la modalidad de pago prevista.
La Contraloría General de la República (CGR) pidió a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) analizar qué ocurriría con la contratación del nuevo Hospital de Limón si el proyecto no obtiene la viabilidad ambiental definitiva, luego de resolver 11 recursos de objeción presentados contra el pliego de condiciones de la licitación para diseñar, construir, equipar y dar mantenimiento al centro médico.
El señalamiento consta en las resoluciones mediante las cuales el órgano contralor analizó 464 objeciones planteadas por las empresas interesadas en la Licitación Mayor 2026LY-000010-0001101107. Según el balance de la CGR, en 93 puntos la CCSS aceptó efectuar ajustes al cartel, 356 fueron rechazados de plano, en 12 se determinó que el recurrente no llevaba razón y en otros tres se pidió a la institución revisar la cláusula cuestionada.
La discusión sobre la viabilidad ambiental surgió a partir de objeciones relacionadas con las obligaciones que asumiría el futuro contratista. El cartel establece que el proyecto se desarrollará en Matama, en el sector de Santa Rosa, y señala que el adjudicatario deberá complementar estudios y ejecutar las medidas de mitigación o compensación que soliciten la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) o el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).
La CCSS sostuvo durante el trámite que la obligación del contratista no consiste en obtener por sí mismo la aprobación ambiental, sino en elaborar los estudios, diseños, planos y demás insumos que las autoridades requieran para resolver el trámite. También indicó que la condición de “humedal tipo palustre” del terreno se identificó durante las etapas previas y que esa circunstancia forma parte de la información puesta a disposición de los potenciales oferentes.
La Contraloría aceptó ese deslinde de responsabilidades, pero advirtió sobre un escenario que el cartel debe contemplar: que la autoridad ambiental finalmente determine que no puede conceder la viabilidad definitiva y, por tanto, el proyecto no pueda continuar.
Así las cosas, se requiere que la Administración analice cómo se gestionaría ese riesgo y cuáles son las acciones a seguir de frente a la contratación y la atención del interés público”.
La CGR también determinó que el pliego debe precisar expresamente que la obligación del contratista se limita a preparar y presentar los insumos necesarios ante Setena y Sinac, mientras que la decisión definitiva sobre la viabilidad corresponde exclusivamente a esas autoridades.
Contraloría cuestiona modalidad de pago
El órgano contralor también encontró aspectos que la CCSS deberá revisar en la modalidad de cotización y pago. El cartel define el proyecto como una combinación de tres tipos contractuales —diseño y construcción, llave en mano, y conservación y mantenimiento—, pero plantea para todo el objeto contractual una modalidad de suma alzada, es decir, un precio global previamente determinado.
A la vez, otras cláusulas del cartel contemplan un modelo de remuneración mixto y mecanismos de reajuste de precios, combinación que generó reparos de la Contraloría. Según la resolución, si la CCSS mantiene la suma alzada para determinado componente, no puede reconocer reajustes de precio en los términos planteados en el cartel, por lo que deberá analizar qué modalidad de cotización corresponde a cada uno de los tipos de contrato incluidos en el proyecto.
La CGR señaló además que el nuevo hospital tendrá 283 camas censables y sumará servicios como perinatología, medicina familiar, oncología y hemodinamia, además de fortalecer áreas como hospitalización, cirugía, geriatría, ortopedia, cuidados paliativos, medicina general y psiquiatría.
Los 11 recursos resueltos en esta etapa se suman a otros dos tramitados previamente. La Contraloría rechazó uno presentado por Medtronic Costa Rica porque ingresó después del vencimiento del plazo legal, mientras que archivó otro de Promoción Médica luego de que la propia empresa desistiera y reconociera que “no se aportaron las pruebas ni el documento correcto”.
Ahora corresponde a la CCSS modificar el pliego de condiciones, publicar los cambios y establecer un nuevo plazo para recibir ofertas. La Contraloría indicó que no tendrá una nueva intervención en esta etapa mientras la institución realiza esas actuaciones.