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Contraloría advierte estancamiento de ingresos, menor gasto social y deuda sobre 60%

Además, la Contraloría emitió una opinión adversa sobre los estados financieros consolidados del Gobierno.

La Contraloría General de la República (CGR) advirtió que las finanzas del Gobierno llegaron al primer semestre de 2026 con ingresos corrientes prácticamente estancados, menor gasto social y una deuda equivalente al 61,1% del producto interno bruto (PIB), mientras el Ministerio de Hacienda redujo en ₡373.391 millones su expectativa de recaudación para este año.

El panorama forma parte de un análisis de la situación fiscal y presupuestaria al 30 de junio de 2026 divulgado por el órgano contralor junto con otros tres documentos relacionados con las finanzas públicas.

Según la Contraloría, los ingresos corrientes registraron una variación interanual de apenas 0,01% durante el primer semestre, pese a que el Banco Central proyecta un crecimiento económico de 3,4% para 2026.

El órgano fiscalizador relacionó esa diferencia, entre otros factores, con el distinto ritmo de crecimiento entre el régimen definitivo y los regímenes especiales de la economía.

El menor dinamismo de los ingresos llevó a Hacienda a solicitar una reestimación a la baja de ₡373.391 millones, equivalente al 0,7% del PIB.

La reducción se concentra en ₡266.025 millones menos por impuesto al valor agregado (IVA), ₡70.000 millones por impuesto sobre la renta y ₡37.366 millones por impuesto selectivo de consumo.

Con el ajuste, la carga tributaria esperada para 2026 pasa de 13,3% a 12,6% del PIB.

La Contraloría certificó que las nuevas estimaciones planteadas por Hacienda se encuentran dentro de rangos que considera factibles, aunque recordó que se trata de ingresos futuros sujetos a incertidumbre.

Entre los riesgos mencionó cambios en el entorno económico internacional y limitaciones de información relacionadas con TRIBU-CR. Según la certificación, Hacienda indicó que no podía extraer información detallada sobre pagos parciales ni el desglose del IVA desde la implementación del sistema, lo que introduce incertidumbre en las estimaciones de recaudación.

Deuda sobre 60% pese a elevada liquidez

La Contraloría también llamó la atención sobre la composición del financiamiento del Gobierno.

Al 30 de junio, ₡48 de cada ₡100 de los ingresos provenían de fuentes extraordinarias —financiamiento—, frente a los ₡40 previstos inicialmente.

Paralelamente, el Gobierno mantenía recursos líquidos por unos ₡2,7 billones, equivalentes al 5,1% del PIB, muy por encima del objetivo de liquidez equivalente al 1% del PIB establecido por el propio Ministerio de Hacienda en su Marco Fiscal de Mediano Plazo.

El ente contralor señaló que el prefinanciamiento realizado desde 2025 contribuyó a mantener la relación deuda/PIB por encima del 60%, hasta alcanzar 61,1% al cierre del primer semestre de 2026.

Según el órgano contralor, si los saldos líquidos se hubieran mantenido en niveles no superiores al 1% del PIB, la deuda habría permanecido por debajo del 60%.

Si la relación deuda-PIB cierra el 2026 por encima del 60%, la aplicación de la regla fiscal para el Presupuesto Nacional 2028 se mantendría en el escenario más restrictivo, en el que se incluye el gasto de capital dentro del límite de la regla fiscal, no se aplican ajustes por costo de vida al salario de las personas funcionarias públicas, no se realizan ajustes a las pensiones por encima del ajuste por costo de vida y el límite para fijar el crecimiento del Presupuesto Nacional es el 60% del promedio de crecimiento de los cuatro años anteriores.

La institución calculó, además, que mantener de forma estable saldos líquidos de esa magnitud podría generar un costo anual superior a ₡100.000 millones, utilizando como referencia una tasa de interés del 6%.

La Contraloría concluyó que el endeudamiento observado responde no solamente a las necesidades para financiar el déficit, sino también a esa acumulación de efectivo.

Menor gasto social y transferencias

Según los datos de Hacienda, el gasto total del Gobierno alcanzó ₡5,818 billones al cierre de junio, equivalente al 11% del PIB, lo que representa el menor porcentaje para un primer semestre desde 2008.

Por otro lado, la ejecución del presupuesto fue de 44,9%, el porcentaje más bajo desde 2021.

Hacienda destacó que, aunque la amortización de deuda disminuyó, los pagos de intereses aumentaron aproximadamente ₡50.000 millones respecto del primer semestre de 2025.

Al excluir amortización e intereses, el gasto primario cayó 0,1%. La CGR atribuyó buena parte de esa reducción a ₡82.823 millones menos en transferencias corrientes a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). En conjunto, el gasto social disminuyó ₡9.914 millones.

El informe documentó, además, reducciones en las transferencias corrientes a Juntas de Educación y Administrativas, incluyendo ₡6.803 millones menos para alimentos de comedores escolares y ₡1.258 millones menos para transporte estudiantil.

Asimismo, de los recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), ₡17.422 millones permanecían bloqueados por Hacienda: ₡2.962 millones correspondientes a comedores escolares, ₡6.600 millones al programa de becas Avancemos y ₡7.860 millones a la Red de Cuido.

La Contraloría señaló que las remuneraciones se mantienen desde 2025 como el principal impulsor del gasto primario. A junio de 2026 sumaron ₡1,5 billones, un incremento interanual de 3,3%.

Estados financieros reciben opinión adversa consecutiva

En paralelo al análisis de la ejecución presupuestaria, la Contraloría emitió una opinión adversa sobre los estados financieros consolidados del Gobierno correspondientes a 2025.

La institución concluyó que las cifras no presentan razonablemente la situación financiera del Gobierno, su desempeño, los cambios en el patrimonio ni sus flujos de efectivo, debido a incorrecciones materiales y generalizadas.

Uno de los problemas señalados corresponde a la eliminación de operaciones y saldos entre las propias entidades del Gobierno al preparar las cuentas consolidadas. También persisten diferencias importantes en las obligaciones del Estado con la CCSS.

Para 2025, la Caja reportó cuentas por cobrar por ₡4,646 billones —con información disponible al 31 de mayo—, mientras el Poder Ejecutivo registró obligaciones por ₡186.147 millones y Fodesaf por ₡1,226 billones. La diferencia no conciliada asciende a ₡3,233 billones.

La Contraloría aclaró que la información de la CCSS no estaba disponible al cierre de diciembre debido al proceso de transición asociado con su sistema ERP-SAP, por lo que no se ha determinado el monto definitivo de las obligaciones del Estado con la institución.

El informe encontró, además, una diferencia de ₡1,285 billones entre las transferencias que Fodesaf registra por cobrar al Ministerio de Hacienda y la cuenta por pagar reconocida por el Poder Ejecutivo.

Entre otras situaciones, la CGR encontró cuentas tributarias que no pudieron conciliarse, bienes públicos sin registros completos, activos concesionados que no aparecen adecuadamente incorporados y problemas en el tratamiento contable de préstamos externos por ₡764.813 millones renegociados durante 2025.

Carga tributaria bajaría nuevamente en 2027

El cuarto documento divulgado corresponde a la certificación de los ingresos estimados por Hacienda para 2027.

El Ministerio proyecta ingresos totales por ₡7,739 billones, un aumento nominal de 2,48% respecto de la estimación utilizada como referencia. De ese total, ₡6,848 billones corresponderían a ingresos tributarios.

Sin embargo, debido a que la economía crecería a un ritmo mayor que la recaudación, la carga tributaria bajaría a 12,29% del PIB, frente al 12,6% actualmente estimado para 2026.

La Contraloría certificó esas cifras como un escenario razonable de recaudación, pero reiteró que existen riesgos que podrían modificar el resultado. Entre ellos volvió a señalar las limitaciones para obtener información detallada de renta e IVA mediante TRIBU-CR, cambios en las perspectivas macroeconómicas, modificaciones tributarias y variaciones en las bases sobre las cuales se cobran los impuestos.