Primero la prueba
— Buenos días. Hoy le entramos a tres temas pero como suele suceder todos conversan entre sí: prueba, independencia institucional y trazabilidad. Dicho de otro modo: cuando el Estado acusa, decide, nombra, rechaza, inspecciona o pretende reformar reglas sensibles, no basta con decir “créame”. Hay que probar, explicar y dejar expediente.
— Ayer les contamos que el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José absolvió a tres personas acusadas de resistencia agravada por hechos ocurridos en setiembre de 2023, durante una protesta frente a la Asamblea Legislativa contra la brutalidad policial. El caso terminó casi tres años después con absolutoria para Ana Carolina Marín Durán, Mar Fournier Pereira y Valeri Salas Solís, pero con un detalle nada menor: el tribunal ordenó testimoniar piezas para que se investigue si la denuncia presentada contra Fournier y Salas pudo constituir una denuncia calumniosa.
— ¿Por qué? Porque la acusación sostenía que las tres habían agredido a una oficial de Fuerza Pública durante un tumulto, pero el análisis de videos y fotografías incorporados al debate mostró una dinámica distinta. En el caso de Valeri Salas, la jueza incluso señaló que “nunca debió estar sujeta a este proceso penal”. En el de Mar Fournier, concluyó que era materialmente imposible que hubiera pateado a la oficial porque las imágenes mostraban que ella estaba en el suelo y que la propia oficial cayó encima suyo. Respecto a Ana Carolina Marín, la absolutoria fue por duda, pues los videos la ubicaban en el altercado, pero no permitían determinar con certeza qué hizo ni con qué intención.
— El punto de fondo es bastante serio: el tribunal reprochó que, pese a que desde el parte policial se mencionaba la existencia de videos, el Ministerio Público no los recabó antes de acusar. Si esos registros se hubieran revisado a tiempo, dijo la sentencia, al menos parte de la imputación no habría llegado hasta juicio. Y ahí está la lección institucional del día: cuando hablamos de protesta social, actuación policial y persecución penal, la prueba no puede entrar a la fuerza por la puerta de atrás tres años después. Tiene que estar sólida desde el inicio, porque una acusación débil no solo consume recursos públicos: también puede arrastrar durante años la vida de personas que nunca debieron sentarse en el banquillo de los acusados.
— Y hablando de prueba, control judicial e independencia, ayer también se movieron un par de piezas alrededor del Poder Judicial. La Asociación Costarricense de la Judicatura rechazó el proyecto de la diputada Marta Esquivel para trasladar a la Asamblea Legislativa el nombramiento del fiscal general de la República, potestad que hoy ejerce la Corte Suprema de Justicia. La organización advirtió que la iniciativa, lejos de fortalecer al Ministerio Público, podría debilitar su independencia al llevar una decisión de carácter técnico a un escenario político.
— La crítica no es menor. El expediente no solo propone que el fiscal general sea nombrado por dos terceras partes de los diputados presentes; también permitiría a la Asamblea removerlo, evaluarlo anualmente y pedirle informes sobre investigaciones vinculadas con corrupción. En papel eso puede sonar a “control democrático”. En la práctica, advierten los jueces, puede convertirse en una vía para que mayorías políticas condicionen la persecución penal. Y si algo no conviene en una democracia que ya anda con los fusibles calientes es una Fiscalía General mirando de reojo el ánimo del Plenario cada vez que deba tocar intereses poderosos...
— En paralelo, organizaciones de mujeres y representantes de sociedad civil presentaron un manifiesto en defensa del Poder Judicial y contra los recortes presupuestarios propuestos para la institución. Su advertencia aterriza el debate en servicios concretos: juzgados de violencia doméstica, fiscalías de género, oficinas de atención a víctimas, investigación de delitos y acceso efectivo a la justicia para mujeres en contextos de violencia.
— Ese es el punto que es importante no perder de vista. Defender la independencia judicial no implica negar los errores, lentitudes, privilegios o deudas del Poder Judicial. Existen y no sé cuántas veces tengo que decirlo para que se relajen quienes parecieran tener problemas con reconocer y recordar que este medio los cuestionó, enlistó y criticó desde muuucho antes del 2022. Lo que sí implica es entender que la respuesta a esos problemas no puede ser debilitar su presupuesto, someter sus nombramientos clave a cálculo partidario o alimentar la idea de que toda institución que incomoda al poder político está actuando contra “el pueblo”. Una justicia imperfecta se corrige con más control, más transparencia y mejores reglas. No con menos independencia.
— Cerramos con una revelación de CRHoy que merece seguimiento porque caramba, tiene cola. El medio publicó que un borrador elaborado durante la administración de Rodrigo Chaves proponía crear la figura de “asesores de cumplimiento laboral”: personas físicas o jurídicas privadas, acreditadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), que podrían revisar si empresas e instituciones cumplen la normativa laboral y cuyos informes servirían como base para eventuales certificaciones oficiales.
— La propuesta nunca llegó a la Asamblea Legislativa pero fue discutida recientemente en el Consejo Superior de Trabajo, donde recibió cuestionamientos de sindicatos, del sector empresarial y ... ojo ahí: jerarcas del propio Gobierno. El representante sindical Olman Chinchilla alegó que detrás del esquema podía haber un negocio para particulares; Jorge Luis Araya, de Uccaep, dijo que al sector empresarial le generaba “estrés” no saber quién pagaría el sistema ni si quien pagara tendría una posición de privilegio; y el entonces ministro de Trabajo, Roy Thompson, sostuvo que, con esa redacción, el borrador chocaba con el principio de legalidad porque podía trasladar a privados competencias que la ley asigna al Ministerio.
— Pero la frase que encendió todas las alarmas fue de la ministra de Economía, Industria y Comercio, María del Milagro Solórzano, quien pidió que el texto quedara “en la basura donde debe estar” porque entendía que tenía un “propósito escondido”. Diay: echate una frase. Si una jerarca de Gobierno sostiene, en un órgano tripartito, que un borrador heredado de la administración anterior escondía un propósito, corresponde explicar cuál era ese propósito, quiénes podían beneficiarse y por qué el documento llegó a discutirse en semejantes términos.
— Dato no menor que hay que abordar: algunos de ustedes están juntando fechas y preguntándose por posibles coincidencias pero hay que subrayar que por ahora no consta que este episodio explique la súbita salida de Roy Thompson del MTSS, ocurrida pocos días después de sus afirmaciones en esa sesión.
— Estamos claros: Thompson cuestionó jurídicamente el borrador, coincidió en que la inspección laboral es una función propia del Estado y luego... dejó el cargo de golpe una semana después. Puede ser casualidad, puede haber otras razones o puede haber algo más. Precisamente por eso convendría que el Gobierno explique, no que deje el tema flotando. Pero bueno, ya estamos más que acostumbrados al “razones personales”.
— En el fondo, la discusión no es si la inspección laboral debe modernizarse. Claro que debe modernizarse. Tampoco es si el Ministerio puede apoyarse en herramientas técnicas, certificaciones o mejores mecanismos de prevención. La pregunta es otra: ¿puede un servicio esencial de fiscalización estatal abrir la puerta a verificadores privados pagados por el propio mercado que deben fiscalizar? Ahí el riesgo de conflicto de interés es evidente, y por eso sorprende poco que la idea incomodara al sindicalismo, al empresariado y al propio Gobierno actual.
— Digo, ¿toda esta gente realmente de acuerdo en algo? ¡Quién pudiera trasladar ese ímpetu a la junta directiva de la Caja!
— Ennnntonces: si el borrador era apenas una mala idea, que se archive y punto. Pero si detrás había, como dijo una ministra, un “propósito escondido”, entonces el país merece saber de qué estamos hablando. Porque una cosa es modernizar la inspección laboral y otra muy distinta es convertir el cumplimiento de derechos laborales en un nicho de negocio para terceros con sello público.
— De nuevo: primero la prueba. Para acusar manifestantes, para reformar la elección del fiscal general, para recortar presupuestos sensibles, para desacreditar instituciones o para justificar borradores que abrirían portillos a privados en funciones estatales. La democracia (¡el país!) no se sostiene con intuiciones, ocurrencias ni frases filosas. Se sostiene con evidencia, reglas claras y autoridades obligadas a explicar lo que hacen, especialmente cuando lo que hacen toca derechos, controles o instituciones que nos pertenecen a todos...
Bonus track: Contraloría rechaza apelaciones y despeja el camino para la modernización de Puerto Caldera.
Hidden track: Empresa abre 100 vacantes en puestos de servicio al cliente bilingüe en Belén.
Reporte Internacional
Trump tensa la cumbre de la OTAN con ataques a sus aliados
La cumbre de la OTAN celebrada en Ankara cerró con una imagen de unidad formal, pero también con nuevas señales de tensión entre Estados Unidos y varios de sus aliados europeos por el papel del presidente Donald Trump, quien alternó críticas públicas, amenazas comerciales y gestos de respaldo a la Alianza Atlántica. Mientras tanto, Francia aprobó una polémica propuesta de ley que establece una presunción de uso legítimo de armas de fuego para policías y gendarmes, una medida que sus impulsores presentan como una protección para agentes expuestos a situaciones de riesgo, pero que la izquierda y organizaciones de derechos humanos cuestionan por considerar que puede favorecer la impunidad. Por último, Ecuador aprobó una reforma a la Ley de Extradición que busca acortar los plazos para entregar a personas requeridas por la justicia de otros países.
Los detalles en el Reporte Internacional.
La Jornada
Nadadora tica Micaela Mazzari rompe récord nacional absoluto en Colombia
La nadadora costarricense Micaela Nyree Mazzari Torres, de 18 años, impuso un nuevo récord nacional absoluto en los 100 metros pecho durante el Panam Aquatics Championships Ibagué 2026. Además, la piloto nacional Sofía Calderón completó un fin de semana de dos victorias en el SKAPA Summer Series de Kartismo, disputado en el Autódromo Internacional de Panamá, mientras la costarricense Galilea Álvarez representará al país en la Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica, que se realizará del 10 al 12 de julio en Milán, Italia.
Los detalles en La Jornada.
Botonetas
— Concierto: La Embajada de Francia, la Alianza Francesa y el Teatro Nacional presentarán al pianista y director francés David Greilsammer, quien ofrecerá el concierto Bailarinas Imaginarias el próximo lunes 13 de julio, a las 7:00 p. m., como parte de las actividades previas a la celebración del Día Nacional de Francia.
— Música: El dúo musical costarricense Guápil, conformado por las hermanas Amanda y Ximena Obregón, estrena dos nuevos sencillos y se prepara para una gira en la Zona Sur.
— San José: El Centro Cívico por la Paz de San José realizará una programación especial de actividades culturales y recreativas gratuitas del 11 al 17 de julio, con el objetivo de ofrecer espacios de convivencia y entretenimiento durante las vacaciones de medio año.
— Conservación: Tras el incendio forestal registrado recientemente en el Parque Nacional Palo Verde, la organización SalveMonos lanzó una campaña para recaudar fondos destinados a la protección de la fauna silvestre mediante la venta del libro Réquiem por la familia Congo, de la escritora Ani Brenes.
— Concierto: La artista y productora cultural Maf É Tulà presentará una nueva edición de Selva en la Sala, un espectáculo que transforma una vivienda en un escenario inmersivo donde convergen la música, la naturaleza y el arte visual. El concierto se realizará este viernes 10 de julio, a las 7:30 p. m., en Santa Ana.