Juzgado Penal acogió solicitud del Ministerio Público al concluir que no se configuró delito en la denuncia presentada en diciembre de 2024.
El Juzgado de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José desestimó, a solicitud del Ministerio Público, la denuncia penal entablada por el Poder Ejecutivo en contra de la auditora general del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Ana Sofía Machuca Flores, al concluir que no se logró determinar la existencia de delito alguno.
La información fue dada a conocer por la propia funcionaria mediante una declaración pública enviada a medios, en la que indicó que la resolución corresponde al expediente penal 24-000461-1218-PE, abierto tras una denuncia presentada en diciembre de 2024 desde el Poder Ejecutivo.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción había solicitado al juzgado la desestimación de la causa al señalar que, tras el análisis integral de los hechos denunciados, “no se configuró ningún delito, por lo cual no resulta posible confeccionar una acusación fiscal”.
El análisis fiscal también concluyó que la funcionaria actuó conforme a su deber funcional, que sí informó a las instancias correspondientes y que los hechos investigados no correspondían a responsabilidades directas de su cargo, sino a otras áreas de la administración.
"El delito [de incumplimiento de deberes] se configura únicamente cuando el funcionario público tiene pleno conocimiento del deber que lo obliga a actuar de determinada manera, y decide voluntariamente omitirlo; que no es en el caso que nos ocupa, donde la encausada sí alertó de los hechos que tuvo bajo su conocimiento", señaló el Ministerio Público.
Dentro del marco de las obligaciones que le corresponden a la denunciada como auditora del ICE, ésta si cumplió con lo que le correspondía para efectos de esas contrataciones, pues el resultado presuntamente dañoso para la hacienda pública en la escogencia. ejecución y posterior recepción de obras no era parte de sus funciones, sino de otras personas. lo cual se investiga en los expedientes en trámite en esta fiscalía".
En su declaración, Machuca afirmó que la resolución “acredita la verdad y confirma que mi actuación se ha mantenido, en todo momento, dentro del marco de la legalidad”, y sostuvo que la denuncia carecía de sustento jurídico.
La causa penal contra la auditora se originó el 11 de diciembre de 2024, cuando el gobierno del presidente Rodrigo Chaves Robles anunció la presentación de una denuncia ante la Fiscalía contra Machuca, la empresa Huawei Technologies Costa Rica S.A. y varios funcionarios y exfuncionarios del ICE.
En esa ocasión, el Ejecutivo atribuyó a Machuca presuntos delitos como incumplimiento de deberes, influencia contra la Hacienda Pública y fraude de ley, en el contexto de contrataciones tecnológicas vinculadas a la empresa china.
La denuncia marcó el inicio de un conflicto público entre la auditora y el Ejecutivo, en el que la funcionaria rechazó los señalamientos, alegó persecución política y defendió su rol en la investigación de presuntas irregularidades en contratos del ICE, incluidos proyectos relacionados con tecnología 5G.
En meses posteriores, el caso escaló con intercambios públicos de acusaciones. El Ejecutivo sostuvo que la auditora habría favorecido a Huawei, mientras que Machuca negó esas afirmaciones y defendió la independencia técnica de la auditoría interna, señalando presiones indebidas sobre su labor.
El conflicto trascendió el ámbito nacional en febrero de 2025, cuando el gobierno de Estados Unidos revocó la visa de ingreso a Machuca, en una medida que la funcionaria calificó como un “atentado contra la soberanía nacional y la libertad de expresión”.
En declaraciones posteriores a medios de comunicación, la auditora denunció la existencia de presiones políticas y externas, e incluso advirtió sobre lo que denominó una “corrupción estratégica” vinculada a intereses en el sector de telecomunicaciones.