Margaret Satterthwaite señaló que la independencia judicial requiere recursos suficientes y alertó que el desfinanciamiento puede debilitar el acceso a la justicia y el Estado de derecho.
La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, expresó preocupación por los recortes presupuestarios aplicados al Poder Judicial de Costa Rica y sus posibles consecuencias para la administración de justicia.
Mediante una publicación en su cuenta oficial en X, Satterthwaite advirtió:
Los recortes presupuestarios que afectarán al Poder Judicial podrían comprometer el funcionamiento de la administración de justicia.
La relatora señaló que la reducción de recursos podría afectar investigaciones, juicios y otros servicios esenciales durante 2026 y los años siguientes. También recordó que la independencia judicial no depende únicamente de garantías legales e institucionales, sino de que los tribunales dispongan de los recursos necesarios para cumplir efectivamente sus funciones.
A su criterio, el desfinanciamiento de la justicia puede terminar debilitando tanto el acceso de la ciudadanía a los servicios judiciales como el Estado de derecho.
Recortes y retenciones durante 2026
El pasado 24 de junio, el ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves Robles, anunció un recorte equivalente al 5% del presupuesto de las instituciones públicas para lo que resta de 2026. En el caso del Poder Judicial, el Gobierno estimó inicialmente una reducción cercana a los ₡27.000 millones.
Cinco días después, la Corte Plena acordó ceder ₡13.242 millones y sostuvo que ese era el mayor ajuste que podía asumir sin comprometer directamente la continuidad de los servicios esenciales. De ese monto, ₡8.687 millones correspondían a recursos aprobados anteriormente para fortalecer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público mediante nuevas plazas, dos subdelegaciones en La Cruz y Cabo Velas y una oficina policial en Puerto Jiménez.
La Corte también rechazó una solicitud de Hacienda para reducir en ₡26.549 millones su anteproyecto de presupuesto para 2027, debido al impacto que tendría en el combate contra el crimen organizado, la atención de víctimas, el acceso a la justicia y los programas para disminuir el rezago judicial.
Posteriormente, el Ministerio de Hacienda comunicó una retención adicional de aproximadamente ₡3.053 millones sobre las partidas operativas del tercer y cuarto trimestre de 2026. Según informó el Poder Judicial, la medida fue aplicada pese a que el presupuesto extraordinario anunciado para formalizar los recortes todavía no había sido aprobado.
Con esa retención, Hacienda dejará de girar un total de ₡16.273 millones del presupuesto judicial correspondiente a este año. Las autoridades judiciales advirtieron que la reducción afectará el traslado de agentes para operativos, allanamientos e investigaciones de campo; la adquisición de tecnología para el análisis criminal; la contratación de peritajes, traducciones e intérpretes; el mantenimiento de vehículos y equipos; la protección de víctimas y testigos; y la atención de poblaciones vulnerables.
También señalaron riesgos de suspensión o reprogramación de juicios, audiencias y otras diligencias judiciales por falta de recursos operativos.
Relatoría ya había advertido sobre Costa Rica
Satterthwaite fue nombrada en 2022 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Las relatorías especiales están integradas por personas expertas independientes que no forman parte del personal de Naciones Unidas y ejercen sus funciones a título personal. No es la primera vez que la relatora se pronuncia sobre Costa Rica. En diciembre de 2024 remitió al Gobierno una comunicación formal sobre presuntas interferencias con la independencia del Poder Judicial.
En aquel documento señaló que el financiamiento y los recursos adecuados forman parte de las condiciones necesarias para garantizar la independencia judicial. También recogió preocupaciones sobre las limitaciones presupuestarias que dificultaban la implementación de legislación relacionada con crimen organizado y restringían inversiones en tecnología, infraestructura y seguridad operativa.