El proyecto recibió 53 votos a favor y ninguno en contra. La iniciativa amplía penas y permite aplicar herramientas contra la delincuencia organizada en determinados delitos forestales, pesqueros y de vida silvestre.
La Asamblea Legislativa aprobó este jueves 27 de agosto en primer debate, con 53 votos a favor y ninguno en contra, el proyecto de ley 23.952, que reforma distintas normas para fortalecer la persecución de la minería ilegal, el tráfico de vida silvestre y otros delitos ambientales.
La iniciativa, propuesta por el exlegislador frenteamplista Ariel Robles Barrantes, se denomina Reforma a varias leyes para fortalecer la lucha contra el crimen organizado en materia de delitos ambientales. El texto busca modificar artículos de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, la Ley Forestal, la Ley de Pesca y Acuicultura, la Ley de Protección, Conservación y Recuperación de las Poblaciones de Tortugas Marinas y el Código de Minería.
Uno de los cambios de mayor alcance se concentra en la minería ilegal. Para ello, plantea reformar los artículos 139, 140 y 141 del Código de Minería. El texto establece penas de entre dos y ocho años de prisión para quien realice actividades mineras de reconocimiento, exploración, extracción o explotación dentro de parques nacionales, reservas biológicas u otras áreas que formen parte del Patrimonio Natural del Estado. La misma pena se aplicaría a quien comercialice minerales extraídos ilegalmente en esas zonas.
Además, propone penas de entre dos y seis años de cárcel para quienes promuevan, financien, administren, organicen, faciliten, dirijan u obtengan beneficios de actividades mineras ilegales sin contar con los permisos correspondientes. Para actividades mineras ilegales realizadas fuera de áreas protegidas, el proyecto establece penas de uno a seis años.
Al respecto, el congresista del Frente Amplio, Edgardo Araya Sibaja, señaló que uno de los objetivos de la reforma consiste en permitir que las autoridades investiguen las estructuras que operan alrededor de la minería ilegal en Crucitas y no únicamente a las personas que realizan directamente la extracción.
Muy contentos por la aprobación en primer debate de este proyecto, un proyecto que va dirigido realmente a darle seguridad a la zona de Crucitas porque nos va a permitir perseguir la minería ilegal como lo que realmente es, crimen organizado".
Araya explicó que la intención consiste en investigar también quién financia las operaciones, proporciona insumos, facilita la actividad y compra posteriormente los minerales extraídos.
No solo perseguir a un coligallero y nada más, sino lo que está detrás, todo el entramado que existe para que esa persona pueda trabajar ahí... quién lo mantiene, quién lo asiste, a quién le vende los insumos y a quién le vende el producto que obtiene".
Reforma incluye otros delitos ambientales
El proyecto también incorpora agravantes para delitos forestales cuando intervengan dos o más personas bajo las condiciones previstas en la Ley contra la Delincuencia Organizada. En esos casos, las penas privativas de libertad previstas en la Ley Forestal aumentarían entre uno y seis años.
Una disposición similar se incorporaría a la Ley de Pesca y Acuicultura. Esta indica que, cuando los delitos contemplados en el capítulo correspondiente los cometan dos o más personas bajo las condiciones de delincuencia organizada, las penas aumentarían entre dos y seis años.
La iniciativa también endurece las penas por tráfico ilegal de vida silvestre. Actualmente, comerciar o traficar especies que no estén amenazadas puede castigarse con una multa o entre cuatro y seis meses de prisión; el proyecto eleva la sanción a entre dos y cuatro años de cárcel. Para especies con poblaciones reducidas, en peligro de extinción o incluidas en CITES, la pena pasaría a entre tres y seis años.
También se elevarían a entre dos y seis años las penas por delitos contra tortugas marinas cuando participen tres o más personas. La reforma mantiene la excepción existente para la recolección, transporte, distribución y comercialización de huevos de tortuga lora provenientes del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional cuando se cumpla la regulación establecida por el Ministerio de Ambiente y Energía.
Araya Sibaja destacó que el alcance de la propuesta no se limita al problema de Crucitas y mencionó, entre las actividades que podrían recibir un tratamiento más severo, el tráfico ilegal de fauna y flora silvestres y la tala ilegal.
El expediente deberá recibir ahora segundo debate el próximo jueves 3 de septiembre. Si obtiene la aprobación definitiva, pasará posteriormente al Poder Ejecutivo para el trámite correspondiente.