El Consejo Nacional de Rectores solicitó revisar el expediente 25.797 y advirtió que un aumento de las cargas tributarias reduciría los recursos efectivos disponibles para las universidades estatales.
El Consejo Nacional de Rectores (Conare) solicitó mantener expresamente las exoneraciones y tratamientos tributarios que actualmente benefician a las universidades públicas y al propio Consejo, ante el proyecto presentado por el Gobierno para reformar el régimen de beneficios fiscales.
La posición responde al proyecto de Ley Régimen de Beneficios Fiscales y Control del Gasto Tributario (expediente 25.797), presentado por el Poder Ejecutivo el pasado 22 de setiembre.
La iniciativa plantea una derogatoria general de exenciones relacionadas con derechos arancelarios, impuesto al valor agregado (IVA), impuesto selectivo de consumo e impuesto sobre la propiedad de vehículos, aunque establece una lista de beneficios que permanecerían vigentes.
El comunicado indica:
Las universidades públicas cumplen funciones esenciales para el país en materia de docencia, investigación, extensión y acción social, así como en la generación de conocimiento, innovación, cultura y atención de necesidades nacionales. Cualquier medida que incremente sus costos de operación debe valorar, por tanto, las consecuencias que ello tendría sobre el cumplimiento de estas funciones".
Conare pidió prestar especial atención a los artículos 39, 40 y 41 del proyecto. El artículo 39 plantea derogatorias específicas, mientras que el 40 establece una derogatoria general de exenciones tributarias y el 41 enumera los beneficios que continuarían vigentes.
Según el Consejo, las excepciones previstas en el artículo 41 no incluyen expresamente el tratamiento tributario de las instituciones de educación superior universitaria estatal reconocido actualmente en la Ley 7293.
La institución sostuvo que eliminar esos beneficios aumentaría el costo de los bienes y servicios que requieren las universidades y obligaría a destinar al pago de impuestos recursos que actualmente pueden utilizarse para docencia, investigación, extensión y acción social.
Conare invoca garantía constitucional de financiamiento
Conare también pidió que la discusión legislativa tome en cuenta el artículo 85 de la Constitución Política, que establece el Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES) y dispone que sus rentas no pueden abolirse ni disminuirse sin crear simultáneamente otras que las sustituyan.
A criterio del Consejo, cualquier modificación tributaria que incremente los gastos de las universidades debe analizarse considerando sus efectos sobre los recursos efectivos disponibles para cumplir sus funciones.
Por ello, Conare solicitó que el proyecto preserve expresamente los tratamientos tributarios de las universidades públicas y del Consejo cuando correspondan a bienes y servicios necesarios para sus fines públicos, y que se valore previamente el impacto presupuestario de eliminarlos.
Además, pidió revisar integralmente los artículos 39, 40 y 41 y garantizar que cualquier modificación resulte compatible con el artículo 85 constitucional.
El expediente 25.797 se encuentra presentado ante la Asamblea Legislativa y todavía debe ser asignado a una comisión para iniciar su trámite correspondiente.