Rosaura Chinchilla pidió frenar el uso de expresiones como “golpe de Estado” y “dictadura” y recordó que el padre de Cisneros encontró protección judicial en Costa Rica tras salir de Perú.
La jueza penal y docente de la Universidad de Costa Rica, Rosaura Chinchilla Calderón, dirigió una carta pública a la exdiputada Pilar Cisneros Gallo, en la que le pidió utilizar su influencia política y comunicativa en el Poder Ejecutivo para desescalar la narrativa que califica como “golpe de Estado” o “dictadura” las decisiones adversas de órganos constitucionales.
El pronunciamiento, fechado el 5 de agosto, se produce después de que autoridades del Ejecutivo y el Legislativo cuestionaran la reciente resolución de la Sala Constitucional sobre el caso de las magistraturas suplentes y utilizaran la expresión “golpe de Estado” para referirse a la actuación del tribunal.
Chinchilla sostuvo que la crítica al Poder Judicial es legítima y necesaria, pero afirmó que pierde fuerza cuando sustituye los argumentos por términos que presentan cada decisión adversa al proyecto político gobernante como una conspiración contra “el pueblo”.
Usted y yo, doña Pilar, seguramente coincidimos en que Costa Rica necesita mejorar su justicia. Pero si en vez de reparar la casa la incendiamos nos quedaremos sin techo común”.
La jueza aclaró que su carta no pretende negar los problemas de la institución para la que trabaja ni solicitar silencio ante sus errores.
“Toda entidad pública debe aceptar el escrutinio ciudadano, corregirse y rendir cuentas”, señaló, antes de advertir que expresiones como “golpe de Estado” y “dictadura” tienen un significado histórico asociado con desapariciones, exilio, tortura y concentración del poder.
Chinchilla recordó la historia del padre de Cisneros
Una parte central de la carta reconstruye la trayectoria del padre de Cisneros, Máximo Cisneros Sánchez, abogado peruano, integrante del Cuerpo Jurídico de la Marina de Guerra de Perú, magistrado de la justicia militar y posteriormente juez de la primera conformación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Según el recuento presentado por Chinchilla, Cisneros Sánchez se negó a facilitar que un vuelo comercial de su empresa sacara de Perú al presidente derrocado Fernando Belaúnde Terry, después del golpe militar encabezado por el general Juan Velasco Alvarado en octubre de 1968.
La negativa habría provocado una persecución contra él y su empresa. Aunque obtuvo inicialmente resoluciones judiciales favorables, el régimen sustituyó a jueces por personas cercanas al Gobierno, situación que llevó a Cisneros Sánchez y su familia a abandonar Perú en 1972.
Chinchilla contrastó ese episodio con la protección que, según expuso, la familia encontró posteriormente en Costa Rica. Cisneros Sánchez enfrentó aquí un proceso de extradición y destacó años después el trato recibido de los tribunales costarricenses.
Al asumir como vicepresidente de la recién creada Corte Interamericana en 1979, el jurista describió la justicia costarricense como “ejemplar” y resumió su experiencia con una frase citada por Chinchilla:
No fui nunca fugitivo hacia la libertad, sino un fugitivo hacia la justicia”.
La jueza sostuvo que esa historia evidencia la diferencia entre una dictadura que sustituye tribunales y persigue adversarios y un sistema democrático en el que los poderes públicos se controlan, contradicen y resuelven sus conflictos mediante procedimientos constitucionales.
Pidió retirar la expresión “golpe de Estado”
La carta recuerda que Cisneros utilizó en diciembre de 2023 la expresión “golpe de Estado político-electoral” y que, en octubre de 2025, preguntó si una gestión del Tribunal Supremo de Elecciones constituía un “intento de golpe de Estado institucional”.
En esa última ocasión, Cisneros cuestionó la solicitud del TSE para que la Asamblea Legislativa levantara la inmunidad del entonces presidente Rodrigo Chaves Robles por denuncias relacionadas con beligerancia política.
Chinchilla consideró que resulta legítimo calificar una resolución como errónea, excesiva o jurídicamente insostenible, pero advirtió que llamar “golpe de Estado” a una decisión antes de discutir sus argumentos borra la diferencia entre un conflicto constitucional y una ruptura del orden democrático.
No le pido que abandone su crítica a ninguna institución. Le pido algo más fácil y valioso: que esa crítica se realice con la fuerza de los hechos y del derecho, sin distorsiones, sin adulteraciones, sin violencia verbal, con disposición al diálogo y a la construcción conjunta”.
La jueza también pidió a Cisneros que inste públicamente a las autoridades del Ejecutivo y del Legislativo a dejar de utilizar esos términos, que promueva disculpas hacia las personas que han sufrido dictaduras y que solicite el cumplimiento de las obligaciones constitucionales en materia de nombramientos y presupuesto.
Chinchilla reiteró que el Poder Judicial debe reconocer sus errores, rendir cuentas y mejorar sus indicadores, pero sostuvo que esos problemas no justifican presentar a todo contrapeso institucional como un enemigo.
Costa Rica necesita reformas, firmeza y verdad. También necesita serenidad. Nuestros problemas no se solucionan inventando golpes de Estado o dictaduras por doquier ni gritando e insultando al adversario”.
La carta concluye solicitándole a Cisneros que interponga sus “buenos oficios” ante las autoridades a las que asesora para que “cese la violencia verbal y simbólica” y se reduzca la confrontación entre poderes.