Colectivos solicitaron garantizar los recursos del Poder Judicial y advirtieron sobre el impacto que tendrían los recortes en el acceso a la justicia para las mujeres.
Diversas organizaciones de mujeres y representantes de la sociedad civil suscribieron un manifiesto en defensa del Poder Judicial, la independencia de los poderes de la República y el acceso a la justicia, al advertir sobre las consecuencias que, a su criterio, tendrían los recortes presupuestarios propuestos para la institución.
El pronunciamiento fue presentado en el marco del diálogo de mujeres de la sociedad civil con el Poder Judicial denominado Acceso a la justicia de las mujeres, realizado en el Salón Multiuso de la Corte Suprema de Justicia.
En el documento, las organizaciones sostienen que las acciones impulsadas desde el Poder Ejecutivo representan una amenaza para la administración de justicia:
Denunciamos las acciones que, desde el Poder Ejecutivo, instrumentalizando a su vez el Poder Legislativo, amenazan el servicio de acceso a la justicia que brinda el Poder Judicial, con recortes presupuestarios que, de aprobarse, implicarían un cierre técnico de las operaciones de algunas dependencias judiciales y, en general, un debilitamiento de la administración de justicia. Vivimos momentos críticos que amenazan nuestra libertad de expresión, nuestro derecho a disentir, el derecho a una vida libre de violencia, y el derecho a la vida misma de las mujeres".
Las firmantes también manifestaron su preocupación por el contexto de violencia contra las mujeres y señalaron que un debilitamiento de las instituciones podría afectar la protección de sus derechos. Asimismo, cuestionaron la reestructuración del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), al considerar que impactaría la atención de casos de violencia de género.
Entre las principales demandas planteadas en el manifiesto, solicitan al Poder Ejecutivo incorporar los recursos necesarios para el funcionamiento operativo del Poder Judicial y garantizar el financiamiento de las dependencias encargadas de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres.
Además, piden a la Corte Plena y al Consejo Superior evitar reducciones en la inversión destinada a juzgados especializados en violencia doméstica, fiscalías de género y oficinas de atención a víctimas. También instan al Ministerio Público a fortalecer los servicios en zonas donde no existan fiscalías especializadas y a reforzar la policía con enfoque de género.
El documento solicita, además, que las instituciones del Estado garanticen la protección de todas las mujeres en su amplia diversidad.
Las organizaciones también pidieron al Poder Ejecutivo abstenerse de utilizar la comunicación institucional para desacreditar al Poder Judicial u otras instituciones públicas, al considerar que el debate debe sustentarse en criterios técnicos, jurídicos y en el respeto al diálogo democrático.
El manifiesto concluye con un llamado a organizaciones sociales, universidades, sindicatos y población en general a mantenerse vigilantes en defensa del Poder Judicial y de los derechos de las mujeres. En el texto afirman:
No aceptamos que se debiliten las instituciones que, aunque imperfectas, siguen siendo indispensables para proteger la vida, la dignidad y la libertad de las mujeres y por ende de toda la sociedad. Hoy alzamos la voz para afirmar que defender el Poder Judicial es defender el derecho de las mujeres a vivir sin violencia, a denunciar sin miedo y a encontrar justicia".
El pronunciamiento fue firmado el 7 de julio de 2026 por representantes de varias organizaciones.