El proyecto busca sustituir el régimen de exenciones por un sistema integral de beneficios fiscales administrado operativamente por la Dirección General de Tributación, con mayores facultades de control, liquidación, medidas cautelares y sanciones, mientras redefine a la Dirección General de Hacienda como órgano de análisis de política fiscal y, simultáneamente, reduce el gasto tributario mediante una derogatoria general de las exenciones sobre derechos arancelarios, IVA, impuesto selectivo de consumo e impuesto a la propiedad de vehículos —salvo las excepciones expresamente preservadas—, eliminando además beneficios concretos de instituciones, organizaciones y del régimen de transporte eléctrico.