La Fiscalía acusó a cinco funcionarios y exfuncionarios por hechos vinculados con una contratación en la que Huawei habría entregado $6,7 millones mediante una dación en pago.
La Auditoría Interna del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) defendió este martes la independencia de los órganos de control y destacó su papel en la investigación de eventuales irregularidades, un día después de que La Nación informara que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción acusó a cinco funcionarios y exfuncionarios de la institución por hechos relacionados con un contrato con Huawei.
Según informó dicho medio el 24 de agosto, la Fiscalía concluyó la investigación incorporada al expediente 19-000171-1218-PE, originada en denuncias que la auditora general del ICE, Ana Sofía Machuca Flores, trasladó al Ministerio Público en noviembre de 2019 y octubre de 2021. La acusación señala a Jaime Palermo, quien para la fecha de la denuncia era gerente de Telecomunicaciones y actualmente no es funcionario del ICE; Germán Sánchez, ya jubilado, quien ocupaba la jefatura de la División de Gestión de Red y Mantenimiento (GRM); Jean Fonseca Vargas, administrador del contrato; Jenny Vargas, directora de Proveeduría Institucional; y Alberto Campos Ríos, director de Desarrollo y Plataformas y Habilitación del Servicio.
El caso gira alrededor de una contratación en la que Huawei habría entregado al ICE $6,7 millones mediante una dación en pago, mecanismo mediante el cual una obligación económica se cancela con bienes en lugar de dinero. Los $6,7 millones correspondían a una multa que Huawei debía pagar al ICE y la institución habría aceptado materiales relacionados con su red de transporte como forma de pago.
De acuerdo con la investigación citada por La Nación, la Auditoría Interna cuestionó la forma en que la institución comparó las ofertas antes de seleccionar la alternativa de Huawei. La propuesta original de esa compañía ascendía a $8,3 millones, pero, para comparar las ofertas, el ICE restó los $6,7 millones correspondientes a la dación en pago de la propuesta original. De esa forma, valoró la oferta de Huawei en $1,6 millones.
La Auditoría también cuestionó la cronología del proceso: el ICE decidió avanzar con Huawei el 30 de mayo de 2017, mientras que la aprobación formal de la dación en pago ocurrió hasta el 9 de noviembre de ese año. Según el análisis de la Auditoría citado por el diario, esa forma de valorar la propuesta generó una ventaja para Huawei en la comparación con otras alternativas.
La Auditoría también determinó que Huawei presentaba más factores considerados de alto riesgo y que, sin aplicar el descuento de la dación, no ofrecía la opción económicamente más favorable. Un análisis posterior calculó una inversión final de $16,63 millones para Huawei frente a $15,18 millones para Cisco; además, la primera propuesta contemplaba cobertura para la Gran Área Metropolitana, mientras que la segunda ofrecía alcance nacional.
ICE participará en el proceso
Ante la consulta del citado medio de comunicación, el ICE informó que participará en el proceso judicial y evitó ampliar detalles mientras las autoridades tramitan el expediente.
La Fiscalía indicó que ya comunicó la acusación a las partes y espera que tanto la Procuraduría General de la República como el ICE determinen si presentan una querella y una acción civil para reclamar eventuales daños y perjuicios. Posteriormente, el Ministerio Público podrá solicitar que el caso avance ante el juzgado penal competente.
Auditoría defiende independencia de órganos de control
La Auditoría Interna del ICE emitió un pronunciamiento en el que sostuvo que el avance del proceso penal “reafirma la importancia de contar con instituciones sólidas, órganos de control independientes y mecanismos efectivos para proteger el valor público”.
La Auditoría recordó que le corresponde fiscalizar de manera independiente, evaluar riesgos, investigar cuando resulte necesario y trasladar sus hallazgos a las autoridades competentes. En ese contexto, defendió su autonomía como una garantía para la institución y para la ciudadanía.
Esa independencia no es un privilegio, es una garantía para el ICE y para la sociedad costarricense, que permite examinar asuntos sensibles con objetividad, advertir riesgos sin interferencias y contribuir al esclarecimiento de eventuales irregularidades por las instancias legalmente competentes”.
El pronunciamiento también recordó los cuestionamientos que Machuca enfrentó durante 2024 y 2025. Según informó La Nación, el entonces presidente Rodrigo Chaves Robles cuestionó públicamente a la auditora y le atribuyó un supuesto incumplimiento de deberes relacionado con decisiones sobre contrataciones con Huawei.
En abril pasado, el Juzgado de Hacienda desestimó la denuncia presentada contra Machuca al determinar que había actuado dentro del ámbito de sus competencias.
La Auditoría también hizo énfasis en que la acusación fiscal no determina la responsabilidad penal de las cinco personas señaladas y que corresponde a los tribunales establecer si incurrieron en algún delito.
El avance de un proceso penal no prejuzga la responsabilidad de ninguna persona. Esa determinación corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales”.
Machuca cerró el pronunciamiento con una defensa del papel que cumplen quienes denuncian, administran, fiscalizan e investigan dentro de las instituciones públicas.
La integridad se construye cuando cada uno cumple su deber, la evidencia puede hablar y las instituciones tienen la fortaleza para actuar”.