La iniciativa contó con la firma de respaldo de todas las jefaturas de fracción.
El diputado oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta Jaén, presentó un proyecto de ley (expediente 25.683) que pretende establecer penas de prisión por la manipulación de eventos deportivos.
La iniciativa propone añadir un artículo 250 ter al Código Penal (Ley 4573), con penas de dos a cinco años de prisión para:
Cualquier persona que, directa o indirectamente, prometa, ofrezca, entregue, solicite, acepte o reciba dinero, dádivas, beneficios o ventajas de cualquier tipo, con el propósito de alterar, manipular o predeterminar el desarrollo, el resultado parcial o final, o cualquier incidencia, aspecto, evento o fase de un partido o de una competición deportiva.
El proyecto impondría la misma pena a quien busque influir de manera fraudulenta en el comportamiento de un deportista, un equipo, un árbitro, un juez, un entrenador, un dirigente o un oficial vinculado con la competición.
El texto establece que la sanción se aplicaría tanto a competiciones profesionales como aficionadas, oficiales o no oficiales, de carácter nacional o internacional, siempre que se realicen en territorio costarricense.
Además, la propuesta aumentaría la pena en un tercio cuando la manipulación tenga como propósito obtener ganancias mediante apuestas deportivas legales o ilegales. El agravante también se aplicaría cuando quien intente manipular el evento ocupe un cargo como representante legal, gerente, administrador o integrante de una junta directiva de una organización deportiva.
La exposición de motivos justifica la reforma al indicar:
La manipulación de competiciones deportivas requiere una respuesta penal porque, aunque las organizaciones deportivas pueden imponer medidas disciplinarias con alcance relevante dentro del sistema deportivo, enfrentan límites estructurales para investigar y acreditar los hechos, carecen de potestades propias de los cuerpos de seguridad para obtener evidencia y, en la práctica, la recopilación probatoria suele depender de la cooperación de los presuntos responsables, lo que reduce la eficacia disuasoria y sancionatoria cuando hay ocultamiento, coacción o redes externas.
El texto añade:
Los eventuales actos de manipulación deportiva sólo podrían subsumirse, con dificultad, en figuras genéricas como la estafa, el fraude o el cohecho, lo que no refleja ni la especificidad de la conducta ni la magnitud de sus efectos sobre el deporte y sus participantes. Esta falta de tipificación limita la capacidad del Estado de investigar, perseguir y sancionar eficazmente a quienes participan en estas prácticas.
Según informó la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), este proyecto fue elaborado por el equipo de la Oficialía de Integridad de la Federación Costarricense de Fútbol, bajo el liderazgo del oficial de Integridad, Carlos Ricardo Benavides Jiménez, como respuesta a la necesidad de dotar al país de herramientas jurídicas eficaces para prevenir y combatir la criminalidad vinculada al deporte, especialmente la manipulación de competiciones deportivas o conocido popularmente como amaño de partidos.
Desde la FCFR destacaron que la iniciativa "busca cerrar un vacío existente en la legislación nacional y brindar a las autoridades competentes mejores herramientas para investigar, perseguir y sancionar conductas que afectan la transparencia de las competiciones, la confianza del público, la seguridad de quienes participan en el deporte y la credibilidad de las instituciones deportivas. Además, procura prevenir que el deporte costarricense sea utilizado por redes vinculadas con apuestas ilegales, corrupción y delincuencia organizada".
La iniciativa fue presentada con la firma de respaldo de todas las jefaturas de fracción de la Asamblea Legislativa, y ahora deberá ser asignada a una comisión legislativa para iniciar su trámite ordinario.