Sala I dejó en firme condena contra la UCR que la obliga a indemnizar a siete estudiantes de la carrera de Marina Civil.
La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de casación presentado por la Universidad de Costa Rica (UCR) en contra de la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda que la había condenado a indemnizar a siete estudiantes de Marina Civil por ofrecerles cursar la carrera sin que tuvieran la posibilidad de graduarse, con lo cual la sentencia en contra de la casa de estudios quedó en firme.
La UCR fue demandada en 2019 por el grupo de estudiantes de la carrera de Marina Civil en la Sede del Caribe. Los estudiantes reclamaban que habían finalizado la carrera, pero no tenían la posibilidad de graduarse con la titulación ofrecida. La demanda fue presentada por siete estudiantes, de apellidos Peterkin Bennet, Sánchez Pichardo, Cruz Reyes, Herrera Badilla, Cubillo Mena, Marchena Morales y Ramón Manzanares, quienes obtuvieron una sentencia a favor en febrero de 2024 cuando se condenó a la UCR a indemnizarlos.
Según consta en la sentencia 000913-F-S1-2026, la Sala I no solo rechazó apelación de la UCR, sino que dio la razón al recurso presentado por la representación legal de los estudiantes, que reclamó que el Tribunal ordenó a la UCR a pagar como parte de la indemnización 24 meses de salario a dos de los demandantes, y a otros cinco de ellos solo les reconoció 12 meses de salario por el chance frustrado. Sin embargo, la Sala I determinó que "el daño por chance frustrado debe reconocerse desde la fecha en que razonablemente cada uno de los estudiantes debió estar graduado, hasta el dictado de la sentencia, monto que se estimará en ejecución de sentencia".
Según explicó el abogado del grupo de estudiantes, Carlos Lanzas Quesadas, esto significa que el período indemnizable por la oportunidad perdida deja de medirse en uno o dos años de salario y pasa a contarse en aproximadamente seis o siete años por cada estudiante. Adicionalmente, se debe sumar una suma de ₡10.000.000 a favor de cada uno de los demandantes por concepto de daño moral, y un monto adicional por daño material. Lanzas señaló:
El Tribunal reconoció el daño; la Sala Primera lo agrandó: ordenó que la oportunidad perdida —el chance frustrado— se pague desde la fecha en que cada uno debió graduarse hasta el dictado de la sentencia. En dólares. Con intereses. Una condena que, sumada al daño moral y material, superará el millón de dólares. La cifra exacta la fijará la ejecución de sentencia. El mensaje ya lo fijó la justicia".
Según señala la sentencia, la UCR promocionó entre 2011 y 2012 la carrera de Marina Civil, ofreciendo una doble titulación con la Universidad de Cádiz, en España, a pesar de que, para ese momento, dicho convenio no había sido firmado. Adicionalmente, el país no se había adherido al convenio STWC (Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar), requisito internacional para la formación de personal que labora en buques de navegación marítima. La sentencia añade:
A pesar de que nuestro país no contaba con la normativa internacional para titular profesionales navales, las autoridades de la UCR optaron por decretar la apertura de la carrera. Al parecer, ante la ausencia de adscripción a los instrumentos internacionales, las autoridades de la Universidad de Costa Rica consideraron que el Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de Cádiz y la Universidad de Costa Rica podía ser base suficiente para ofertar y aperturar la carrera de Licenciatura en Marina Civil en la Sede Caribe".
Los siete estudiantes finalizaron todos los cursos de la malla curricular, sin embargo, nunca pudieron realizar la práctica profesional y el proyecto final de graduación, para lograr la doble titulación prometida. En 2019 la UCR les ofreció trasladarse de carrera, sin embargo, esto no fue aceptable por lo que procedieron a presentar la demanda contra la casa de estudios.
Lanzas señaló:
Durante años, la institución más poderosa de la educación costarricense abrió una carrera que no podía sostener. Prometió una doble titulación con la Universidad de Cádiz, España amparada en un convenio que —y esto no lo digo yo, lo tuvo por probado el Tribunal— no existía. No pidió el aval del Conare. No hizo estudios de factibilidad. Le vendió un futuro en alta mar a jóvenes que terminaron varados en tierra: con todos los cursos aprobados y ni un solo título en la mano".
Este caso fue tramitado bajo el expediente 19-001981-1027-CA-8.
¿Qué fue lo que pasó con Marina Civil en la sede del Caribe de la UCR?
La carrera se abrió 2012, pero no contaba con materiales bibliográficos, equipos, profesores o la aprobación de Consejo Nacional de Rectores (Conare). Para el 2019, la UCR anunció el cierre, cuando habían cerca de 138 estudiantes activos, quienes quedaron a la deriva.
Marina Civil tiene la particularidad de que no se ejerce en suelo de una nación. Esta carrera prepara a cadetes para su trabajo en el mar, es decir, en aguas internacionales, por lo que sus egresados deben estar acreditados internacionalmente para poder trabajar o hacer las prácticas profesionales.
La UCR, no obstante, no contaba con ese aval. Las clases arrancaron sin convenios firmados y sin trámites tan básicos como que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) fuese reconocido por la Organización Marítima Mundial, por ser la entidad regidora de las actividades marítimas y portuarias de país, hacia aquellas instituciones educativas que pretendan formar a la gente de mar.
La falta en esa homologación es que la que puso a los estudiantes en el limbo y a la universidad a las puertas de la Asamblea Legislativa, del Tribunal Contencioso Administrativo y también de la Fiscalía General de la República.
La situación llevó a un grupo de estudiantes de la carrera a demandar a la UCR en 2019 por cursar la carrera sin la posibilidad de graduarse. Estos solicitaron al Contencioso Administrativo una indemnización por daños morales subjetivos. Además de pedir que la universidad cumpla con los requerimientos para que puedan obtener su título.
En este periodo de tiempo la institución académica llegó a acuerdos de conciliación con algunas de las personas afectadas y que no tomaron acciones legales contra la casa de estudios. Un ejemplo fue que en enero de 2020 se dio a conocer la retribución económica con 34 estudiantes.
Como respuesta a las demandas estudiantiles de los últimos años, la UCR invirtió en la carrera más de $3 millones y cuenta con una destacada biblioteca náutica y simuladores de alta calidad.
En noviembre de 2023 la UCR abrió nuevamente la matrícula para la licenciatura en Marina Civil en la Sede del Caribe. En ese momento el director del centro regional, Walter Anderson Rivera, indicó que la Licenciatura en Marina Civil logró obtener en este 2023 la homologación quinquenal por parte del MOPT y también consolidó el sistema de calidad.
Además, Anderson destacó que el centro de estudios constituyó una comisión técnica, la cual realizó gestiones para que los estudiantes activos puedan continuar con su plan de estudios.