PLN, Frente Amplio, PUSC y Coalición Agenda Ciudadana acudieron a la Sala Constitucional y solicitaron suspender los efectos del decreto mientras se resuelve la acción.
El autodenominado Bloque Democrático, integrado por las bancadas legislativas del Partido Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Coalición Agenda Ciudadana (CAC), presentó una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo N.° 45870-MSP, firmado por la presidenta Laura Fernández Delgado, por considerar que establece restricciones excesivas al acceso a información relacionada con seguridad pública.
Las fracciones alegan que el decreto permite mantener bajo secreto información relacionada con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y la denominada “Fuerza Élite”, y sostienen que su alcance podría limitar el conocimiento ciudadano y la fiscalización de presupuestos, contrataciones y compras públicas vinculadas con esas instancias.
Los partidos de oposición sostienen que determinados asuntos de seguridad nacional pueden requerir reserva, pero consideran que esta debe aplicarse de forma excepcional, proporcional y justificada. La acción cuestiona que el Poder Ejecutivo pueda extender el concepto de secreto de Estado de manera general sobre información administrativa relacionada con esas instituciones.
"Una declaratoria general e indiscriminada de secreto sobre información de esta naturaleza desborda el carácter excepcional que constitucionalmente puede atribuirse al secreto de Estado y convierte una limitación extraordinaria en una regla general de opacidad”, apunta al respecto la acción de inconstitucionalidad.
Según el comunicado emitido por las agrupaciones políticas, la acción plantea una posible vulneración de los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, relacionados respectivamente con el derecho de petición ante las autoridades públicas y el acceso a información sobre asuntos de interés público.
Las bancadas opositoras argumentan que las restricciones podrían obstaculizar tanto las solicitudes de información de la ciudadanía como las labores de control político y fiscalización sobre el uso de recursos públicos. También cuestionan que contrataciones, licitaciones o decisiones administrativas puedan quedar cubiertas por una declaratoria amplia de secreto bajo argumentos de seguridad nacional.
Al respecto, la diputada de la Unidad Social Cristiana, Abril Gordienko López, comentó:
Un decreto de secreto de Estado sobre seguridad nacional para que sea legítimo tiene que ser excepcional y tiene que estar limitado a aspectos muy puntuales. Tiene que ser razonable y además debe ser reserva de ley. No se puede mediante un decreto".
Las diputaciones pidieron a la Sala Constitucional suspender los efectos del decreto mientras los magistrados analizan el fondo de los cuestionamientos planteados.