El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes, por mayoría, enviar al Ministerio Público un informe de investigación sobre la carrera Marina Civil de la Universidad de Costa Rica, cuyo fracaso mantiene en la incertidumbre a 122 estudiantes y acumula gastos de recursos públicos por más de 3 millones de dólares.

El envío tiene como fin que la Fiscalía investigue a las autoridades de la Universidad de Costa Rica por los delitos de incumplimiento de deberes y nombramientos ilegales, tipificados en los artículos 339 y 344 del Código Penal y sancionados con inhabilitación de uno a cuatro años y pena de 30 a 90 días multa, respectivamente.

La investigación legislativa se aprobó en marzo del 2019 y concluyó en julio con un informe unánime que determinó que la carrera Marina Civil se creó sin poder garantizar a los estudiantes que pudieran completar su programa de estudios, obtener una “tarjeta de embarque” necesaria para realizar su práctica profesional, graduarse ni ejercer su vida profesional.

"La falta de garantías mencionadas generó falsas expectativas en las y los estudiantes y sus familias, quienes hicieron un enorme esfuerzo personal, familiar y una significativa inversión de dinero y tiempo. La incapacidad de concluir la carrera, hacer la práctica y ejercer la profesión, implica que se ha dado una erogación de dineros públicos sin haber alcanzado su objetivo", rezan las conclusiones del informe.

Los diputados denunciaron de forma específica el posible delito de nombramiento ilegal ya que Marlen León, vicerrectora de Docencia autorizó el nombramiento del profesor Jorge Fallas Quesada en un puesto interino, sin que contara con el título que le acreditara para impartir el curso de Navegación II y prescindió de otros profesores que sí contaban con experiencia para el cargo.

Asimismo el curso de Meteorología 1 fue impartido por los profesores Arturo Trejos Cob y a Matías Chávez Herrera sin que ninguno de ellos contara con la formación académica requerida para impartir dicha asignatura; y se reveló que Chávez no brindó una sola clase.

Por otro lado, el exdirector de la carrera en la Sede Caribe, José María Silos Rodríguez, reconoció haber laborado a dos tiempos completos, situación que no es permitida ni por la Universidad de Costa Rica ni por el Código de Trabajo.

El informe fue acogido por 41 diputados y solo el independiente Erick Rodríguez Steller votó en contra.

¿Qué ocurrió?

En octubre de 2011 la sede Caribe de la Universidad de Costa Rica empezó a ofrecer la Licenciatura en Marina Civil sin la aprobación oficial de parte de la asamblea de la Sede, sin la aprobación del Consejo Nacional de Rectores, sin estudios de viabilidad o factibilidad con empresas relacionadas ni con el Estado; sin ningún material bibliográfico, sin profesores y con convenios necesarios que no habían sido aprobados, como el Convenio de Formación y Titulación de Gente de Mar (STCW).

En diciembre de ese año la carrera se creó de manera oficial y tuvo lugar una primera reunión entre el coordinador de la carrera, el capitán José María Silos y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, para que el convenio STCW fuera aprobado por la Asamblea Legislativa.

Inicialmente la Universidad abrió cupo para 40 estudiantes. Una de ellas fue Gabriela Santos, quien se mudó de Sarchí a Limón para llevar la carrera; y Elvia Sánchez, quien se mudó de Liberia a Limón para estudiar.

La investigación arrojó que entre las expectativas creadas a estudiantes, sus familias y a la sociedad destaca que se posicionó la carrera como una Ingeniería, la cual contaba con doble titulación en la Universidad de Costa Rica y la Universidad de Cádiz, sin que ninguna de estas dos condiciones se pudiera materializar a la fecha.

Igualmente se construyó el imaginario de una opción de futuro excepcional, particularmente sensible en una región del país deprimida en materia económica y social, donde las opciones laborales son reducidas, así como una propuesta de especialización sin invertir en el profesorado técnico para eso.

En marzo de 2012 cuando se recibió la primera generación la Facultad de Ingeniería de la UCR se quejó de la forma en que la carrera fue creada y las deficiencias del plan de estudios, ya que a su juicio no correspondían a una ingeniería. Por ello en abril de ese año se aumentaron los ciclos lectivos, se ordenaron y reforzaron los cursos de servicio, se reforzó la formación en matemáticas y se adjudicaron nuevos códigos y créditos a la totalidad del Plan de Estudios.

No fue sino hasta abril de 2014 que la rectoría de la UCR, encabezada por Henning Jensen, remitió al Conare la solicitud de creación de la Licenciatura en Marina Civil: Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo. El Consejo ordenó realizar un estudio al respecto y emitió dictamen autorizando la carrera en julio del 2014.

Ante la comisión que analizó el caso, el rector Henning Jensen reconoció que

Se ofreció a una población vulnerable, una posibilidad de futuro y luego se frustraron o decepcionaron esas expectativas

Acuerdos de los diputados

El Plenario acordó pedir a la Universidad de Costa Rica realizar los esfuerzos necesarios para que la carrera reciba la certificación que es necesaria para que los estudiantes puedan realizar su práctica profesional, concluir su programa de estudios y graduarse. Asimismo se solicitó valorar una indemnización por daños morales, psicológicos y patrimoniales causados por la imposibilidad de graduarse y ejercer su profesión.

Asimismo se pide la apertura de una investigación interna y la activación de los procedimientos disciplinarios respectivos, así como instar a la Auditoría Interna y a la Contraloría Universitaria para que se analicen las posibles consecuencias legales a nivel institucional.

Finalmente se traslada el informe al Ministerio Público para la investigación de los posibles delitos de incumplimiento de deberes y nombramientos ilegales; y a la Procuraduría de la Ética Pública a fin de que se determine si existe responsabilidad penal o faltas al deber de probidad por parte de las autoridades de la Universidad de Costa Rica.

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